16 de agosto 2018
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La audiencia inicial del juicio de Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda, líderes del Movimiento Campesino y acusados del asesinato de cuatro agentes policiales en Morrito, Río San Juan (entre otros delitos), se realizó en medio del rechazo de cientos de miles de nicaragüenses que marcharon en diferentes ciudades para protestar por las detenciones y judicializaciones ilegales en contra de opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El juez Sexto Distrito Penal, Henry Morales Olivares, no permitió el ingreso de los medios independientes a la audiencia, ni autorizó la entrada de los organismos nacionales de derechos humanos. Sin embargo, sí permitió que los medios oficiales realizaran videos, fotografías, y cuanto material de recursos quisieran.
Morales Olivares tampoco avaló la presencia de los miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quienes al igual que el 14 de agosto, en el juicio de Brandon Lovo y Glen Slate (acusados del asesinato del periodista Ángel Gahona), esperaron sin suerte la autorización que permitiera su ingreso.
El juez realizó la audiencia inicial, y admitió la acusación por los delitos de asesinato, terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio de la sociedad nicaragüense y asesinato.
El abogado defensor de Mairena, Mena y Pineda, Julio Montenegro, interpuso una excepción y un incidente, además solicitó valoración médica legal para los detenidos, pues recibieron información de que los líderes campesinos estaban siendo torturados en el sistema penitenciario La Modelo, en Managua.
La audiencia de juicio está programada para el próximo primero de octubre, confirmó el abogado Montenegro.
Inicia juicio oral y “público” de Brandon y Glen
El pasado 14 de agosto, dio inicio el juicio oral y “público” en contra de Brandon Lovo y Glen Slate, acusados de asesinar al periodista Ángel Gahona. De la misma forma en que sucedió en el proceso de los líderes campesinos, el acceso a la CIDH, representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), medios independientes, y familiares de los señalados, fue negado por el juez Sexto de Distrito Penal de Juicio, Ernesto Rodríguez.
"Entendemos que es una audiencia pública y por lo tanto no habría ninguna dificultad para entrar", dijo Denise Cook, coordinadora del Meseni, por parte de la CIDH.
''El juicio inició a las diez de la mañana, culminando 12 horas después, con sólo un receso de dos horas a partir de las dos de la tarde. El Ministerio Público acusó a ambos jóvenes por la muerte de Gahona, a pesar de que testigos, vecinos y familiares de la víctima, han insistido en que el responsable fue un policía que se encontraba dentro de la alcaldía municipal, y no los dos muchachos.
En la audiencia preparatoria, la Fiscalía no pidió exclusión de pruebas. Sin embargo, cuando la defensa de los jóvenes pidió exclusión alegando razones de ilegalidad e impertinencia, el juez justificó cada una, y parecía que “el juez era un defensor más”, según Amy García, abogada de ambos jóvenes.
Garcia Curtis declaró a CONFIDENCIAL que el proceso en contra de sus defendidos está viciado. Explicó que a pesar de que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecen de veracidad y lógica, el juez las admitió sin reparo.
La Fiscalía presentó un informe en el que detalló que el disparo que mató a Gahona salió de un arma hechiza. Al respecto, García Curtis, indicó que de acuerdo a un técnico en balística, al que consultaron y no permitieron su ingreso para que refutara esta versión, un arma artesanal no tiene ni la precisión ni el alcance como para matar a una persona, y menos a una distancia de cien metros.
“Si un arma patentada tiene una posibilidad de alcance de treinta metros para que sea letal, el arma hechiza queda lejos para causar daño”, informó la abogada.
Uno de los testigos, Adolfo Morales Vanegas, señaló a Lovo, como uno de los jóvenes que se encontraba herido la noche de la muerte de Gahona, y a quien una periodista oficialista, de nombre María Victoria, culpaba por la muerte de Gahona.
Francisco Bravo, también testigo de la Fiscalía, y quien esa noche fue conductor de una patrulla, relató que al trasladar a uno de los oficiales que supuestamente resultó herido esa noche, también escuchó como María Victoria “le decía a unos muchachos que, si ellos no han disparado, no hubiera muerto Gahona”.
García Curtis señaló la manipulación de la Fiscalía en la presentación de testigos que claramente “tienen un guión” preparado para señalar a los acusados como los culpables. Explicó que María Victoriano señaló directamente a Lovo, sino que gritaba a muchos jóvenes que presenciaron esa noche el suceso.
“Ella no lo acusó. Se lo dijo a varios muchachos. El testigo dice que reconoce a quién acusó ella y señala al herido. Claro, el herido es mi defendido, alguien a quien le han hecho una campaña mediática para culparlo”, explicó la abogada.
La abogada también denunció las amenazas que ha sufrido de parte de personas que le han llamado y escrito por mensaje de texto, para que desista de defender a ambos jóvenes. La última comunicación fue realizada previo al inicio del juicio oral. Fue una amenaza directa.
“Abogada, podrá aparecer y mantenerse en las redes, pero en la vida no siempre, recuerde que es prestadita”, fue el mensaje que recibió la abogada, quien afirmó que no va a retroceder en su luchar por ir a las últimas instancias para defender a Lovo y Slate.
El juicio de ambos jóvenes continuará este 16 de agosto. El proceso de presentación de testigos y pruebas está en la cancha de la Fiscalía. Luego será el turno de la defensa.
No quieren quedar desnudos
A juicio de Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, el hecho de que el poder judicial continúe negando la entrada a los defensores de derechos humanos y medios de comunicación independientes, deja en evidencia que esconden mucho y temen que ante la presencia de los medios, los acusados puedan animarse a tomar la palabra, que es parte de su derecho, y denuncien cualquier tipo de maltrato o violación a sus derechos humanos.
“Solo lo exhiben ante sus medios. No porque sea una muestra de una audiencia pública abierta. Esos malos tratos, como se pudo ver a Medardo, cualquier periodista tiene la posibilidad de preguntarle al procesado y no quieren correr ese riesgo que el acusado diga que es sometido a tortura”, señaló Carrión.
El director jurídico del Cenidh, recordó el caso de la masacre del 19 de julio, en la que uno de los condenados a más de 100 años, señaló y denunció a su torturador. Carrión expresó que además de poder registrar esto, los medios independientes, que no son borregos del régimen, podrían ver la farsa del juicio, y la incoherencia en el contenido de una acusación.
“Los medios independientes tienen información de cómo en realidad sucedieron los hechos. Incluso podrían desbaratar la farsa y la mentira de los procesos. Por eso es que el Poder Judicial, tiene mucho que esconder”, insistió Carrión.
A manera de conclusión, el director jurídico del Cenidh, resaltó que el Gobierno utiliza este tipo de censura desde hace muchos años, y que esta es la naturaleza de la dictadura. “Todos los casos de los presos políticos, han estado carentes de la publicidad. Que es una contradicción a la vista porque los juicios son, orales y públicos, se hacen en audiencias pública, y no hay razón alguna para justificar la ausencia de fiscalización”, finalizó.
