El infierno de Medardo Mairena

Medardo Mairena está confinado a “El Infiernillo”, una prisión de máxima seguridad del sistema penitenciario La Modelo, en Tipitapa, Managua. En esta cobacha también están Pedro Mena y Silvio Pineda, presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A los líderes campesinos los acusan del asesinato de cuatro oficiales en Morrito, Río San Juan; de terrorismo y de otros delitos más. Pineda fue involucrado en el mismo caso como “cómplice”.

“El Infiernillo” es un lugar oscuro, donde hay cucarachas, zancudos, garrapatas, alacranes, y es recetado a los reos de suma peligrosidad. Todos usan el mismo asiento de concreto como inodoro, el hedor es insoportable. Los presos no salen ni en el día ni en la noche. Están custodiados todo el tiempo y solo ven la luz del sol cuando son trasladados al complejo judicial.

El 15 de agosto, Mairena, Mena y Pineda, vieron la luz del día. No, no quedaron en libertad. Fueron trasladados por segunda ocasión al complejo judicial, esta vez, para la audiencia inicial. Ese mismo día, en las calles, cientos de miles de nicaragüenses marcharon exigiendo la liberación de los tres campesinos, y del resto de presos políticos. Sin embargo, el entusiasmo se quedó ahí, en las rotondas, porque en el salón, las caras eran otras.

Los tres campesinos entraron a las 10:00 de la mañana al juzgado Sexto de Distrito Penal, dirigido por el juez Henry Morales Olivares. A pesar de estar frente a la autoridad judicial, continuaron esposados. “Es obligación de ellos quitarle las esposas, porque permanecer asì es un maltraro. Todos los reos tiene derecho a ese respeto”, afirmó Julio Montenegro, abogado de Mairena, Mena y Pineda.

Montenegro relató que antes de ingresar a la sala en la que se desarrolló la audiencia inicial, tuvo que sortear varios obstáculos, entre ellos esperar, más de la cuenta, para que le dejaran estar con sus representados.

“¿Cuál fue la circunstancia que nos encontramos? Cintas de protección de ‘escenarios del crimen’ cubriendo las entradas por ambos lados, donde no podían pasar los trabajadores del Poder Judicial - estaba restringido - y tuve que pasar por debajo de esas cintas”, afirmò el abogado.

Al abrir la puerta, Montenegro observó de diez a quince funcionarios del sistema penitenciario armados con armas de guerra. Cuestionó por qué habían tantos armados si los acusados estaban esposados. “No existe una lógica. Este factor, efectivamente, es un elemento de intimidación para las personas”, continuó.

Otro Medardo

La sonrisa de Medardo no ha regresado desde el pasado trece de julio, cuando las autoridades del Gobierno de Ortega lo capturaron en el Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino. Tiene ahora una mirada triste, casi perdida. Las pronunciadas ojeras denotan el desvelo y el cansancio de estar encerrado en una celda que no presta las mìnimas condiciones.

“De hecho, desde que iba por la parte de atrás de los tres procesados denoté en ellos una condición muy especial, con las cabezas inclinadas y en una postura un poco incómoda, de tristeza y de algún tipo de impacto, lo cual yo pude comprobar al momento en que me puse al frente de ellos y les pregunté que si les habían hecho algún tipo de tortura o que si les habían hecho algún tipo de amenaza”, relató Montenegro.

El abogado saludó a los tres campesinos. Les preguntó si habían sido “objeto de maltrato”. Medardo solo respondió que en “El Chipote” sí “los ponían de rodillas, los pateaban y les inferian otro tipo de afectaciones”.

Mairena fue de los que más habló. Aprovechó para denunciar que sus tres hijos, todos menores de edad, están siendo amenazados. Las autoridades del penal le han dicho que si no cambia de actitud, los suyos pueden correr peligro. Todo esto lo dijo de forma escueta, parca.

Cuando Montenegro le preguntó de manera directa si había sufrido algún tipo de tortura en el sistema penitenciario, no respondió. Obvió el tema y habló de otras personas, que están padeciendo otras situaciones incómodas.

“El semblante, efectivamente, así como lo pudieron notar ustedes, es efectivamente de algún impacto de daño físico. Está un poco pálido, un poco delgado y sobretodo al momento de hablar con él denota que hay una situación de impacto psicológico especial que puede ser producto pues, de alguna presión. Lo mire parco, con una mirada esquiva de temor, y esto dice mucho y aunque no me quiso manifestar alguna circunstancia de maltrato. Consideramos que hay algo más que el simple encerramiento y lo de El chipote”, insistió el abogado.

