¡Acoso implacable!

Por más que me esfuerzo en comprender las razones por las cuáles los periodistas continúan siendo amenazados y perseguidos, no acabo de entenderlo. ¿Obedecerá a la composición sanguínea machista de la política nicaragüense? ¿O más bien a la impermeabilidad a la crítica de los gobernantes? El precio pagado a nivel interno y externo es demasiado alto. La relación costo beneficio arroja saldos rojos. Demasiada pérdida y poca ganancia. ¿Después de varios meses de protestas no hay lecciones acumuladas? No existe nada más sensible a nivel político, que imponer restricciones a la libertad de expresión. El derecho a saber constituye uno de los más sagrados principios ciudadanos. El empecinamiento gubernamental de obstruir la labor informativa evidencia bajísimos niveles de tolerancia. Un mal acrecentado.

El gobierno nunca logró congeniar con medios y periodistas. Meses después de haber retornado al poder el comandante Ortega, abrió un frente de lucha (2007). No les bastó crear su propio dispositivo mediático. Tampoco resultó bastante convertir a Telcor en el más fiel guardián de sus intereses. Los resultados de los Foros de Periodistas Sandinistas no les satisficieron. La discriminación en el otorgamiento de la publicidad oficial resultó insuficiente. La promulgación de la nueva ley de telecomunicaciones se quedó como un falso ofrecimiento. Desde el inicio creyeron que lo más indicado era enfrentarlos a campo abierto. De 2007 hasta 2018 —es decir a lo largo de más diez años— las agresiones contra periodistas y cierres de medios no cesan. No les han ofrecido respiro, continúan siendo acosados y discriminados.

Con un cuadro político adverso, y en un momento histórico decisivo, en vez de rehacer su relación con los periodistas, los gobernantes han arreciado la polarizaron. Ni la presencia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos —Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos— ni la visita de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sirvieron de freno. ¿Piensan que no existe probabilidad alguna de recomponer su relación con los medios? ¿Partirán del equívoco de suponer que todos los periodistas que cuestionan las acciones gubernamentales —informar sobre detenciones ilegales, destacar la falta de entrega de la información requerida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), señalar el portazo a los miembros de la CIDH en los juzgados, etc.— son sus enemigos?

Las comunicaciones globales —con fronteras abiertas y teléfonos móviles— permiten registrar con precisión y en tiempo real, todo cuanto acontece en el territorio nacional. El señalamiento de periodistas, poniendo pintas en las paredes de sus casas, el ofrecimiento de recompensas por ayudar a su captura —una actitud similar a la utilizada por gobiernos que ofrecen plata a quienes colaboren en la detención de narcotraficantes— forman parte de una política desacertada. Un antiguo servidor de sus canales de televisión —Francisco Daniel Espinoza— está siendo acorralado por las autoridades edilicias jinoteganas. Espinoza denunció que el alcalde de esa ciudad, Leónidas Centeno, lo ataca a través de las redes sociales, con el ánimo de intimidarle y desprestigiarle. No le quedó otra alternativa que estar huyendo.

La conducta de los gobernantes durante el mes de agosto —en materia de libertad de expresión— pinta un cuadro adverso. ¿Cuáles han sido los efectos de esta política intimidatoria? ¿Los periodistas se han abstenido de criticar al gobierno? ¿Se han autocensurado? ¿Dejaron de reportar en los medios que laboran? ¿Las campañas de desprestigio les han granjeado animadversión o más bien han generado solidaridad entre sus compañeros? ¿Su ánimo se ha visto afectado? No hay duda que provocan temor. Pero siguen cumpliendo con su trabajo informativo. Ningún país es una isla. Todo lo que acontece en su interior —para bien o para mal— repercute en todo el planeta.  Nicaragua está bajo la mirada internacional. Entre más se ensañen con los periodistas, más amplia y severa será la condena mundial y nacional.

La cacería que fue objeto Roberto Collado —corresponsal de Acción 10 en Granada— tuvo amplia resonancia. La persecución realizada por parapoliciales dio la vuelta al mundo. La ciudadanía grabó el hecho y lo hizo circular en las redes sociales. Los periodistas —a falta de las organizaciones gremiales llamadas a defenderles— salieron a las calles a acuerparle en dos ocasiones. ¿Los gobernantes en verdad creen que lo más adecuado es hostigar a los periodistas? ¿Las amenazas recibidas por Yilber Idiáquez —corresponsal de radio Corporación en Masaya— qué tipo de lectura produce entre los nicaragüenses? No creo que sea positiva. Confirma falta de apertura crítica. Igual reacción produjo el acoso de la periodista matagalpina Aurora Leyton. La campaña de miedo e incertidumbre ha sido extensiva a toda su familia.

