16 de julio 2018
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Hay dos lecturas posibles en torno a la resolución del conflicto político; éstas se diferencian por cómo se percibe y aprecia la capacidad de movilización política del pueblo levantado y, por tanto, de las relaciones de fuerza entre los bandos que disputan el poder. La primera percibe a las fuerzas democráticas que disputan el poder político frente al régimen Ortega- Murillo, como capaces de ir desbordando el Estado hasta, por la vía de la fuerza, hacer renunciar Ortega y, a través de ese vacío de poder, hacer rendir al régimen político, instaurando una junta de gobierno transicional que reclame para sí la representación de la voluntad popular y conformar Gobierno. Es discutible.
La segunda no niega la capacidad del pueblo, sin embargo, en estos momentos de la lucha, se percibe una suerte de contención mutua o empate en donde ninguno de los bandos enfrentados tiene la capacidad de imponer la totalidad de sus intereses; por un lado, las fuerzas democráticas no pueden imponer por si solas la voluntad desde la calle para derrocar al régimen y, por otro lado, el régimen Ortega- Murillo no puede devolver la estabilidad previa al dieciocho de abril. Cada uno de esos bandos posee un capital o recurso que el otro carece. Aunque las fuerzas democráticas han ganado reconocimiento social por parte de la gente y resistido al asedio del régimen, este último detenta el relativo monopolio de la violencia ahora no legítima; por tanto, la represión del régimen y la resistencia del pueblo, bajo la ausencia de un interlocutor que exija de manera negociada una resolución justa al conflicto político, produciría un desgaste. Ahí el papel del Diálogo Nacional.
El Diálogo Nacional no produciría los efectos deseados por el pueblo de manera inmediata en la medida que la generación y el cumplimiento de acuerdos políticos, estará relativamente determinado, por un lado, por la presión que se ejerza por el avance de la movilización del pueblo levantado, y, por otro lado, por la capacidad del régimen de seguir reprimiendo a través de las instituciones de un Estado en proceso de resquebrajamiento y, de manera interrelacionada, la capacidad de las fuerzas democráticas para hacerle frente a la represión y su cese definitivo. Este empate catastrófico podría llevar cierto tiempo hasta su resolución, sin embargo lo que es seguro es que los marcos socialmente establecidos, previo al dieciocho de abril, a través de los cuales se gestionaba el poder político se han roto; de esa manera, el régimen ya no puede gestionar el poder político de manera unilateral e imponerse por la fuerza, dado que el pueblo reclama la desmonopolización del derecho a decidir en torno a asuntos de interés general. Es necesaria la negociación. El Diálogo Nacional es el marco no institucional a través del cual se está gestionando el poder político.
¿Qué se negocia en el Diálogo Nacional propuesto por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)?
Dado el empate político catastrófico entre los bandos enfrentados y la negociación a la que han tenido que recurrir, Ortega, derrotado éticamente frente al pueblo y frente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, podría estar i) optando por la vía del cambio político o ii) por el continuismo en el poder.
Para el primer caso, Ortega, en el Diálogo Nacional, ha tratado de dilatar el proceso con el objetivo de negociar, con diferentes actores a nivel nacional e internacional - de manera sospechosa con los Estados Unidos- las condiciones más favorables para su salida. De esa manera, el régimen ha tratado con relativo éxito de disminuir su responsabilidad de los actos de violencia y por tanto las posibles sanciones que se puedan ejercer sobre sus actores directos e indirectos, al tiempo que ha usado la represión y la manipulación mediática para crear una correlación de fuerza más o menos favorable en la mesa de diálogo. Es decir, Ortega podría estar de acuerdo en aceptar la agenda de elecciones anticipadas posteriores a reformas constitucionales a cambio de impunidad para él y sus allegados; pero no para todo el régimen. Por esta razón Ortega se resiste a brindar un una respuesta "formal y oficial", tal y como han solicitado los obispos de la CEN, en la medida que dicha acción podría desplegar un mensaje de "traición" y agudizar la crisis interna del FSLN, la disputa por las posiciones de poder del mismo y, con ello, crear un descontento en las bases adheridas al mandato de Ortega y Murillo.
Para el segundo caso, la represión y la manipulación mediática se han desplegado como estrategias para la generación de terror en búsqueda de la desmovilización del pueblo levantado, esto es, en aras de la continuidad en el poder por parte de Ortega-Murillo. La exaltación de las "caravanas de la paz", tal y como las ha categorizado el régimen por parte de militantes orteguistas en territorios asediados y reprimidos, es la manera en que se lleva a la práctica una visión en torno a lo que está aconteciendo: la liberación de territorios "secuestrados" por “delincuentes”. La criminalización de la lucha del pueblo, la judicialización de los y las manifestantes y la negación de la realidad ha sido una constante.
En ambos casos, cualquier dilatación del proceso por parte del régimen Ortega- Murillo tiene como fin la oxigenación de su régimen, la gestión de sus crisis internas y la posible configuración de arreglos con actores claves de la política nacional (fracciones no reformistas del sector privado) como condición para entrar en una posible contienda electoral con una mayor probabilidad de victoria o de manera cruda imponer el poder por la fuerza y la represión en pro de la prolongación de la dictadura. Tal como diría Mao, en última instancia, el poder real emana de la boca de un fusil; y son fusiles los que cargan los parapolicías adeptos al régimen asesinando a su propio pueblo.
