23 de septiembre 2018
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El presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, no dejará el poder antes de 2022, a como se lo exigen cientos de miles de nicaragüenses que desde hace cinco meses se manifiestan de manera cívica en todo el país. No importa el costo, “incluso si esto significa crear un atolladero al estilo de Venezuela” en Nicaragua, el FSLN no adelantará las elecciones presidenciales, previstas para noviembre de 2021, según un pronóstico de The Economist Intelligence Unit (EIU), que afirma que “las protestas marcan el episodio más serio de malestar social en Nicaragua, en casi cuatro décadas”.
La publicación reseña que la ola de protestas, que comenzó en abril en respuesta al intento ya suspendido de reformar el sistema de Seguridad Social, “se ha transformado en un levantamiento civil más general contra las reglas antidemocráticas del Gobierno” de Ortega y la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. EIU espera que la pareja presidencial haga algunas concesiones “superficiales” con respecto a la reforma electoral para poner fin a la crisis y conservar el poder hasta 2022.
EIU, que pertenece al grupo británico de The Economist, señala que “la pareja presidencial ha adoptado un enfoque (de Gobierno) cada vez más autoritario”. “El control del señor Ortega estará determinado por el papel de las fuerzas de seguridad del país. Actualmente, Ortega ejerce una influencia significativa sobre la Policía y el Ejército, con aliados del presidente que ocupan puestos clave en ambas instituciones”.
Alianza Cívica pierde impulso
Además, el informe señala que a pesar de las presiones internas y externas “Ortega durará más que sus oponentes —la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD)—, que ya no parecen tener el impulso de su lado”.
Para EIU, las barricadas han sido “la principal fuente” de presión de la ACJD. Estas fueron “en gran parte tomada por las fuerzas progubernamentales”, según la publicación, que no menciona la cifra de muertos y la brutal represión de la Policía Nacional y los grupos paramilitares del régimen.
Sobre los fallecimientos, comenta que “a medida que se reduce el número de muertes nuevas, la atención internacional se atenuará”. Esta semana fue sepultada en Managua la víctima 324 de la masacre orteguista: Ezequiel Gamaliel Leiva García, de 26 años y estudiante del Tecnológico Nacional (Inatec).
Turismo y construcción
EIU se especializa en ofrecer análisis y pronósticos sobre países, y prevé para este 2018 una caída del -3.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua. La predicción coincide con las proyecciones de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que esta semana indicó que la economía nacional se contraerá 2.1%, en el mejor de los casos. 4%, en el peor.
“El panorama económico de Nicaragua se verá gravemente obstaculizado por la crisis política, no solo a corto plazo, sino también a mediano plazo”, según la publicación, que añade que en el supuesto de que la crisis se resuelva a fines de este año o inicios de 2019, prevé un crecimiento económico gradual hasta llegar a los 4.2% en 2022. “Sin embargo, a un promedio anual de 1.4%, el crecimiento entre 2018 y 2022 estará muy por debajo del 4.8% registrado en el período de cinco años anterior”.
“El sector del turismo será el más golpeado, ya que la inestabilidad social generada por los recientes acontecimientos casi ha puesto fin a la actividad turística”, indica. La afirmación coincide con un diagnóstico de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), que revela que Nicaragua dejará de percibir unos 400 millones de dólares, en relación a 2017.
Lea también: Turismo perderá unos 400 millones de dólares en 2018
“El daño a la infraestructura y al capital en todo el país pesará sobre el sector de la construcción, que ya estaba en declive debido a la falta de inversión privada. La actividad comercial también se verá afectada significativamente, debido a un aumento en los niveles de desempleo”, agrega.
Economistas del Funides calcularon que hasta julio pasado se habían perdido 347000 puestos de trabajo. La mayoría de desempleados (76.7% del total) laboraban en el sector comercio, turismo y construcción.
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. Carlos Herrera | Confidencial
El papel de los empresarios
Para EIU, “a medida que las condiciones económicas empeoran, Ortega buscará atraer a las facciones más moderadas de la ACJD, como el sector empresarial, que puede estar dispuesto a aceptar un mínimo de reforma electoral a cambio de restablecer la estabilidad económica del país”.
Estas suposiciones se basan, según la publicación, en que la crisis actual se resuelva a fines de 2018 o principios de 2019. No obstante, EIU reconoce que la escena política nicaragüense evoluciona rápidamente, y existen “riesgos sustanciales” de que su pronóstico no se cumpla. “En el frente interno, existe un alto riesgo de que los empresarios consideren que la salud a largo plazo de la economía depende de una verdadera democratización, lo que los llevará a permanecer comprometidos con la causa” de la ACJD.
Frente internacional
Para la publicación británica, la política exterior nicaragüense ha entrado en un período de “incertidumbre”, por la crisis sociopolítica en Venezuela, que ha provocado “un agotamiento de la asistencia financiera venezolana”. Además, las relaciones con los Estados Unidos se han “deteriorado” y esperan que “la retórica de ambas partes se mantenga caliente en el mediano plazo”.
Para la próxima semana se espera que el Senado de Estados Unidos discuta dos legislaciones que conllevarían sanciones para el Gobierno sandinista y sus funcionarios. Una de ellas es la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, y la otra es la Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocida como Nica Act. El senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, ha propuesto unir ambos proyectos legislativos en uno solo, que solo necesitaría de la aprobación en el pleno de la Cámara Alta estadounidense.
“Sostenemos que es poco probable que la actual Administración de los Estados Unidos apoye la aprobación de estas leyes, por temor a generar un vacío de poder en Nicaragua”, estima la firma británica. Sin embargo, reconoce que “la imprevisibilidad de la política exterior reciente de los EE.UU.” representa “un riesgo significativo para este pronóstico”.
¿Y el Ejército?
Pero incluso si las sanciones se aprueban, “es poco probable que sean suficientes para impulsar la salida de Ortega del poder en las elecciones anticipadas”, señala la publicación. En tal escenario, el control del presidente se cimentará en las fuerzas de seguridad del país: la Policía Nacional, que operado junto a los grupos paramilitares, y Ejército de Nicaragua, que asegura mantenerse al margen, a pesar de algunas denuncias que los vinculan.
“Hasta ahora el Ejército ha sido reacio a involucrarse en la represión de las protestas. En el caso de que empeore la crisis política, en medio de, por ejemplo, una profundización de las sanciones estadounidenses que conduzca a una crisis económica mucho más severa, existe un alto riesgo de que el señor Ortega no siga disfrutando del apoyo que ha llegado a confiar encendido de las fuerzas armadas”, resalta EIU.
Carlos Herrera | Confidencial
Reloj electoral
Sobre la perspectiva de adelantar las elecciones, la publicación pronostica que “Ortega hará concesiones a las reformas electorales”, aunque muchas de estas serían “superficiales, ya que prevén que el FSLN mantendrá el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otras instituciones clave.
Algunos de esos cambios electorales incluirían medidas previamente sugeridas por la Organización de Estados Americanos (OEA), “como proporcionar a todos los partidos políticos copias de los resultados electorales de cada centro de votación y la provisión de un mecanismo para impugnar los resultados electorales en casos de irregularidades”, considera.
No obstante, la firma británica explica que en su “escenario base”, estas medidas deberían ser suficientes para forjar una resolución a la crisis actual, lo que le permitiría a Ortega, o “a alguien que elija correr en su lugar, permanecer al frente del Gobierno durante el período de pronóstico (2018-2022)”.
