18 de octubre 2018
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A seis meses de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desató una brutal represión que ha dejado más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, las madres de los asesinados continúan demandando justicia. El peregrinaje de las “Madres de Abril” —la asociación que reúne familias de víctimas de Managua, Ticuantepe, Ciudad Sandino, León, Sutiaba, Masaya, Monimbó, Diriamba y otros municipios y territorios del país— en las instituciones encargadas de impartir justicia se ha estrellado con la falta de voluntad política para esclarecer los crímenes. Ni un solo paramilitar o policía ha sido procesado; en cambio, la cacería de líderes sociales sigue colmando las cárceles con más de 400 presos políticos, y obligando a miles a autoexiliarse.
Liseth Dávila, vicepresidenta de la asociación, sigue esperando que el Ministerio Público inicie las investigaciones sobre el asesinato de su hijo, uno de los símbolos de la rebelión cívica: Álvaro Conrado, de 15 años de edad, blanqueado por un francotirador el 20 de abril, cuando apoyaba las protestas estudiantiles. “La Fiscalía me dijo que lleve las pruebas”, relata Dávila con indignación en el programa Esta Semana.
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Francis Valdivia Machado, presidenta de la asociación “Madres de Abril”, agrega que en seis meses el Ministerio Público no le ha dado información alguna sobre sus denuncias. “Los expedientes están archivados”, denunció Valdivia Machado. El peregrinaje de esta abogada en busca de justicia ha sido uno de los más traumáticos: su hermano, Franco Valdivia (asesinado el 20 de abril en Estelí) fue exhumado por la Fiscalía trece días después de que fue enterrado. Pese a ese trámite tardío, ni el Ministerio Público departamental de Estelí ni el central han avanzado en las investigaciones. Las pruebas del caso apuntan a que el universitario fue asesinado por un francotirador situado en la Alcaldía de esa ciudad norteña.
Josefa Meza, madre de Jonathan Morazán —quien falleció en el hospital después de ser herido de muerte durante la marcha pacífica del 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses—, asegura que “ha agotado todas las instancias”, y que la Fiscalía le ha pedido “que presente testigos” de lo contrario no iniciarán proceso alguno.
Mientras, Susana López ni siquiera se ha acercado a la Fiscalía a interponer una denuncia, ya que no confía en esa institución. López es la madre de Gerald Vásquez, uno de los dos jóvenes asesinados el 14 de julio por paramilitares, durante el ataque contra la iglesia de la Divina Misericordia, después del brutal desalojo de los estudiantes atrincherados en la Unan – Managua.
Susana López al frente del entierro de su hijo Gerald Vásquez, asesinado por paramilitares. Carlos Herrera | Confidencial
Las integrantes de la asociación “Madres de Abril” coinciden en el reclamo por la falta de justicia. Un muro de indolencia que propicia impunidad levantado por una Fiscalía obediente al dictado de Ortega y Murillo, que en vez de esclarecer los crímenes, se dedica a acusar por terrorismo, crimen organizado y otros delitos a los participantes de las protestas cívicas.
La presidenta de las “Madres de Abril” señala que el único caso judicializado (y en el que ya fueron condenados los jóvenes costeños Brandon Lovo y Glen Slate) es el del periodista Ángel Gahona. Sin embargo, los familiares del reportero no participaron en ninguna de las audiencias de juicio al considerar que los señalados como responsables de crimen son inocentes.
“El Estado no quiere contribuir a buscar justicia verdadera. Todos sabemos de dónde viene la represión, y no les conviene (esclarecer los crímenes)… en mi caso, me dijeron que donde cayó Alvarito no había vecinos y, por eso, no podían investigar ni hay quien diera información”, relata Dávila. Álvaro Conrado fue herido en los terrenos baldíos de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) frente a decenas de jóvenes que le prestaron asistencia inmediata. “Quiero justicia verdadera, saber quién asesinó a mi hijo y que pague”, reclama la madre.
Álvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante del Colegio Loyola, asesinado a los 15 años de edad. | Confidencial
Rechazan informes de la “Comisión Porras”
Las Madres de Abril rechazan los informes de la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno Ortega—Murillo, llamada la “Comisión Porras”, por estar hecha a la medida de los intereses del régimen y juramentada por el operador de Murillo y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
Las madres aseguran que la Comisión Porras ha modificado las circunstancias e incluso los lugares de los asesinatos de sus hijos con una intención, según ellas, de difuminar el rastro de los responsables.
Por ejemplo, la “Comisión Porras” asegura que Orlando Pérez Corrales murió el cuatro de julio en un tranque. Sin embargo, hay documentación abundante de que Pérez Corrales fue asesinado el 20 de abril, igual que Franco Valdivia, en el parque central de Estelí.
“Cambiar las fechas de los asesinatos es un despropósito, y está encaminado a no dar con los responsables… Rechazamos esos informes”, sostiene Machado Valdivia.
Las “Madres de Abril” critican, además, que el régimen Ortega—Murillo asegure que son 198 muertos, en su mayoría oficiales y simpatizantes oficialistas, dejando al margen a sus hijos. El Gobierno asegura que de los 198 muertos, al menos 22 son policías y a la fecha no ha mostrado una lista con los nombres y datos de su registro.
“Le he dado seguimiento a las noticias de ellos (Gobierno) y hablan de 198 muertos, y que la mayoría son de ellos. No hay dos Nicaraguas. Él (Ortega) nos ha dividido y son 500 muertos, y todos tenemos derecho a la verdad, a pedir justicia de verdad”, opina la madre de Gerald Vásquez.
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Las “Madres de Abril” aseguran que por ahora no han tenido contacto con familiares de los policías muertos durante estos meses. Sin embargo, sostienen que están atentas a “escuchar” y a tratar de averiguar quiénes asesinaron los oficiales. Su reclamo de justicia es por todos.
Demandan justicia sin impunidad
Josefa Meza demanda “justicia sin impunidad” para su hijo Jonathan. Sabe que lograr esa demanda será difícil bajo el Gobierno de Ortega y Murillo. No obstante, promete que seguirá “luchando por la justicia verdadera” para lograr dar con los asesinos materiales e intelectuales. “Los paramilitares han actuado junto a la Policía, que en vez de defender a la población, lo que ha hecho es oprimirla”, critica Meza.
Elizeth Cruz, tía de Michael Cruz (un joven estudiante universitario que estaba cursando una especialización, y fue asesinado el 20 de abril durante las protestas cerca de la Universidad Politécnica de Nicaragua) demanda al Gobierno colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rosa Cruz Sánchez, madre de Michael Cruz, estudiante de postgrado de la Upoli. Carlos Herrera | Confidencial
Tanto el GIEI como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) han informado que el Gobierno de Ortega no brinda la información necesaria para realizar las labores estipuladas por sus mandatos. Al menos el GIEI, investiga los crímenes ocurridos del 19 de abril al 30 de mayo, entre los que se encuentran varios de los hijos de las “Madres de Abril”.
“No podemos abrazar la paz sino tenemos justicia. Queremos justicia sin impunidad. Que el Estado reconozca la represión que causó, las autoritarias reformas al seguro social para así exigir y lograr verdadera reparación y no repetición”, reitera la presidenta de las “Madres de Abril”.
La madre de Gerald Vásquez, frente a este panorama cuesta arriba para la búsqueda de justicia, asegura no perder del todo las esperanzas. López aboga por el adelanto de elecciones. “Si en 1990 pudo (Ortega) adelantar las elecciones, ¿por qué ahora no? No puede seguir en el poder dañando al pueblo. Queremos que se acabe todo esto. Que se retome el Diálogo para que Nicaragua siga adelante”, demanda.
López y Arelis Guevara (hermana de Edgard Guevara, estudiante de la Universidad de Managua, asesinado el 30 de mayo por paramilitares) coinciden en que su reclamo de justicia les ha costado presiones y persecuciones por parte del Gobierno.
Según estas madres, les han ofrecido dinero, casas y otras prebendas para que cesen su reclamo. Sin embargo, siguen empeñadas en su reclamo de “justicia verdadera y sin impunidad”.
