5 de julio 2018
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Las presiones y amenazas de la Superintendencia de Bancos, contra la banca privada para que identifiquen con nombres y apellidos a los clientes que han sacado más de 50,000 dólares de sus cuentas, fue rechazada por empresarios, productores y abogados, como una acción que perjudica la necesaria confianza que debe existir entre los clientes y la institución bancaria de su preferencia.
Para el abogado Alejandro Aguilar, especializado en temas bancarios, la clave es saber cuál es esa información adicional que el Superintendente está pidiendo de forma extraoficial. “Es sumamente preocupante, porque ninguna entidad oficial puede pretender obtener información de una forma en que no está facultado por ley, y luego pretender aplicar una multa por ello. Lo veo como un abuso de autoridad”, sentenció.
El número de bancos multados son tres, según el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que es uno de los que sustenta que la razón para pedir esa información “es política”.
Alejandro Aguilar, jurista nicaragüense, especialista en temas bancarios. Archivo | Confidencial
En opinión del jurista Aguilar, que un banco entregue las operaciones personales de un cliente al Gobierno, genera un ambiente de desconfianza en la Banca, que puede provocar un daño muchísimo mayor.
“Si el Estado sospecha que alguien (un banquero) no está siendo ‘leal’, le puede suspender lo que ellos consideren pertinente, pero no pretender obligarlo a que les entregue información a la que la Ley no les permite acceder”, añadió.
“La Ley es clara en cuanto a que el levantamiento del sigilo bancario se hace caso por caso y con orden judicial, cuando alguien está involucrado en un crimen. Ninguna ley faculta a la SIBOIF a levantarlo de manera general. Si eso ocurriera sería el fin del sistema financiero”, alegó.
Aguilar recuerda que “en todo el mundo, el sistema bancario está construido sobre la base de que se trata de operaciones de confianza entre la banca y el cliente, y si esa relación de confianza se fractura y desaparece, estás socavando la columna vertebral de tu sistema financiero”.
“Injerencismo”
Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), tilda de “injerencismo” la actitud de la Superintendencia, debido a que la banca tiene sus normas y regulaciones.
Michael Healy, presidente de Upanic. Carlos Herrera | Confidencial
“Estamos totalmente en contra de esa petición”, que atenta contra el sigilo bancario, aseveró al ser entrevistado en el programa Esta Noche, que se transmite por Canal 12. “No podés obligar a la Banca a informar cuánto está sacando cada cuentahabiente, porque eso es una relación privada entre el cliente y el banco. No necesariamente el Gobierno ni la Superintendencia tienen derecho a saberlo”, rechazó.
A su juicio, la motivación detrás de esa insólita petición, es “ejercer más presión contra el sector privado. El gobierno ha venido presionando en diferentes formas al sector privado, debido a que el 18 de abril se rompió el diálogo bilateral”, argumentó.
“La Superintendencia tiene que entender que si sigue presionando, pidiendo información que los bancos no están obligados a dar, creará una afectación mayor en la economía nacional, especialmente el sistema financiero. No hay que jugar con fuego. Si las proyecciones de Funides hablan de un -5.8% de crecimiento para este año, esto podría incrementar mucho más esa caída”, advirtió.
“Creo que la Superintendencia de Bancos, el superintendente, y también el presidente del Banco Central, deben reflexionar a ver cuál es la información que tienen derecho a pedir, y no presionar a la banca para sacarle otra información, lo que es totalmente ilegal”, recordó.
“El sigilo bancario tiene que ser protegido. El sistema financiero en Nicaragua ha tenido un gran éxito desde su fundación, debido a que se ha fortalecido el sigilo bancario y no podemos quebrarlo”, concluyó.
Digan con claridad qué quieren
Para el economista Alejandro Aráuz, que la Superintendencia continúe con esa línea de acción representa un gran riesgo, porque “la banca vive de los ahorros que la gente deposita, y esto puede impactar a todos los clientes de los bancos”, debido a que “la gente podría preferir tener el dinero en su casa, y eso impactaría en la banca”.
“La Superintendencia está rompiendo el sigilo bancario al pedir esa información, y eso puede generar desconfianza generalizada en el sistema bancario”, aseguró.
“Lo otro es la amenaza de que el Banco Central de Nicaragua (BCN), no les proveerá fondos, pese a que por Ley tiene que hacerlo. Con esa medida le están creando un riesgo adicional al sistema bancario, que puede repercutir en el riesgo país, si las calificadoras de riesgo disminuyen aún más las calificaciones del país”, alertó.
Aráuz se pregunta qué sentido tiene la exigencia del Superintendente. Si es controlar la salida de dinero, advierte que hay otros mecanismos para lograr eso mismo. “No sé qué fines tiene. Como economista, te digo que no lo entiendo. Es una medida muy oscura”.
Otro que reaccionó con extrañeza es el empresario Gabriel Pasos, que hasta hace cinco semanas era miembro del consejo directivo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). Él considera que la situación planteada es “un asunto muy delicado. Un tema muy sensible: la confianza del público es lo más importante en un sistema financiero”.
Pasos asegura que “nunca vi una situación similar en los años que estuve ahí”, hasta que renunció a las diez de la noche del 30 de mayo, después de la masacre del Día de la Marcha de las Madres.
Si la petición de Urcuyo es “totalmente inesperada”, el castigo en la que se involucra el BCN “no está contemplado. Hay penas, multas, sanciones, pero no creo que exista algún artículo así en la Ley”, reflexionó.
Confidencial consultó a una fuente de alto nivel dentro de la Superintendencia, quien se limitó a señalar que “la circular solicita información de carácter general, al pedir el comportamiento de los depósitos de forma segmentada. Eso fue lo que expresó el superintendente en su comunicación escrita, así que la respuesta de los bancos no podría estar basada en presunciones o interpretaciones”.
[destacado titulo= "Cosep: Aunque los multen"]
José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Carlos Herrera | Confidencial
El sector privado cerró filas en su apoyo a la banca nacional, aunque la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), se abstuvo de emitir una opinión pública en defensa de sus agremiados.
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, reitera que la solicitud del superintendente “es totalmente ilegal”, y cuenta con el rechazo del sector privado. “No existe ninguna disposición que le permita a la Siboif saber quién está sacando dinero y quién no”, sostuvo.
El líder gremial aseguró que “a los bancos les corresponde mantener una posición firme, una posición en la que no importa que sean multados, porque se tiene que proteger el sigilo bancario. No podés jugar a romper el sigilo por razones políticas, porque eso acaba con el deber que tiene un sistema financiero”.
La banca ha sido “clara, firme, de que no va a caer en ese juego, y que no van a dar esa información”, aunque tres de ellos ya habrían sido multados, adelantó.
Lo que está ocurriendo “es por manipulación política. Es una acción dirigida, como la que están haciendo con las tomas de tierra. Ya no solo afectan a las personas del sector privado con una acción selectiva, sino que están queriendo identificar quiénes son las personas que están sacando recursos, con fines de manipulación política, y eso es inaceptable”, sentenció. [/destacado]
