Historiadores de Centroamérica demandan el cese de la represión

Hace apenas 38 años Nicaragua estaba en guerra y la comunidad académica centroamericana e internacional jugó un papel estratégico para coadyuvar en la lucha del pueblo nicaragüense para lograr su liberación de la dictadura somocista. Hoy nuevamente corre la sangre en Nicaragua y consideramos un imperativo ético y moral movilizar a la nueva generación de historiadores y académicos centroamericanistas en respaldo a la renovada lucha por la democratización de Nicaragua y el cese inmediato de una represión inédita en la historia centroamericana en los últimos 30 años.

Nicaragua enfrenta en estos momentos una grave crisis de derechos humanos producto de la violencia institucional ejercida desde el gobierno de Daniel Ortega contra el pueblo, el cual lucha por ejercer a plenitud todos sus derechos.

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado el 22 de junio al Consejo Permanente de la OEA señala que el gobierno ha desatado una “violencia estatal dirigida a disuadir la participación en las manifestaciones y sofocar esta expresión de disenso político y que siguió un patrón común, caracterizado por: (a) el uso excesivo y arbitrario de la fuerza policial, (b) el uso de grupos parapoliciales o grupos de choque con la aquiescencia y tolerancia de las autoridades estatales, (c) obstáculos en el acceso a la atención médica de urgencia a los heridos, como forma de represalia por su participación en las manifestaciones, (d) un patrón de detenciones arbitrarias de jóvenes y adolescentes que participaban en protestas, (e) la difusión de propaganda y campañas de estigmatización, medidas de censura directa e indirecta, (f) intimidaciones y amenazas contra líderes de movimientos sociales e (g) falta de diligencia en el inicio de las investigaciones respecto de los asesinatos y lesiones ocurridos en el este contexto”. [1]

Amnistía internacional, tras su visita al país en julio, para documentar la situación expresó que “la respuesta del gobierno nicaragüense ha sido básicamente ilegítima y plagada de serias violaciones de derechos humanos e, incluso, crímenes de derecho internacional”.  Estos informes fueron debatidos el 17 de julio de 2018 por el Consejo Permanente de la OEA, dando lugar a una resolución que condena enérgicamente al Estado de Nicaragua por los actos de violencia y muerte contra el pueblo nicaragüense. En igual sentido se ha pronunciado la Unión Europea y los principales gobiernos de ese continente.

Con las sangrientas “operaciones de limpieza”, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende aparentar el regreso de la estabilidad al país.  Se ha desatado una virtual cacería del liderazgo y de aquellas personas que han apoyado a los estudiantes en los tranques y protestas.  Esto incluye la detención ilegal de miembros de la mesa de diálogo convocadas por la Conferencia Episcopal y hasta la vejación de los mismos obispos y el Cardenal.  Los que no aparecen muertos o desaparecidos, son remitidos a la Dirección de Auxilio Judicial acusados de ser terroristas y encerrados en celdas de máxima seguridad, torturados y amenazados con la aplicación de la pena máxima. Se viola la cadena del debido proceso de alrededor de 400 presos políticos y de sus familiares.  Se criminaliza la protesta utilizando ahora el Poder Judicial en tanto continúa imperando un clima de terror en las noches. Hay un número creciente de desaparecidos y la tortura parece ser la norma para todo capturado. La situación de las madres y familiares de los presos y desaparecidos es desgarradora y la cacería de estudiantes se mantiene día a día.

Pero el pueblo de Nicaragua valientemente se expresa en las calles aun cuando algunas de sus universidades permanezcan militarizadas.    Quienes suscribimos este documento pretendemos apoyarles no solo con firmas sino con acciones desde nuestras asociaciones, congresos, departamentos académicos y gremiales.

El cuadro actual de aberración policial y judicial no podría esta más lejos de lo estipulado en el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, firmado por los Estados centroamericanos, que “se basa en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de Gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que conforman la región centroamericana”.

Con base en lo anterior, los firmantes, participantes en el Congreso XIV Centroamericana de Historia, Guatemala, y miembros de la comunidad académica interesada en Centroamérica acordamos:

1. Expresar nuestro respaldo a la resistencia de la población, los auto-convocados de las universidades, en las calles y en el campo de Nicaragua, su derecho a la defensa y organización independiente.

2. Demandar

*El cese de la represión contra estudiantes, sus dirigentes y otros líderes del pueblo de Sandino por parte de la Policía Nacional y las fuerzas parapoliciales y terceros armados

*La renuncia del Presidente y Vice-Presidente de Nicaragua para dar paso a un gobierno provisional integrado que inicie la reconstrucción del país y garantice un genuino estado de              derecho.

 NOTA: Las afiliaciones institucionales se incluyen solamente con fines de identificación.

FIRMAN

Victor Hugo Acuña, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Arturo Taracena Arriola, UNAM

Alejando Bendaña, historiador independiente

Roberto García Ferreira, Universidad de la República, Uruguay

Héctor Lindo-Fuentes, Fordham University

Darío Euraque, Trinity College

Héctor Pérez-Brignoli, Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Kirsten Weld, Harvard University

Jeffrey Gould, Indiana University

Alain Musset, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, Francia

Stefan Rinke Berlin, Freie Universität, Berlin

Hilda Sábato, Universidad de Buenos Aires

Michel Bertrand, director, La Casa de Velázquez, Madrid, España

Carlos Malamud, Real Instituto Elcano, Madrid

Ana María Botey Sobrado, directora, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica

Erik Ching, Furman University

Wolfgang Gabbert, University of Hanover

Margarita Vannini, UCA, Nicaragua

Justin Wolfe, Tulane University

Olga Joya, Universidad Nacional Autónoma de Honduras

José Cal, Universidad de San Carlos, Guatemala

Robin DeLugan, University of California, Merced

Carlos Gregorio López Bernal, Universidad de El Salvador

Eugenia Rodriguez, Universidad de Costa Rica

Mario Vázquez, UNAM

Paul Almeida, University of California, Merced

Juan Pablo Gómez Lacayo, UCA, Nicaragua

Amparo Marroquín Parducci, UCA, El Salvador

Ainhoa Montoya, University of London

Gregorio Bello Suazo, ex director del Museo Nacional de Antropología de El Salvador

Molly Todd, Montana State University

Ricardo Roque, UCA, El Salvador

Alberto Gutiérrez Arguedas, Universidad de Costa Rica

Mónica Toussaint, Instituto Mora, México

Carlota McAllister, York University, Canada

Hugo Martinez, UNAM

José Miguel Cruz, Florida International University

René Alberto Aguiluz, El Colegio de México

Mneesha Gellman, Emerson College

Karl Offen, Oberlin College

Iván Molina Jiménez, Universidad de Costa Rica

Ernesto Isunza Vera, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México

Walter René Molina, UNAM

Patricia Fumero, Universidad de Costa Rica

Jorge Rovira Mas, Universidad de Costa Rica

Alexia Ugalde, Universidad de Costa Rica

Marie Karam, University of Scranton

Hugo Vargas González, Universidad de Costa Rica

Giselle Marín Araya, Universidad de Costa Rica

Sofía Vindas Solano, Universidad de Costa Rica

Antonio Monte, UCA, Managua

Anne Hayes, Fordham University

Vea el documento con otros firmantes aquí.