6 de agosto 2018
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General de Ejército
Julio César Avilés
Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua
Estimado General Avilés:
Un grupo de mujeres nicaragüenses nos dirigimos atentamente a Ud. para solicitarle que el Ejército Nacional proceda a desarmar a los grupos parapoliciales que usurpan sus funciones y el equipamiento de la institución que Ud. dirige, para realizar actos criminales en contra de la población civil.
Nos ha movido a enviar esta carta la certeza de que por principio constitucional el Ejército Nacional es una institución “no deliberante y apartidista”, y además conociendo que:
- La Constitución Política de Nicaragua establece en su Artículo 95, que “No pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional, ni rangos militares que los establecidos por la ley.”
- En el Artículo 2, Ley 855, Ley de Reforma y Adiciones a la Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar está consignado, que el Ejército debe “Disponer de sus fuerzas y medios para combatir las amenazas a la seguridad y defensa nacional, y cualquier actividad ilícita que pongan en peligro la existencia del Estado nicaragüense, sus instituciones y los principios fundamentales de la nación, …”
- Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el cuatro de diciembre de 1989 la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Esta Convención establece en sus Artículos 1b. y 1d., que son mercenarios quienes sin ser miembros de las fuerzas armadas de un Estado se involucran en un conflicto con el deseo de obtener provecho personal habiendo sido contratados por una de las partes en conflicto de la cual reciben una retribución material considerablemente superior a la que reciben los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas.
Como madres, trabajadoras y profesionales estamos consternadas por el dolor de cientos de madres y hermanas quienes han perdido a sus hijos y/o los tienen desaparecidos o en prisión. El conflicto –que estalló en abril del presente año—es consecuencia de una década de supresión de libertades. Desgraciadamente el gobierno ha tratado de resolverlo con represión indiscriminada lo cual sólo ha agravado el problema. Es mas, para poder profundizar la represión, el régimen, --violando nuestra constitución--, ha creado grupos irregulares mercenarios que usurpando las funciones del Ejército Nacional asesinan, secuestran y torturan a civiles desarmados, utilizando fusiles de guerra y armas pesadas que sólo deberían ser usadas por el Ejército.
La existencia de esos grupos para policiales constituye una amenaza para nuestra nación y para la existencia de nuestro Estado. La citada Convención de la ONU teniendo presente experiencias de otros conflictos en los que han sido utilizado terceros para policiales, señala, que las actividades de los grupos mercenarios cuando se han dado, “han contribuido a la desestabilización de los Estados afectados…”.
Para que Nicaragua logre salir adelante es indispensable que el Ejercito Nacional busque los mecanismos para preservar el orden constitucional y la paz, para lo cual es clave desarticular y desarmar estas fuerzas mercenarias que siembran el terror entre la población, librando una guerra ilegal contra el verdadero soberano de la nación, el pueblo nicaragüense.
Firman
Gioconda Belli
Vanessa Castro
Cristiana Chamorro
Ligia Elizondo
Lea Guido
Violeta Granera
María Hurtado
Malena Montis
Josefina Vanini
Mignone Vega
Monica Zalaquett
Ana Eliza Martínez
Ximena Ramírez
Carmen Elizondo
Grace March
Rita Delia Casco
Francis Sarahí Zeledón
*Ver carta original aquí.
