12 de julio 2018
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La represión del Gobierno de Daniel Ortega, en 86 días de protestas, ha dejado al menos 264 personas muertas, de acuerdo a la actualización que realizó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante su intervención Abrao criticó “la profundización de las formas de represión contra los manifestantes” por parte de las autoridades locales, una conclusión que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, desacreditó. El secretario de la CIDH aseguró que desde el comienzo de las protestas hasta la fecha hay más de 1800 personas heridas.
También denunció que los detenidos por las autoridades policiales han sido víctimas de “violencia, malos tratos e incluso tortura antes de ser trasladados a la sede de la Policía Nacional”.
El primer informe preliminar de la CIDH, de 76 muertos, se basó en la información facilitada por el Gobierno, también el documento final y las estadísticas presentadas en Washington, son una mezcla de información oficial y de observación directa en el campo.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, ante el Consejo Permanente de la OEA. Cortesía | OEA | Confidencial
Moncada Colindres nuevamente acusó a la CIDH de no ser objetiva en la elaboración del nuevo análisis. “Es un informe apresurado y carente de objetividad. Se requiere de tiempo, imparcialidad y de una actitud profesional para informar con aproximación a la verdad de lo que realmente ocurre en Nicaragua”, declaró Moncada.
Sobre las estadísticas, el secretario de la CIDH afirmó que están basadas en informes oficiales más la observación directa en el terreno y que es factible que esas cifras sean mayores, más del lado que apuntan las organizaciones civiles de Nicaragua.
Informe de la ANPDH: 351 muertos; Cenidh registra 258
Este miércoles la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), presentó el tercer informe preliminar que registra al menos 351 nicaragüenses muertos y 261 desaparecidos.
El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva (c), en conferencia de prensa. EFE | Confidencial
El informe de la ANPDH, indica que del total de fallecidos, 306 eran civiles, 28 formaban parte de grupos paramilitares, 16 eran policías y uno era miembro del Ejército, detalló en una rueda de prensa el secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva.
El informe tiene como corte la medianoche de este martes, mientras que el anterior reporte de la ANPDH, que analizaba hasta el 2 de julio, recogía una cifra de 309 muertos desde el 18 de abril. Esto quiere decir que, entre el 2 y el 10 de julio, al menos 42 personas fueron asesinadas.
“El ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita por cuanto los agentes no son identificables al llevar sus rostros ocultos en el ejercicio de su función policial ante la ciudadanía, lo que promueve actos ilícitos e impunes fuera del marco de la ley”, señaló Leiva.
El informe también recoge que existe un "uso desmedido y desproporcionado de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales del Gobierno del Estado de Nicaragua" que incluye "la utilización de armas de guerra y especialistas francotiradores contra la ciudadanía" en las protestas.
Por su parte el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), reporta 258 personas asesinadas identificadas, 2 cuerpos sin identificar en el Instituto de Medicina Legal, de estos 17 son menores de edad y 21 murieron el pasado fin de semana, durante la incursión de paramilitares y policías en Carazo.
Comisión “Porras” también brinda informe
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, creada por el Gobierno de Ortega, presentó un informe preliminar sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 4 de julio del 2018, en el que registran un total de 209 personas fallecidas, de las cuales 12 son mujeres y 197 hombres.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, durante una intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. Cortesía | OEA | Confidencial
“Hasta la fecha de cierre este informe no hemos identificado plenamente a 64 víctimas, de las cuales solo obtuvimos un nombre y un apellido, lo que se dificulta por la existencia de homónimos, así como las limitaciones para la verificación in situ y la desconfianza creada en la Comisión y en otras instituciones públicas que obstaculizan la obtención de información”, resalta el documento.
De acuerdo al informe preliminar, la Comisión tuvo acceso a información de la Policía Nacional, Ministerio de Gobernación, Sistema Penitenciario y el Ministerio Público, no así a las cárceles de Auxilio Judicial, para indagar sobre las personas detenidas hasta el 2 de junio del 2018. En ese periodo registraron 620 personas detenidas, de las cuales 64 eran menores de edad.
“Según la información obtenida todas esas personas fueron liberadas en presencia de la Iglesia Católica y algunas organizaciones de Derechos Humanos, con excepción de seis que fueron remitidas a la vía judicial. Es sumamente preocupante que 64 ciudadanos detenidos son adolescentes entre edades de 14-17 años, Lo anterior afecta las disposiciones que regulan el tratamiento de menores, de conformidad al Código de la Niñez y Adolescencia”, expresó Cairo Amador, integrante de la Comisión.
La comisión, cuyo propósito es investigar los crímenes ocurridos durante las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, está integrada por el sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el sub procurador de derechos humanos, Adolfo Jarquín; y el académico e intelectual Cairo Amador.
Amador afirmó que no tienen datos actualizados sobre el número de ciudadanos detenidos por la Policía Nacional, y tampoco sobre los que tienen procesos judiciales. “Hemos pedido información y no nos la han entregado”, refirió.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) tiene registro de 35 personas que enfrentan procesos judiciales. De estas, 11 son de Sébaco, 12 de Tipitapa, 5 de Matagalpa y 5 de Ciudad Darío. Además de Brandon Cristofer Lovo Tayler y Glen Abraham Slate, acusados por el asesinato del periodista Ángel Gahona.
Los cargos de los que se les acusa son terrorismo, uso de arma restringida, posesión ilegal de armas, crimen organizado, robo agravado bajo modalidad de intimidación, secuestro extorsivo y asesinato.
(Con información de EFE)
