6 de julio 2018
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Familiares de once ciudadanos detenidos en Sébaco, Matagalpa, acusados de terrorismo y otros delitos, denunciaron ante los medios de comunicación que el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, impidió que los jóvenes fuesen defendidos por los abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
Josefa Cabrera, madre de Mauricio Eliezer Castillo Cabrera, expresó que la autoridad judicial no permitió que ingresaran a la sala en la que estaba su hijo y los demás detenidos. Aseguró que indujeron a los muchachos a que “aceptaran” la defensa de los abogados que el Estado proporciona en estos casos.
“No nos dejaron entrar. Ellos tenían a las mismas lacras, sus abogados, que solo sirven para condenar a la gente. Como madre, yo digo que quien tiene que defender a nuestros jóvenes son los abogados de la CPDH”, expresó Cabrera.
Los jóvenes fueron secuestrados el pasado 30 de junio por grupos paramilitares y de la Policía Nacional. La versión oficial dice que intentaban poner un tranque en la carretera, sin embargo, los familiares expresaron que los llegaron a sacar de sus casas.
Julio Montenegro, abogado de la CPDH, explicó que la jueza suplente María Corea argumentó que al momento de la audiencia los “mandó a buscar” pero los defensores no estaban “afuera de la sala” donde se realizaría el proceso legal. El defensor rechazó lo dicho por la judicial.
“Nos presentamos para ejercer la defensa de los jóvenes. Hicimos una lista de los familiares que iban a estar presentes en la audiencia, sin embargo, enllavaron las puertas y nos dejaron afuera sin razón alguna. Están violentando sus derechos, porque son los jóvenes quienes tienen la potestad de elegir a sus representantes”, afirmó Montenegro.
La madre de Michael Valle, también detenido en Sébaco, expresó que no entiende por qué su hijo está siendo acusado por delitos que nunca ha cometido. Aseguró que su vástago fue golpeado por los antimotines y que esta no es la Nicaragua que ella deseaba para su familia.
“Yo he vivido diez años en Costa Rica y vine por mi hijo, pero sinceramente no quiero estar en este país. Mi hijo no es un vago ni nada. Él estaba ejerciendo su derecho a protestar y por eso es que lo capturan”, indicó.
De igual forma los familiares de doce ciudadanos detenidos en Tipitapa por la Policía Nacional, se presentaron a la CPDH para denunciar que la acusación de terrorismo y portación o tenencia ilegal de arma de fuego, que realizan en contra de los suyos, tiene muchas inconsistencias.
María Aburto denunció que la acusación realizada a su hija Yudielka Flores, es falsa, al igual que las de los otros detenidos.
"Dicen que mi hija estaba en los tranques desde el 28 de abril y es mentira porque ella trabaja en la Zona Franca. También que la capturaron en el tranque, y eso es mentira, porque con qué tiempo ella va a estar en esas cosas, si es empleada activa. A mi hija la sacaron arrastrada de la casa de su suegra”, aseguró.
Aburto agregó que su hija tiene dos meses de embarazo y le preocupa que todo este proceso afecte su periodo de gestación. “Es ilógico todo esto que nos pasa. No solo mi hija tiene problemas, también hay un señor que tiene una pierna afectada, pero a ellos no les interesa”, insistió.
Los ciudadanos de Tipitapa fueron capturados días atrás por la Policía Nacional. Contrario a la versión oficial que indica que los “apresaron” en el tranque, los familiares de los detenidos explicaron que ese señalamiento es falso, pues los llegaron a sacar de sus casas a “punta de balazos”.
Leyla Prado, abogada de la CPDH, criticó la acusación que realizan a los ciudadanos que han protestado en Sébaco y Tipitapa. Expresó que este derecho, sumado a la libertad de expresión, no puede ser catalogado como terrorismo ni criminalizarse.
“La población solo está ejerciendo derechos legítimos. Se ha vuelto una tónica que a los detenidos por las protestas son llevados los fines de semana a los despachos que no están en horas laborables. Nosotros tuvimos audiencias a las dos de la tarde, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, y esto nos dificultó la entrada”, relató la abogada.
Prado cuestionó que la acusación de terrorismo, que es de suma complejidad, haya sido descrita en tres párrafos de seis líneas cada uno, cuando son doce personas a las que se está imputando, quienes supuestamente estaban haciendo tranques y armados, intimidando a los ciudadanos.
“La protesta nuestra fue porque el juez iba admitir una acusación contra doce personas cuando no las ubican haciendo acciones de terrorismo. Cómo es posible que una embarazada o un herido puede estar haciendo esto. Y que el Ministerio Público lo haya descrito en tres párrafos, cuando supuestamente dicen que estuvieron muchos días en el tranque”, cuestionó Prado.
La abogada consideró que en estos procesos se puede identificar a un “Estado represivo” que violenta los derechos de los ciudadanos, queriéndolos ajustar a situaciones criminales. Y esto lo “rechazamos” porque los imputados laboraron todo este tiempo en la Zona Franca.
Presentarán propuesta de Diálogo Nacional
Azahálea Solís Román, miembro de la Comisión de Verificación y Seguridad del Diálogo Nacional, expresó que respecto al tema de los jóvenes detenidos ilegalmente por la Policía Nacional, y los que enfrentan procesos en los juzgados, se están realizando acciones para presentarlas el próximo lunes.
“Estamos trabajando en que se solucionen distintas situaciones. Hay 16 personas ilegalmente detenidas o desaparecidas. Hay una cantidad que está creciendo, arriba de 50 personas, que están siendo procesadas ilegalmente y abriendo procesos, acusándolos hasta de crimen organizado simplemente por protestar. Luego tenemos el problema de las torturas y violaciones sexuales y cárceles clandestinas”, explicó Solís.
La abogada constitucionalista manifestó que están recabando información para evaluar los casos con los organismos de derechos humanos y llevar una propuesta el próximo lunes, que se reanuda el Diálogo Nacional.
“Hemos armado un equipo de abogados para apoyar a las personas en cada caso. Lo que queremos es que todos los ciudadanos estén cubiertos y colaborar. Tenemos una serie de planes y acuerdos para trabajar en ese orden, porque la masividad de la violación de derechos humanos es grande”, finalizó Solís.
