¿Qué tiene en común Ortega con otros dictadores?

La historia de los dictadores se repite. Reprimen y aterrorizan a las poblaciones que deberían proteger y respetar, a la vez que ocultan esa terrible realidad. Y, por si fuera poco, culpabilizan a las propias víctimas. Franco, después del bombardeo de Guernica efectuado por la División Cóndor, se apresuró a acusar a los rojos de la devastación causada por el incendio que provocaron las bombas -una mentira que mantuvo mientras duró la guerra- y negó también que la aviación alemana e italiana apoyase al bando nacional. Hitler, cuatro años antes, culpó del incendio del Reichstag -sede del Parlamento- a los comunistas, lo que desembocó en arrestos masivos y en la consolidación del Führer en el poder. Hubo que esperar hasta 1980 para que se hiciera justicia póstuma y se absolviera al condenado por provocar el incendio. Si retrocedemos a la época del Imperio romano, Nerón -quien mandó ejecutar a su propia madre- atajó los rumores que lo señalaban como responsable del incendio de Roma acusando a los cristianos; y, de paso, recrudeció la persecución contra ellos.

Ortega no es una excepción. En pleno siglo XXI, al mando en Nicaragua, es el paladín de los embusteros. Ortega niega toda responsabilidad en la crisis que atraviesa ese país centroamericano, una crisis, recordémoslo, que en tan sólo cuatro meses -desde el 18 de abril, cuando comenzó, hasta el 18 de agosto, cuando la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó su informe- lleva contabilizadas más de 300 víctimas mortales y 2.000 heridos, en su gran mayoría debido a la represión policial y parapolicial; una crisis que ha obligado a buscar refugio en la limítrofe Costa Rica a 23.000 personas que huyen de la violencia desatada por las fuerzas paramilitares de Ortega; una crisis que incluye, como reporta el informe de la OACNUDH: desapariciones de personas; obstrucción a la atención médica a las personas heridas; detenciones ilegales; malos tratos; casos de torturas y violaciones en los centros de detención; y una crisis, en fin, que está dejando un severo impacto económico en el país y la pérdida de centenares de miles de puestos de trabajo. La desconsideración por los derechos humanos que protegen la libertad de reunión y expresión es total.

Ortega tampoco es una excepción a la hora de culpabilizar a sus detractores y de denunciar intereses inconfesables, como el ladrón que grita “¡al ladrón!” para desviar la atención sobre sus delitos: que si se trata de un “golpe de Estado” organizado por elementos del imperialismo y fuerzas de la derecha; que si la Iglesia Católica -su aliada durante años- forma parte de la conspiración; que si líderes de organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil están en el complot. Pretende justificar así la persecución policial y penal contra la oposición, que ya ha llevado a 126 personas al banquillo acusadas de terrorismo y de crimen organizado simplemente por haber participado en las protestas pacíficas, a lo que se suman incontables despidos de funcionarios públicos por mostrar insuficiente entusiasmo con el Gobierno. Atropellos indecibles contra la población que incluyen el despido de 200 médicos y personal sanitario de hospitales y centros de salud por el grave delito de curar a quienes resultan heridos por las balas policiales. Pero Ortega tiene la desfachatez de rechazar todas estas acusaciones y también de acusar a los obispos de mentirosos; de afirmar que Paulo Abrau, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “miente todos los días” cuando se refiere a Nicaragua; y de rechazar el informe de la OACNUDH “por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado y redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición”. No contento con eso, Ortega se permite el gesto de expulsar de Nicaragua al equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Y ya puestos, después de limpiar a tiro limpio los tranques y barricadas que habían levantado los universitarios y campesinos, después de sacar violentamente a los estudiantes encerrados en la universidad y después de haber empujado al exilio a tantos ciudadanos despavoridos, anuncia que se queda, que no consentirá ni siquiera un adelanto electoral, que no se irá antes de las elecciones previstas para 2021 -y ya se verá si las pierde, con las mañas que ha ido cultivando para ganarlas-. Ortega se permite desconsiderar así una salida inmerecida que le brindaba la Organización de Estados Americanos (OEA) y que apoyaban los empresarios y la Iglesia de Nicaragua, así como numerosos gobiernos del Continente, incluyendo el estadounidense. Se trataba de una solución que mucho le favorecía, pues la población quiere que dimita ya y que sea juzgado, y no que un gobierno presidido por él sea el encargado de convocar elecciones -pues, ¿quién, en su sano juicio, puede fiarse de él?-; pero, en aras a un consenso que permitiera una salida al conflicto, el adelanto electoral podría haber sido susceptible de un acuerdo con la oposición.

Los dictadores comparten además su codicia y su apego a la riqueza. Recordemos a Tachito Somoza y Leónidas Trujillo, los tiranos que llegaron a ser los dos hombres más acaudalados de América Latina en su época, con fortunas estimadas en miles de millones de dólares. Tenemos también a Pinochet y, en la península ibérica, a Franco. De ambos se decía en tono exculpatorio que “serían dictadores, pero eran honrados”, hasta que supimos de sus fortunas, propias de los relatos de las Mil y una noches, gracias a sus legados. El primero, tan patriota, ocultaba numerosas cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos; y el segundo, el “Caudillo”, había amasado unos cuantos miles de millones de pesetas que permiten a la familia poseer hoy en día una lista interminable de negocios inmobiliarios en distintas ciudades españolas, sin contar el famoso Pazo de Meirás, que había pertenecido a la escritora Emilia Pardo Bazán y que llegó a manos de Franco gracias a un “voluntaria” suscripción popular.

Ahora bien, dado su origen sandinista, ¿es Ortega al menos una excepción entre los dictadores en esto de la avaricia? Todo indica que no. Los intereses de la familia Ortega-Murillo, un numeroso grupo compuesto por la pareja presidencial, ocho hijos -sin incluir a la hija de su esposa que, de adolescente, fue abusada por él-, yernos y nueras, se distribuyen por variados sectores de la economía: desde el de la energía y la distribución de petróleo hasta la banca y los medios de comunicación, incluyendo cuatro canales televisivos -y los informativos de un quinto- que la familia controla directamente. Llegará el momento en que se podrán investigar los acuerdos relacionados con el petróleo venezolano vendido a Nicaragua en condiciones muy ventajosas, que dieron lugar a la conformación de empresas controladas por Ortega al margen del Estado y del presupuesto público; y conoceremos también así el origen del enriquecimiento de esta acaudalada familia.

Además de su crueldad, sus engaños y su avaricia, ¿qué más comparten los dictadores? Pues otra cosa muy clara: que la historia nunca les absolverá. Los tiranos que masacran a su pueblo figuran en los libros y enciclopedias como villanos e infames. La posteridad nunca les asemejará a figuras admiradas, como Allende, Olaf Palme, Sandino, Martí o el propio Pepe Mujica. Los Somoza, Trujillo, Pinochet, Franco, Hitler, quedarán para siempre como apestados; serán de esos personajes que nadie querría nunca tener como antepasados. Y a ese grupo se ha sumado Ortega y, junto a él, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. ¡Qué lástima, con lo que pudieron llegar a ser!