El dilema de la cooperación española en Nicaragua

Hay ciertas decisiones en cooperación internacional que no se toman sin que salga sangre. Duelen especialmente cuando tocan aspectos medulares de la ayuda al desarrollo. ¿Qué ocurre cuando los gobiernos de países receptores, con los que se trabaja o canaliza la ayuda, cruzan las líneas rojas de la violación de los derechos humanos contra sus mismos pueblos? ¿Las agencias deben pronunciarse?

Ese es el dilema que se han planteado recientemente  algunos profesionales de la cooperación en países como Nicaragua. Agencias, como las de Holanda y Luxemburgo, ya han tomado la decisión: suspender temporalmente los programas de cooperación con el país centroamericano. Luxemburgo argumenta que no se dan las condiciones del “respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos” en los que se basa su política de cooperación. Y Holanda, por su parte, ha congelado un desembolso de más de 18 millones de euros para la construcción de un hospital regional en la costa caribe del país a causa de “la obstrucción y demora en la de atención a los heridos por las protestas”.

Es la respuesta a tres meses de violencia (más de 300 muertos y casi 2.000 heridos desde el 18 de abril), desapariciones y uso indiscriminado de la fuerza por el gobierno y sus fuerzas policiales y parapoliciales contra la población civil.

El despido masivo de más de 135 profesionales sanitarios por atender heridos durante las protestas o manifestarse contra las prácticas del gobierno es un paso más en la escalada represiva de la llamada “Operación Limpieza” que lleva a cabo el gobierno de Ortega y Murillo.

El informe demoledor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enviada por la Organización de Estados Americanos (OEA), registra un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, principalmente por parte del gobierno. Casos que se han dado en los meses de junio y julio, como el incendio de una vivienda para matar a seis miembros de una familia negándoles la posibilidad de asistencia, o el asedio durante 17 horas a estudiantes refugiados en una universidad y un iglesia sin permitir el acceso de las ambulancias, son muestras de la magnitud de la tragedia.

Todos los observadores internacionales, como  Amnistía Internacional, Human Right Watch, y los defensores nicaragüenses de derechos humanos, algunos de los cuales han tenido que exiliarse junto a miles de compatriotas coinciden en considerar que estamos ante una situación de gravedad excepcional.

¿Qué dice la Agencia Española de Cooperación?

En medio de este panorama, ¿debe pronunciarse la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)?

Nicaragua es uno de los mayores receptores en volumen de la ayuda que han proporcionado los contribuyentes españoles a través de la AECID. Y además la agencia gestiona fondos de cooperación delegada de la Unión Europea. La cooperación española, que lleva más de 25 años en el país, trabaja con el respeto a los derechos humanos como enfoque transversal y con la promoción de la democracia como una de sus orientaciones estratégicas. La pregunta es igualmente válida para la ayuda que gestionan ayuntamientos y comunidades autónomas de España, que desde los años noventa, han destinado recursos humanos y económicos al desarrollo de Nicaragua, junto a ONG internacionales y locales.

Aunque Nicaragua sigue siendo hoy el segundo país más pobre de América Latina, después de Haití, no se puede negar el impacto de la cooperación en muchas comunidades. La transformación de uno de los basureros al aire libre más grandes de América (La Chureca) en un enorme paseo junto al Lago de Managua y un barrio con servicios dignos para las 3.000 personas que antes vivían de la basura son el fruto de aquel esfuerzo pionero, que sigue siendo uno de los mejores ejemplos de la cooperación española. Y así lo reconoce la población local. Dicho éxito, sin duda, fue posible gracias al compromiso conjunto con trabajadores sociales y contrapartes de la alcaldía de la capital nicaragüense.

Actualmente, están en marcha proyectos importantes que la Unión Europea y España llevan a cabo conjuntamente, como el relacionado con el Fondo de Agua y Saneamiento (FCAS) para el mejoramiento de la red de agua potable en 19 municipios del país. La cuantía del proyecto (más de 300 millones de euros), así como los compromisos y acuerdos establecidos es considerable.

Pero hay otras áreas más controvertidas, como los apoyos de la AECID al fortalecimiento de la Policía de Nicaragua, una institución que ha obstaculizado el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos además de estar señalada como causante del daño infligido a la población civil.

Si bien el parlamento de la Unión Europea ha expresado un posicionamiento político común, las agencias de cooperación de los países que trabajan con Nicaragua, no toman decisiones unificadas. La suspensión de Holanda y Luxemburgo es temporal, por lo que puede interpretarse como un mensaje y no tanto como una acción con consecuencias graves. En estos casos, como en otras áreas, sería deseable una posición europea común.

El fiel de la balanza en una decisión de ese calibre debe estar en las consecuencias sobre la población beneficiaria. Además hay que considerar el papel adicional de los cooperantes como testigos externos ante violaciones de derechos humanos.

¿Dónde están los límites y las líneas rojas? Es un debate similar al que también se enfrentan de una manera más urgente, las agencias y organizaciones de acción humanitaria. Se ha planteado ya en otros países de América Latina (como Venezuela, Cuba o Colombia), África y el Sudeste Asiático. La cooperación internacional se desarrolla muchas veces en contextos plagados de corrupción, violencia y crisis de todo tipo, vinculadas también a su falta de recursos. Pero hay muchos países, y no sólo los de rentas más bajas, donde el acceso de grandes bolsas de población a servicios básicos vitales depende principalmente de la cooperación internacional, como reconocía recientemente el ministro de Salud de Etiopía.

Los gobiernos tienen a mano acciones contundentes de tipo comercial, político y económico. ¿Se debe utilizar la ayuda al desarrollo como medida de presión? A priori, hay expertos como el especialista canadiense en derechos humanos, Errol Mendes, que no aconsejan hacerlo, a no ser que un determinado gobierno no de muestras de cesar o detener la violación de los derechos humanos. Y sólo tendría efecto si la ayuda repercute en los presupuestos nacionales del receptor.

Está claro que no hay un modelo total de país que respete los derechos humanos (sean donantes o receptores de ayuda al desarrollo). Pero es pertinente y legítimo que se expongan esta cuestión ante los responsables de la agencia española en Nicaragua, por su relevancia como agencia y como país receptor respectivamente.

Se deben y pueden tomar medidas para evitar que la ayuda al desarrollo acabe fortaleciendo indirectamente regímenes perversos. Pero no hay que esconderse ante el desafío de señalar los abusos cometidos y establecer con las autoridades de estos regímenes áreas de trabajo consistentes, lejos de cualquier sombra de duda, o de un silencio que, a la larga, pueda confundirse con la complicidad.

La población beneficiaria en conjunto con las agencias de cooperación y sus contribuyentes tienen la última palabra. Y eso siempre es mejor que guardar silencio.