13 de julio 2018
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Dos días después de publicar sendos acuerdos presidenciales por medio de los cuales el ingeniero Francisco “Chico” López Centeno cesaba en la presidencia de Petronic y en la de Eniminas, una nueva publicación en La Gaceta Diario Oficial, vuelve a reducir el papel del tesorero del FSLN en el aparato estatal.
En esta ocasión, el Acuerdo Presidencial 105 – 2018, le quita a López “la representación de las acciones de capital propiedad del Estado de Nicaragua, en las entidades Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. (Disnorte) y Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. (Dissur)”.
Esa es una consecuencia más de haber sido incluido por el Gobierno estadounidense en la lista de sancionados por la Ley Global Magnitsky, que congela los bienes y propiedades que los afectados pudieran poseer en ese país, a la vez que prohíbe a los ciudadanos y empresas de esa nacionalidad, hacer negocios con ellos, o con cualquier banco que tenga transacciones con ellos, lo que los convierte en una especie de ‘parias financieros’.
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Junto a López, vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), también fueron sancionados Francisco Díaz, jefe de facto de la Policía Nacional, y Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua. Antes, en diciembre de 2017, se había sancionado a Roberto Rivas, entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, señalado de corrupción, y por su complicidad en la comisión de fraudes electorales.
La empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aún no ha notificado si López será sustituido en la vicepresidecia de la empresa mixta estatal, Albanisa, en la que Venezuela tiene el 51% de las acciones. Pero al haber sido López desplazado de la presidencia de la empresa estatal Petronic, fuentes vinculadas a la indistria suponen que también debe dejar el rol de gerente todopoderoso que ejerce en Albanisa. “Ningún banco que tiene corresponsales internacionales --excepto Bancorp, cuyo accionista mayoritario es Albanisa-- se arriesgaría a mantener cuentas bancarias en las que “Chico” es el representante de Albanisa”, advirtió una fuente del sector financiero
Separar a López de las instituciones estatales es una necesidad para que las entidades que dirige puedan seguir trabajando con la banca nacional, y hasta para hacer cualquier tipo de negocio o negociación con otras entidades, sin exponerlas a ser sancionadas por Estados Unidos.
Este condicionamiento sugiere que Díaz y Moreno podrían seguir el mismo camino, aunque siempre queda la posibilidad de que dejen de ser firmas libradoras de las entidades públicas para las que trabajan, en el supuesto de que tienen esa responsabilidad.
Al quitar a Chico López la representación accionaria, el mandatario se la otorga al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta Montalván, “con todas las facultades necesarias… con pleno derecho del voto de dichas acciones, y a elegir y ser electo en la junta directiva de la misma…”.
El Estado de Nicaragua es dueño del 16% de las acciones de la empresa distribuidora de electricidad, mientras que el consorcio TMI, compuesto por las empresas TSK y Melfosur, posee el 84% restante desde febrero de 2013.