No acabo de entender la reiteración de errores incurridos con la prensa. Los medios gubernamentales en vez de debatir prefieren agredir. En vez de abrir espacio a la crítica cierran toda posibilidad de disentimiento. Uno de los peores defectos de los nicaragüenses es que no hemos aprendido a discutir. Somos dados a invalidar posiciones contrarias. La respuesta al otro sigue siendo infamarle y descalificarle. Un mal generalizado. Las redes empeoraron la situación. Agreden y vilipendian escudándose en nombres ficticios. Algunos alegan que lo hacen porque no tienen otra opción, frente a un gobierno refractario a toda discrepancia. Los gobernantes deberían ser los primeros en abrir espacio a la crítica e inhibirse de lanzar ofensas. En nada contribuyen para la bienandanza del país. Los adjetivos altisonantes no paran.

Por culpa de los políticos, los nicaragüenses somos reacios al debate. Interesados en supeditaciones partidarias, más que en la presentación de argumentos, prefieren arrastrar a sus seguidores hacia posiciones extremas. Cargan sus discursos con una verborrea incendiaria. Hay quienes creen que no miden sus intervenciones. Están equivocados. Sus disparos no son al azar. Poseídos por la fiebre del poder, desacreditan a sus adversarios. Arremeten sin piedad. Son muy pocos los políticos que no reaccionan de forma iracunda y hasta violenta, cuando son cuestionados. No hacen concesiones a quienes se oponen o disienten. Los opositores son estigmatizados y perseguidos; acusados de delinquir. Los dicterios siguen propalándose sin misericordia. El ejercicio de la violencia simbólica es permanente.

El recuento de la afrenta sufrida por los periodistas en agosto resulta alarmante. Cuando pensé que la marea venía bajando, las agresiones se mantienen. La campaña sistemática de descrédito contra Mauricio Madrigal, la intimidación que ha sido objeto Manuel Díaz —bloguero y director de Bacanalnica— las amenazas vertidas contra Gerall Chávez de Vos TV, (Canal 14); el cerco en el Complejo Judicial, para evitar su presencia en el juicio contra los presuntos autores de la muerte de Ángel Gahona, la persecución de Roberto Collado por las calles de Granada, el asalto sufrido por la corresponsal alemana Sandra Weiss y la paga ofrecida a quienes den cuenta del paradero de Yilber Idiáquez, revelan que las aguas siguen agitadas. El ejercicio del periodismo no debería ser siendo criminalizado.

Los asedios encaminados a supeditar la política informativa de Acción 10, pese al rechazo de su gerente general, Carlos Pastora y de su equipo periodístico, expresan el deseo de uniformar la parrilla televisiva. Es probable que los gobernantes lo consigan. ¿No les importa el precio que están pagando? El escándalo de estas acciones sacude al periodismo nacional. Achicar o reducir a cero la disidencia, forma parte de una estrategia política que no ha rendido frutos. A todas luces es un regreso a prácticas que creíamos imposibles de reeditar. El momento es otro. Aspiran escuchar una sola voz. ¿La suya nada más? Una tarea fallida. La diversidad de fuentes informativas y la existencia de las redes, posibilitan la existencia de diversas plataformas, todas disponibles para ser copadas como canales informativos.

Medios y periodistas forman parte de la contienda que se libra en Nicaragua. Creer que van a autocensurarse o a dejar de cuestionar al gobierno, sería un absurdo. La batalla se libra cuando grandes contingentes de nicaragüenses hacen uso de las redes. Lo grave ha sido que lo que está vetado difundir en los medios, no es extensible a las redes. Al menos así lo piensan quienes atizan el fuego y encarnizan la lucha desde ambos lados. No ha habido tregua ni contemplaciones con los adversarios. Culpar solo a una parte de las fuerzas contendientes —las que se oponen al gobierno— constituye un grave error. ¿Estrabismo o miopía política? Los periodistas desafectos siguen en la mira. En vez de hacer un balance y analizar la situación, los gobernantes decidieron emprenderla otra vez contra el mensajero. Un desliz histórico persistente.