17 de agosto 2018
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Sentado sobre una roca en una montaña en el norte de Nicaragua, Paco Daniel Espinoza Rivera, corresponsal del noticiero Acción 10 en Jinotega, relató a CONFIDENCIAL la persecución que desde el pasado 25 de julio la Policía Nacional realiza en su contra. La institución policial giró una orden de captura por los delitos de terrorismo, robo y tortura, mientras que las autoridades sandinistas pusieron precio a su cabeza.
Espinoza Rivera se formó como periodista en el noticiero Acción 10, en Jinotega. Luego laboró por tres años en Canal 8, en ese mismo departamento, sin embargo, el pasado 19 de abril renunció a este medio de comunicación “al ver tanta masacre a jóvenes que se levantaban frente al Gobierno”.
“Desde ahí comenzaron las amenazas, porque ellos sabían que iba a regresar al canal que me formó, que es Canal 10. El Frente Sandinista, a través del Alcalde Leónidas Centeno y el Comisionado General Marvin Castro, me amenazó, y dijo que no podía sacar nada en contra del Gobierno porque en Jinotega no se había levantado la gente”, relató el periodista.
Tres días después de que Espinoza Rivera comenzó formalmente a reportear para Acción 10, simpatizantes del Gobierno lanzaron amenazas en las redes sociales, sin embargo, no bastó con esto, pues en una ocasión dos motorizados lo encañonaron en una calle de Jinotega, le apuntaron en la cabeza, y le repitieron que no “podía dañar la imagen del Gobierno de ninguna manera”.
“Eso no importó. Yo le di cobertura a las denuncias de la población en contra del Gobierno. El Alcalde continuó con el ataque en las redes sociales para desprestigiar mi imagen, pero yo continué haciendo mi trabajo. Grabé las protestas, estuve en los tranques y junto a la corresponsal de La Prensa, éramos los dos únicos medios que estábamos contando la verdad, porque los otros medios trabajan para el Alcalde, él les paga”, manifestó Espinoza Rivera.
La huida de la casa
El ocho de junio, mientras Espinoza Rivera realizaba una cobertura en el tranque principal de la ciudad de Jinotega, fuerzas policiales y grupos paramilitares atacaron el lugar. Ese día fue asesinado Abraham Antonio Castro Jarquin, de 17 años, quien llevaba tres días en las trincheras.
“Íbamos corriendo, una ráfaga de AK y M16 nos alcanzó. Yo solo ví cuando Abraham cayó. Se puede decir que soy un testigo clave de ese asesinato, todos saben que estuve ahí. Desde ese día supe que la Policía y el Gobierno querían capturarme, porque otros testigos ya habían sido atrapados, por eso no dormí en mi casa esa noche”, afirmó el periodista.
Al día siguiente, la casa de Espinoza Rivera amaneció rodeada de paramilitares. El periodista desde esa ocasión no regresó más. Tuvo que pedir posada a distintas personas.
La presencia del periodista era un dolor de cabeza para la Policía y la campaña mediática de los medios afines al Gobierno. Espinoza comenta que los grupos paramilitares servían “al alcalde de Jinotega y la secretaría política, Yorling Zeledón”. Cuando los otros noticieros decían que el Barrio Sandino “atacaba” al cuerpo policial, ahí estuvo Espinoza Rivera para “desmentirlo”.
“Después siguieron las amenazas contra mi familia. Me dieron una persecución descarada, si me miraban me podían capturar, por eso yo casi no salía a las calles centrales, honestamente no sabía qué podían hacerme si me atrapaban, si solo iba a estar preso o me iban a matar”, aseguró.
Un perseguido político
El 23 de julio la Policía Nacional atacó el Barrio Sandino, uno de los últimos sitios que tenía barricadas en sus calles. Espinoza Rivera informó a través de una transmisión en vivo sobre el ataque armado. Los paramilitares rodearon el barrio, dispararon a mansalva, mataron y capturaron a varios jóvenes.
“Yo estaba haciendo una cobertura especial. Cuando me di cuenta que también iban a capturarme, tuve que buscar como salvar mi vida. Corrí junto a mi camarógrafo, y en la huida presencié cómo murieron tres personas, entre ellos Benito Rodríguez y Bryan Picado. Logré ver que en realidad a ellos los mataron los policías y paramilitares”, continuó narrando el periodista.
El 24 de julio, a primera hora, Espinoza Rodríguez y su camarógrafo, lograron escapar del barrio Sandino. A su salida grabaron los cuerpos de los jóvenes fallecidos y luego realizaron la última transmisión en vivo para el noticiero Acción 10.
“Al día siguiente, el 25 de julio, la Policía hizo una conferencia en la que me acusaron de terrorismo, tortura y robo. Por eso emitieron una orden nacional de captura. Yo le escribí al alcalde Leónidas y le pregunté cómo era posible que me pusieran delitos que nada tienen que ver conmigo y me dijo que ‘era lo que me había buscado y que harían lo posible para capturarme’. Ellos saben que yo sé de esos cuatro asesinatos en Jinotega, se sienten amenazados y me quieren eliminar”, reveló.
