22 de julio 2018
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La bancada del FSLN en la Asamblea Nacional aprobó dos leyes que, a juicio de expertos en derecho consultados por CONFIDENCIAL, serán usadas para perseguir y criminalizar a ciudadanos, opositores, empresarios, y organizaciones sin fines de lucro que apoyen o realicen donaciones a alguna campaña cívica para defenderse del régimen autoritario de Daniel Ortega.
La nueva ley define que comete “terrorismo” quien mate o lesione a personas que no participan en hostilidades durante un conflicto armado, o dañe bienes públicos o privados si lo hace para intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, y lo sanciona con 15 a 20 años de cárcel.
Aunque la nueva Ley de Unidad de Análisis Financiero (UAF), y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, son necesarias para cumplir compromisos internacionales contraídos por el Estado de Nicaragua, los expertos consideran que fueron diseñadas para castigar a los ciudadanos que protestan en las calles y a quienes los respaldan.
Prueba de ello es la definición del ‘financiamiento al terrorismo’, que castiga con 15 a 20 años de prisión a quien recolecte y entregue activos, lícitos o no, para cometer o intentar cometer terrorismo… incluso si los fondos no se usaran para eso, ni estén vinculados a un acto terrorista específico. La pena se incrementará en un tercio si el delito se comete a través del sistema financiero, o por el director o empleado de una entidad pública.
“Podemos llegar al absurdo que si das una contribución legítima para una marcha, pueden llegar a acusarte de terrorismo”, aclaró el jurista José Pallais, expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional.
Esta nueva ley les permite afectar las cuentas, transacciones, activos, todo movimiento, contrato, compraventa, cualquier contratación civil o mercantil; cualquier movimiento de capital, o transferencia que tenga el ciudadano, añadió.
Delito de rebelión ahora es terrorismo
Pallais opina que “pretenden crear un sistema de espionaje financiero. Dotar al Estado de la capacidad de conocer, dar seguimiento y enterarse de todas las transacciones que se celebren en Nicaragua, tanto las de capital y financieras, como cualquier tipo de contratación”.
El abogado se mostró alarmado porque “con esta ley, todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. La lógica del sistema debería ser la presunción de que la operación es legítima, pero aquí la sospecha es la constante, no la excepción. Todos, nacionales o extranjeros, somos sospechosos”, reclamó.
Pallais explicó que esta ley se aleja de la doctrina sobre terrorismo, que se define como un acto que pretende provocar terror mediante por ejemplo, poner una bomba en un lugar público, disparar de forma indiscriminada contra la población, y ese concepto ya no se contempla en esta ley, sino que de forma equivocada, incorporan elementos que pertenecen a delitos políticos como la rebelión y el motín, que tienen sanciones mucho menores.
De paso, “abogados y notarios pasan al servicio del sistema, porque se les exige informar todo tipo de transacciones lo que va más allá de un sano interés en la prevención y persecución de los delitos de lavado y terrorismo”, añadió. Giovanny Rodríguez, experto en temas contables, rechazó que se obligue a los contadores públicos a generar reportes de operaciones sospechosas.
Crisis de desconfianza
Según Wálmaro Gutiérrez, diputado por el FSLN, la UAF “no es un órgano de investigación, sino de inteligencia”. Su tesis es que la UAF analiza transacciones, genera un informe, y lo traslada a las autoridades competentes. Dejar de aprobar estas leyes “nos llevaría al ostracismo financiero… porque nadie haría transacciones con nuestros bancos”, aseguró.
Un experto de la UAF presente en el plenario de la Asamblea Nacional, recordó que Nicaragua ya estuvo en la ‘Lista Gris’, del Grupo de Acción Financiera Internacional y hubo que crear la UAF para no caer en la ‘Lista Negra’. “La UAF debe recabar información financiera, administrativa y de orden público para cumplir su misión, que es proteger la economía para su sano desarrollo”, aseguró.
Aunque el oficialismo asegura que no hay intención de amenazar a los líderes de la protesta, ni a los miles de personas que de forma espontánea se han lanzado a protestar, Giovanny Rodríguez se muestra escéptico por cuanto “la aprobación se da en el marco de una crisis profunda que genera desconfianza en los diferentes sectores económicos, sobre todo por los conceptos de financiamiento al terrorismo y terrorismo”.
La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), rechazó el dictamen de la iniciativa de Ley UAF, porque viola 16 artículos de distintas leyes vigentes: cuatro constitucionales, dos de la Ley de Amparo, y varios de las leyes orgánicas de la Contraloría, la Ley de Bancos, la Superintendencia, y la misma Asamblea Nacional.
