27 de junio 2018
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En 68 días de represión oficial a las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, al menos 285 nicaragüenses han sido asesinados, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en en un informe preliminar que detalla la cifra de los fallecidos desde el 19 de abril hasta el pasado 25 de junio.
El informe, presentado la mañana de este martes en un hotel capitalino, expone que los departamentos en los que ha muerto más personas son Managua (145), Masaya (35) y León (20). Según el mismo documento, los días que se reportan más muertos son el 20 de abril (23), el 30 de mayo (20) y el 21 de abril (13).
Álvaro Leiva, secretario de la ANPDH, explicó que del total de personas muertas (285) que registra este organismo en el informe preliminar, 23 ciudadanos todavía no están identificados y solo se cuentan con foto, noticias periodísticas o soporte documental. Asimismo agregó que reportan más de 1500 heridos, y de estos, 46 con daño permanente.
“Los 262 ciudadanos restantes los tenemos debidamente identificados, con sus dos nombres y sus dos apellidos, números de cédula, edad, causas de fallecimiento, lugar donde se dieron los hechos. Todo esto forma parte de la información del centro de monitoreo nacional que tiene la ANPDH, que visualiza los medios de comunicación, nacionales e internacionales, además de las denuncias directas de las víctimas, testimonios, pruebas documentales, que han sustentado cada uno de estos asesinatos”, refirió Leiva.
El pasado 22 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que “la acción represiva del Estado”, produjo la muerte de 2012 personas, y había dejado al menos 1337 heridos y 507 detenidos. Además denunció “usos arbitrarios de la fuerza letal o la existencia de ejecuciones extrajudiciales”.
En su informe, la CIDH afirmó que de conformidad con los testimonios recibidos durante la visita que realizó al país a inicio de mayo, se desplegaron “como otro medio de represión de la protestas francotiradores respecto de los cuales habrían elementos para indicar un vínculo con agentes del Estado”.
"Operaciones de grupos paramilitares y de choque"
El documento presentado por la ANPDH refiere que el ejercicio de la función policial no se está haciendo de forma lícita, por cuento no son identificables por el hecho de “ocultar sus rostros” cuando salen a la calle ante la ciudadanía, lo que “promueve actos ilícitos” e impugne fuera del marco de la ley.
“Estas son operaciones de grupos armados paramilitares y de choques ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de morada y daño a la propiedad privada y pública motivados por un fanatismo partidario”, señaló Leiva.
El secretario de la ANPDH aseguró que existe un estado de sitio no declarado provocado por operaciones de estos mismos grupos armados, que de igual forma ejercen capturas en la noche o la madrugada, con lista en manos, siendo dirigidos por integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC).
“Hay un uso desmedido y desproporcionado de armas de fuegos por parte de las fuerzas policiales del Gobierno, que no justifica la utilización de armas de guerra y de francotiradores en contra de la ciudadanía que protesta cívica y pacíficamente como un derecho humano y constitucional”, finalizó Leiva.
Los miembros de la ANPDH expresaron que no se puede restituir la paz social si no existe coherencia entre lo que dice el Gobierno y lo que practica. También solicitaron al presidente Ortega el cese a la hostilidad y las amenazas que los ciudadanos reciben a diario.