El periodista y su camarógrafo lograron huir del casco urbano de Jinotega. Actualmente se encuentran en una zona montañosa del norte del país. Tienen más de veinte días escondiéndose de la Policía y los paramilitares, con hambre, cansados y viviendo de la caridad de algunos pobladores que les han dado donde dormir. “Mi cabeza tiene precio: 7000 dólares”, reveló.
Paco envió un mensaje a los jóvenes que como él continúan huyendo de la Policía y el Gobierno de Ortega. “No se aflijan. Porque hay un Dios que nos va a ayudar”, aconsejó. También hizo un llamado a las autoridades nacionales para reivindicar su trabajo y defender al pueblo. Asimismo agradeció a todas las personas que le han ayudado para estar con vida.
“Hago responsable al alcalde Centeno, el comisionado general Marvin Castro, y a la secretaría política de Jinotega, de lo que me pase a mí y a mi camarógrafo, sentenció el periodista.
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“El Gobierno debe proteger a los periodistas”
*Mauricio Madrigal, jefe de prensa de Acción 10, es víctima de una campaña de desprestigio en su contra
Mauricio Madrigal, jefe de prensa del noticiero Acción 10, lamentó la persecución que sufre el corresponsal de Jinotega, Paco Daniel Espinoza, y rechazó todos los señalamientos que el Gobierno ha realizado contra el periodista.
“Paco está siendo señalado de cometer crímenes horrorosos de los cuales estamos seguros que es inocente. Sabemos que para resguardarse ha tenido que refugiarse en otro sitio y le ha imposibilitado la cobertura para el noticiero”, manifestó Madrigal
A raíz de la rebelión de Abril, todos los medios de comunicación independientes se han enfrentado a una campaña negra del Gobierno del presidente Ortega, por el simple hecho de dar cobertura a las protestas ciudadanas.
Otro de los periodistas de Acción 10 que sufrió la represión del Gobierno y sus paramilitares fue el corresponsal de Granada, Roberto Collado, quien fue secuestrado, apresado, y liberado. A pesar de hacer pública la denuncia, y de interponerla en la delegación de ese departamento, no se empezó ningún proceso contra algún encapuchado.
“Lo que hemos hecho desde Acción 10 es hacer la alerta nacional para que el mismo Gobierno supiera lo que estaba ocurriendo. Los periodistas deben tener no inmunidad, pero sí protección de las autoridades y de la sociedad misma para ejercer la profesión”, refirió.
Madrigal ha sido víctima de una campaña de desprestigio de parte de los medios oficialistas. Sin embargo, la gerencia del Canal 10 está “consciente de lo que estamos pasando, y nos encomendarnos a Dios porque no sabemos de dónde te viene el disparo. Nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo”, insistió.
Madrigal consideró que ser periodista en Nicaragua, en esta situación, es peligroso. El Gobierno investiga a los hombres y mujeres de prensa, para encontrar “el pelo en la sopa” y criminalizar por cualquier pretexto.
“A mí no me han podido encontrar nada, no me ha llegado ningún requerimiento de la Policía Nacional. Y no tengo miedo, si alguien quiere preguntar que llegue. Obviamente hay tensión. Pero nuestro jefe regional nos ha orientado que hay que cubrir todo con profesionalismo, sin embargo, en este país, brindar una cobertura para ellos (el Gobierno) es un ataque y no debe verse así”, refirió Madrigal.
El jefe de prensa de Acción 10 expresó que en pleno siglo veintiuno, la dirigencia del Frente Sandinista debe abrirse y entender que debe tener tolerancia y que entienda que las “ideas se atacan con ideas”.
“Es propio de una democracia la libertad de expresión. Tienen que entender que la cobertura periodística no tiene el propósito de derrocar a nadie, estamos redactando la historia. ¿Por qué tiene que criminalizarlo?”, finalizó.
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5000 dólares por "cabeza" de periodista de Radio Corporación
La dirección de Radio Corporación, una de las emisoras más escuchadas en Nicaragua, denunció que grupos afines al presidente Daniel Ortega ofrecieron un recompensa de 5000 dólares "por la cabeza" de su corresponsal en Masaya, Yilber Idiáquez.
"Ha aparecido en las redes sociales un dato estremecedor, en el que ofrecen 5000 dólares por la cabeza de Yilber Idiáquez, un corresponsal muy destacado de Masaya", dijo el dueño de la Corporación, Fabio Gadea, en conferencia de prensa.
Idiáquez afirmó, por su lado, que "son personas del Gobierno" las que están detrás de la amenaza.
"Desde el momento que inició (la crisis) recibí amenazas desde el municipio de Nindirí, hace 15 días eran mensajes, donde decían que no solamente me iban a silenciar a mí, sino a todos los de la radio; últimamente ofrecen una suma de 5000 dólares, que en redes sociales está circulando", señaló el periodista.
"Pareciera que estamos en el salvaje oeste en Nicaragua, parece que el Gobierno y sus grupos paramilitares no han evolucionado en el tiempo, porque la vida es el bien más preciado que tenemos y debe respetarse", resaltó el presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona.
La CPDH prometió hacer gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) brinde medidas cautelares a Idiáquez.
Gadea, quien fue candidato opositor a la Presidencia en 2011, en la primera de las dos últimas reelecciones de Ortega, se mostró pesimista sobre la "utilidad" de las medidas cautelares, "en países tan revueltos como este".
La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", lo que Ortega rechaza.