La plática no fue más allá, porque de forma abrupta, los guardas que estaban armados con fusiles de guerra levantaron a los campesinos y los retiraron de la sala. Montenegro elevò una queja al judicial, quien hizo regresar a los detenidos únicamente cuando observò que el defensor estaba comunicándose con un medio independiente de referencia nacional.

“Yo, por alguna razón, pensé que los habían llevado al sanitario y que tal vez me había confundido, pero no. Cuando yo le pregunté a Medardo Mairena y a Don Pedro Mena me dijeron que los habían llevado a la parte de las celdas preventivas, donde los trasladan después de las audiencias, para luego llevárselos al sistema penitenciario”, relató el abogado.

Montenegro pidió al judicial que los tres campesinos fuesen valorados por un médico. Asimismo solicitó que los acusados tuvieran un tiempo con sus familiares, sin embargo, solo se esperó la firma de los señalados e inmediatamente se los llevaron esposados y no permitieron ningún acercamiento.

“Yo, de antemano y entregando cédulas de los familiares, le había solicitado al juez - encarecidamente - que en vista de que no les permitían las visitas, le permitiera en ese momento que se hiciera, que pudieran tener la oportunidad de conversar con sus familiares. El estado en que están estas personas procesadas, consideramos que efectivamente se les ha violado, de manera abierta, los derechos humanos. Y esta es una especie de denuncia pública para que el Estado, como tal, pues asuma las responsabilidades porque tiene que protegerse. Ellos tienen derecho a un trato humanitario y eso no se está cumpliendo”, señaló el abogado.

Las irregularidades del proceso

Desde el inicio del proceso de Mairena, Mena y Pineda, ha habido violación abierta de los derechos humanos. Por ejemplo, no tienen derecho a ser juzgado por su juez natural, sino que son trasladados a la capital para que el juicio sea dirigido por tres de los judiciales que están a cargo de las audiencias.

El encargado del juicio de los campesinos es Henry Morales Olivares, juez sexto de Distrito Penal; sin embargo, Ernesto Rodríguez Mejía, juez sexto de distrito penal de juicio, también está delegadao para otros procesos como el de los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, acusados de asesinar al periodista Àngel Gahona. Igualmente Nancy Aguirre, Juez Décimo de Juicio.

Esta última lleva el juicio en contra de Cristopher Enrique Ampié, Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado, William Efraín Picado Duarte y Reynaldo Antonio Lira, quienes son acusados por asesinato el asesinato de Jorge Gastón Palacios, militante sandinista en la comarca El Quebracho, en Boaco, y también por lesiones, portación ilegal de armas y homicidio frustrado.

Los campesinos tampoco fueron presentados ante la autoridad judicial en el término que la ley establece. Y no cuentan con las garantías de publicidad, que hasta el momento, se ha hecho de forma parcializada hacia los medios de comunicación oficiales.

“Durante el tiempo que me mantuvieron a mí fuera del local del juzgado, estuvieron los canales oficiales. Canal 2, canal 6, canal 8, canal 13 e hicieron una serie de tomas de videos y fotografías, que después todo mundo tuvo la oportunidad de ver”, denunció Montenegro.

Al momento en que Montenegro opinó sobre el intercambio de información y prueba, planteó que en este proceso se estaban violentando abiertamente los derechos de los acusados y lo que se estaba haciendo era una criminalización de la protesta.

“Se le dijo al juez que en base al de imparcialidad estaba obligado a llegar al descubrimiento de la verdad. Efectivamente eso se llega hasta el momento del juicio, pero ¿Qué considerábamos? Que él, en esta etapa de la audiencia inicial, como una autoridad imparcial y viendo que la imputación que se hace no es acorde a la realidad, no admitiera dicho intercambio de información y prueba, y que como consecuencia de ello se le diera la libertad. Sin embargo, era evidente, que no iba a aceptar la propuesta”, manifestó el abogado.

En las propuestas de pruebas de la Fiscalía, se habla de que los campesinos estaban participando de protestas cìvicas y que estaban en algunos tranques. Sin embargo, en ninguna parte del código procesal penal, aparece que esto sea un delito. Inclusive, el hecho de manejar un mortero, que hasta los mismos oficiales de la Policìa lo han hecho, es ilegal.

Montenegro expresó que la imputación que se hace no corresponde con hechos ilícitos, sino con una criminalización de la protesta, desde la perspectiva jurídica que enfoca su defensa.

“Observamos otra situación. Las argumentaciones de los fiscales no son sólidas o fundamentadas y lo notamos y por eso es que no hay mucha publicidad porque si hubiera publicidad se destapara muchas irregularidades y situaciones en acusaciones. Esto denota que el Poder Judicial no está actuando con imparcialidad”, refirió el abogado.