13 de agosto 2018
AA
Share
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha concluido que el Estado de Nicaragua, a través de la Fiscalía y la Policía Nacional, tiene “un formato de acusación” preparado para los manifestantes y líderes de la rebelión cívica, que se han levantado contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
De los más de 400 presos políticos que existen al día de hoy, al menos 137 de ellos enfrentan procesos judiciales. Los delitos imputados se repiten en todos los casos: Terrorismo, asesinato, robo agravado, secuestro simple, entorpecimiento servicios públicos, entre otros.
“La mayoría de estas personas son acusadas bajo los mismos tipos penales y sin pruebas reales de que sean culpables de los delitos que se les acusan. Es un proceso en el que solo cambian los nombres de los señalados en las acusaciones… Son acusaciones que no cumplen con el Código Procesal Penal como para que una autoridad judicial las acepte como validas”, criticó Denis Darce, Director de Proyectos de la CPDH en el programa Esta Semana.
La CPDH brinda asesoría a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega. En su acompañamiento, la CPDH ha encontrado acusaciones contra manifestantes en las que el perjudicado es un edificio.
“Los afectados somos los ciudadanos o el Estado de Nicaragua pero no un edificio, que es un ser inamovible y sin vida. Las acusaciones caen planteamientos inadmisibles. Vemos una confabulación donde el Estado está predispuesto juzgar y condenar”, planteó Darce.
La CPDH conoce de casos judiciales contra manifestantes y líderes ciudadanos en Matagalpa, Managua, Estelí y Carazo, sitios en los que la represión ha sido más cruda. “Hay otros lugares y otras personas que están siendo procesadas y no nos hemos dado cuenta. Estamos ante el fenómeno de la criminalización del derecho a la protesta y del aumento constante de los presos y perseguidos políticamente”, dijo Darce.
Julio Montenegro, del equipo jurídico de la CPDH, dijo que al momento de acusar, la Fiscalía no cumple con la doctrina y los cuerpos de leyes a nivel interno y de otros países. Montenegro llamó la atención de que en algunos libelos acusatorios los delitos imputados sean por “resguardar barricadas, gente que portaba bandera azul y blanco y lanza morteros”.
Aunque el Gobierno no reconoce la existencia de presos políticos, para la CPDH está claro que sí los hay. Según este organismo defensor de los derechos humanos, la administración Ortega-Murillo convierte en delito las acciones de protestas de los ciudadanos.
“Tratan de ubicar la conducta que los ciudadanos tienen, las acciones de protestas, dentro de los tipos penales. Ese es el fenómeno de la criminalización de la protesta, y el ocultamiento de los presos porque, al final de cuenta, la Constitución y todos los acuerdos internacionales que hemos suscrito nos dan las garantías de poder expresarnos y manifestarlos de manera libre”, planteó Darce.
De los más 130 casos judicializados, en ninguno de ellos aparece un policía o un paramilitar acusado. El único caso que se conoce de un paramilitar procesado, es el caso de la estudiante brasileña Rayneia Lima, baleada la noche del 23 de julio en las inmediaciones de Albanisa. Sin embargo, la CPDH lamento que ni siquiera se reconoce que el procesado “desarrollaba acciones de paramilitarismo”.
“Estamos ante una situación donde la justicia, la Fiscalía, la Policía cierran los ojos ante unos hechos y construyen en otros acusaciones sin fundamento. Es un proceso de construir evidencia sobre la base de la tortura, manipulación de los instrumentos, capacidades y recursos que tiene el Estado para criminalizar a estas personas”, dijo Darce.
La CPDH denunció que labor de acompañamiento jurídico que realizan ha sido obstaculizada en los juzgados. El organismo habla de “un gran muro de contención” erigido por el Estado y “toda su maquinaria”: Detenciones ilegales, secuestros de paramilitares; violación a que se informen a sus familiares sobre los presos, garantizar acceso a un abogado, o la presentación de abogados fuera de tiempo, así como realización de audiencias en secreto.
“Los acusados pueden contratar defensor pero el Estado pone una serie de limitaciones para no tener acceso a la defensa. Cuando el abogado quiere hablar con su cliente, hay un custodio con ellos. A veces, los custodios interrumpen y es imposible conocer detalles del caso, y estructurar una defensa se vuelve limitado”, aseguró Darce.
