5 de septiembre 2018
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Un informe preparado por el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) concluyó que en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega la libertad de prensa y de expresión han sido “precarias”, dado el acoso permanente del Ejecutivo contra los periodistas y medios de comunicación independientes y las voces críticas contra el Gobierno. Ese acoso y asedio se recrudeció a partir de abril, cuando estalló una insurrección pacífica que exige el fin del régimen, que desató una la violenta represión que ha dejado al menos 320 muertos confirmados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe, titulado Libertad de expresión y libertad de prensa en Nicaragua, analiza el rol represivo del Estado contra medios, periodistas y voces críticas entre 2015 y 2018 a través de cuatro variables: la propiedad de los medios de comunicación, el acceso de los ciudadanos y periodistas a la información pública, las condiciones y factores que influyen en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, poniendo énfasis en el rol de las redes sociales, cuyo uso como herramienta de denuncia ha aumentado en Nicaragua, principalmente desde el inicio de las manifestaciones antigubernamentales.
“Después de las graves violaciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa ocurridas en Nicaragua de parte del Estado y sus grupos paramilitares a partir de abril de 2018, el escenario que se ha configurado para los medios de comunicación y los periodistas independientes es de altísimo riesgo y una gran fragilidad”, advierte el informe. El estudio explica que “en el país no existen en este momento mecanismos institucionales para proteger y asegurar el pleno ejercicio de estos dos derechos fundamentales, y tanto los medios como los periodistas están expuestos a la violencia estatal”.
El 18 de abril, cuando decenas de personas se manifestaron contra una reforma a la Seguridad Social, las huestes de Ortega agredieron con brutalidad a los periodistas Julio López, Alfredo Zúñiga, René Cuadra, Carlos Herrera, Néstor Arce, Maynor Salazar, Ricardo Salgado, Róger Sánchez, Melissa Aguilera, Roy Moncada y Emiliano Chamorro. A esta política oficial de intimidación se unió la censura a medios de comunicación independientes, tras la orden de Telcor de retirar de la señal de cable al menos cuatro canales de televisión –entre ellos 100% Noticias y Canal 12–, violentando los preceptos constitucionales de libertad de prensa y de expresión.
El 21 de abril, cuando se cumplían tres días de brutal represión, Ángel Gahona, periodista y propietario del noticiero El Meridiano, fue asesinado de un disparo en la cabeza en la ciudad de Bluefields, mientras transmitía por Facebook Live un enfrentamiento entre las tropas de antidisturbios y los manifestantes. En Junio fueron asaltados por grupos paramilitares los periodistas Leticia Gaitán, de 100% Noticias, y Daliana Ocaña y Luis Alemán, de Canal 12, quienes fueron amenazados con armas de alto calibre. Les robaron parte de su equipo. Roberto Collado Urbina, corresponsal de Acción 10 en Granada, fue agredido por paramilitares mientras cubría una manifestación, mientras que Paco Espinoza, corresponsal de ese noticiero en Jinotega, denunció persecución en su contra, por lo que tuvo que dejar Nicaragua. Ricardo Salgado, camarógrafo de Esta Semana, fue golpeado y asaltado mientras daba cobertura al ataque de seguidores de Ortega a una iglesia en Carazo. En ese incidente también fueron golpeados y robados reporteros de agencias internacionales.
El informe de CINCO también analiza la propiedad de los medios de comunicación, que debido a la discrecionalidad con que entrega las concesiones Telcor, beneficia a la familia del presidente Daniel Ortega, que controla cinco canales de televisión abierta, pero que cancela las concesiones entregadas a medio locales que critican la administración sandinista. “Pueden tener 20 licencias y nadie se los puede impedir porque tienen derecho”, dijo Orlando Castillo, director de Telcor, después que a Juan Carlos Ortega Murillo le entregara una nueva licencia para operar Canal 22. “En el caso de la propiedad de los medios de comunicación, en este contexto de alta violencia estatal y represión, el gobierno no ha cesado sus intentos por apropiarse y controlar a medios independientes a través de diferentes mecanismos, ya sea atacándolos o bien, intentando forzar la venta de espacios y medios, tal como se puede ver en el caso del Canal 10”, advierte el informe de CINCO.
“El acceso a la información pública muestra la misma tendencia restrictiva, aun cuando en los últimos días Daniel Ortega accedió a brindar entrevistas a una serie de cadenas extranjeras de Estados Unidos y Europa, rompiendo así su voluntario “ostracismo” mediático. También ha comparecido en público más veces que en años anteriores; sin embargo, ningún medio independiente ha tenido acceso a entrevistas, se mantiene el veto para que los funcionarios gubernamentales den declaraciones a la prensa y no hay acceso a la información pública”, se explica en el texto en referencia a la cerrazón oficial como política de comunicación del Estado, que es controlada directamente por la vicepresidenta Rosario Murillo.
El informe retoma las recomendaciones que han hecho organismos internacionales de derechos humanos y afirma que “urge establecer en el país medidas de protección y denuncia que salvaguarden la integridad física de los periodistas, los medios de comunicación y el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa en medio de la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua en este momento. En el corto plazo, con el restablecimiento de la democracia, se requieren también medidas específicas que aseguren la no repetición de estas graves violaciones y un ejercicio pleno de ambas libertades”.
