21 de septiembre 2018
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El Gobierno de Daniel Ortega impidió que el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitara los sistemas penitenciarios La Modelo, La Esperanza y la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, para conocer las condiciones en las que se encuentran los presos políticos de su régimen, que organismos de derechos humanos estiman en alrededor de 400 ciudadanos.
“El propósito de mi visita era reunirme con autoridades del Estado nicaragüense y llevar acabo visitas a las prisiones, con el propósito de conocer las situaciones que guardan las personas que han sido privadas de la libertad, por su participación en las protestas sociales de los últimos meses, (pero) no hubo respuesta por parte de las autoridades nicaragüenses”, afirmó el comisionado Joel Hernández, de la CIDH, en entrevista con el programa Esta Noche.
En mayo pasado, Hernández ya había visitado Nicaragua para conocer la situación de los presos políticos, y recordó que en esa ocasión el Gobierno dio la autorización para que la CIDH y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) pudieran entrar a los sistemas penitenciarios. Sin embargo, en mayo solo había tres personas detenidas por participar en las protestas cívicas que iniciaron el 18 de abril, en protesta por las ahora fallidas reformas al sistema de Seguridad Social, y desencadenaron una rebelión cívica ante la masacre perpetrada por el régimen que ya suma 324 muertos confirmados.
“A diferencia de mayo que tuvimos todas las facilidades, ahora no tuvimos ninguna posibilidad de poder conocer de mano directa la situación de estas personas (los presos políticos). No tenemos manera de tener una idea exacta de cuantas personas están enfrentando un proceso penal, por eso era bien importante la visita” lamentó.
Gobierno intenta ocultar cifra de presos políticos
Nicaragüenses exigen la libertad de presos políticos en una manifestación del 15 de agosto, en Managua. Carlos Herrera | Confidencial
El Gobierno reconoció este miércoles que desde el 18 de abril ha detenido a 204 personas, de las cuales siete ya están condenadas, entre ellos: los jóvenes creole Brandon Lovo y Glen Slate, acusados del asesinato del periodista Ángel Gahona, y cuatro promotores de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El resto, dijo el viceministro de Gobernación, Luis Cañas, son detenidos en proceso judicial.
Sin embargo, el asesor legal de la CPDH, Julio Montenegro, calcula que la cifra real de presos políticos fácilmente podría duplicar y hasta triplicar la admisión del Gobierno. “Nosotros podemos afirmar que andamos cerca de las 600 personas que están detenidas y de ellos tenemos conocimiento que más 300 están siendo ya procesadas”, afirmó.
Según el relator de la CIDH, aunque la cifra oficial de personas detenidas fuera cierta, eso significaría que hay 197 procesos penales en los que se deben cumplir todos los estándares y garantías judiciales para lograr un juicio justo y esto le daría una gran responsabilidad al Estado de Nicaragua. Asimismo, señaló que mientras no se realice un juicio justo para los procesados “no se les pueden dar clasificaciones a priori”, pues todos los acusados tienen derecho a presunción de inocencia.
Sin embargo, en Nicaragua, a las personas que son detenidas desde el momento en que son presentadas por la Policía Nacional se les señalada de "terroristas", "golpistas" y "asesinos", e incluso, en la mayoría casos, después de la primera audiencia en los juzgados son trasladados a los sistemas penitenciarios, aun cuando no han sido condenados.
Familiares denuncian violaciones a derechos humanos
Ante la negativa al acceso a los sistemas penitenciarios nacionales, el comisionado Hernández se reunió con los familiares de los presos políticos y estos denunciaron una serie de irregulares en los procesos judiciales y en las cárceles. Entre ellas mencionaron casos de detenidos que sufren de enfermedades crónicas, como el caso de Brenda Muñóz, quien padece cáncer de páncreas y está detenida desde el 15 de julio sin acceso a medicamentos.
La CPDH también denunció que hasta ahora tampoco han podido corroborar la situación de salud de los presos políticos porque las autoridades del Gobierno no les han permitido el acceso a los sistemas penitenciarios. Además, han solicitado revisiones médicas para casos concretos y han sido rechazadas.
“No hemos podido constatar la situación de los presos porque no hemos tenido acceso (…) lo que si tenemos confirmado es que en todos los procesos que hemos llevado nosotros, hablamos de aproximadamente 135 casos, hemos solicitado que se giren oficio al Instituto de Medicina Legal para que se verifiquen las condiciones de salud normal, que se verifique si ha sido objeto de algún tipo de maltrato o tortura y en tercer lugar hemos solicitado que se remitan al psiquiatra forense”.
Asimismo, el relator de la CIDH afirma que recibieron testimonios de personas que fueron detenidas al margen de la ley, personas que tienen muchas limitaciones dentro de los sistemas penitenciarios y también denuncias de irregularidades en los procesos judiciales, como cambios inesperados en las fechas y horas de las audiencias.
“Nos vamos con una preocupación general sobre la situación que guardan estas personas y que desafortunadamente, al no poder tener un dialogo con las autoridades, no podemos conocer a ciencia cierta si existe una política particular o una política penitenciaria que nos hubiera ayudado a entender mejor la situación”, alertó Hernández.