¿Cómo avanzar hacia un punto de bifurcación?
No estoy complemente seguro, sin embargo, podemos esbozar algunas puntos que presionarían al régimen a aceptar el adelanto de elecciones o, de manera más radical, su renuncia inmediata; una exigencia que el pueblo clama y que nosotros/as como universitarios/as hacemos nuestra.
Primero, si el relativo monopolio ahora ilegitimo por parte del Estado es el recurso que despliega el régimen de Ortega-Murillo para imponerse por la fuerza frente al pueblo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) debe tomar acciones de incidencia dentro y fuera del Diálogo Nacional para exigir el cese a la represión y la violencia, y, como tarea histórica, el desarme de las fuerzas parapoliciales, fuerza represiva no institucional del Estado acaparado por el dictador.
Segundo, la presencia de organismos internacionales en Nicaragua tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un logro de la ACJD; de igual forma la conformación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sin embargo, a nivel nacional e internacional debemos emprender la lucha contra la impunidad. Tal como sugirió Fernando Bárcenas, Ortega renunciaría si percibe que el costo político de continuar en el poder sería mayor que su salida, esto es, que las sanciones serían mayores para él y sus allegados. De esta manera, la ACJD tiene que emprender la tarea de desmontar el discurso de “violencia venga de donde venga”, narrativa que intenta igualar la responsabilidad de los actos de represión entre el pueblo levantado y el régimen de Ortega-Murillo, y volcarse a la lucha contra de la impunidad haciendo referencia de que las sanciones que se puedan ejercer sobre los perpetradores de los crímenes serán dictadas por una justicia verdadera. Esto pondría a la ACJD en posición de fuerza en la mesa de negociación, para incidir en la conformación de un ente internacional en contra de la impunidad, o la articulación de varios organismos a nivel internacional para que presionen con total contundencia.
Tercero, en la medida en que Ortega a través del FSLN ha acaparado las instituciones del Estado, el resquebrajamiento del mismo a través del vaciamiento de la legitimidad a sus procedimientos institucionales va creando un vacío de poder y gobernabilidad. La gente no tiene confianza en sus instituciones. De esta manera gobernar de manera unilateral es imposible para el régimen que Ortega encarna. La tarea fundamental es desconocerlas totalmente y, sobre todo, no financiarlas indirectamente a través de nuestros tributos.
Cuarto, no son sospechas, ni teorías descabelladas de que hay una pugna, no completamente abierta, por el poder al interior de FSLN. Cuadros históricos del partido no simpatizantes con Rosario Murillo han sido desplazados en los últimos años de las posiciones de poder que habían tenido a lo largo del partido cuando esté todavía existía (sic). Por tanto, si la crisis al interior avanza y dichos cuadros se alinean para recuperar sus posiciones y, sobre todo, en aras de salvar un partido que jamás va a ser el mismo bajo la percepción de las grandes mayorías del pueblo, presionan a Ortega para aceptar el adelanto de elecciones con o sin él en el proceso previo, esto le permitirá a la ACJD en el DN conformar acuerdos políticos verdaderos que lleguen a cumplirse. Esto no quiere decir que un Orteguismo sin Ortega es el mejor camino.
Quinto, y de manera fundamental, es necesario que así como el COSEP y todo el empresariado organizado rompió con el régimen luego del dieciocho de abril estos sigan distanciados de cualquier intento del régimen de querer acapararlos para, en aras de continuar en el poder, configurar un arreglo que le permita una relativa e ilusoria estabilidad para intentar paliar la crisis sociopolítica. Por tanto, es menester hacer un llamado y exigir que las fracciones no reformistas y con afán de cambio tomen medidas más beligerantes sobre la situación; esas medidas que mucho dependen de su llamamiento.
Sexto, y no menos importante, es necesario construir una coalición unida entre los sectores que luchan contra el régimen Ortega–Murillo. En la ACJD hemos sido enfáticos que nuestra estrategia de negociación va de la mano de la movilización; de la capacidad del pueblo de encontrar nuevos repertorios de acción colectiva, haciendo uso de aquellos heredados como las barricadas, pero también construyendo otros nuevos. Ninguna capacidad individual de negociación o notabilidad nos hará avanzar. Por tanto, es fundamental que varios sectores, organizaciones, colectivos y movimientos surgidos de la lucha se sumen para que, desde sus propias “trincheras”, presionemos al régimen.
La posibilidad de avanzar para dar salida a esta disputa se encuentra entre un desborde del pueblo, opción que a mi parecer es menos probable, y la configuración de acuerdos políticos con capacidad futura de institucionalización entre, y esto es importante, fracciones reformistas y con afán de cambio político del viejo régimen de Ortega-Murillo y fracciones o bloques amplios de las fuerzas democráticas que, desde el afuera institucional, reclaman para sí la representación de la voluntad del pueblo y disputan el poder político. La historia de las transiciones hacia la democracia nos dicen que el papel de las élites políticas y económicas en interrelación con el pueblo es fundamental para su consecución.
Sin ninguna intención de exaltar el triunfalismo, se podría decir que el fusil es lo único que le queda a Ortega.
*Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN). Coalición Universitaria y de Sociedad Civil. Este artículo no expresa la opinión de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
