OEA exige a Ortega a poner fin a la matanza

La sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue calificada como exitosa por la sociedad civil nicaragüense y analistas políticos, porque once países condenaron la violencia y la represión del Gobierno de Daniel Ortega, y respaldaron el informe final presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denuncia graves violaciones de derechos humanos en el país.

México, Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Canadá, Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador y Paraguay llamaron al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la represión contra las protestas pacíficas y recomendaron buscar una pronta solución a la crisis. Solamente Nicaragua, Bolivia y Venezuela rechazaron el informe de la CIDH que calificaron de “sesgado” y “poco profesional”. Mientras, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en una salida electoral a la crisis.

La sesión fue un evento mucho más positivo del que se esperaba, afirmó Francisco Aguirre Sacasa, excanciller de la República y exembajador de Nicaragua ante Estados Unidos, en el programa televisivo Esta Noche.

Según Aguirre Sacasa el anuncio de que habrá una segunda reunión para dar seguimiento a lo que sucede en el país, además de la actualización del número de muertos, y tocar el tema de adelantar elecciones para el 2019, aunque no necesariamente para el primer trimestre de ese año, es algo a resaltar.

Piden fin a la violencia

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que el Gobierno de Ortega debe poner fin a la violencia e intimidación, porque “no son aceptables” los ataques en contra de los que protestan pacíficamente.

“Hubo un informe que se recibió actualizado hoy día y aquí lo que vemos es una violación sistemática de Derechos Humanos y también vemos el rol claro que juega el Gobierno de Nicaragua en la represión y la violencia”, declaró.

En ese sentido, urgió al Gobierno de Ortega a proteger a sus ciudadanos y “responsabilizar” a quienes violan los derechos de los nicaragüenses.

En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó que respalda el informe final que la CIDH el que catalogó como “contundente” y “un paso firme hacia el camino de la justicia”.

Moncada rechaza informe

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, rechazó el informe final de la CIDH, porque el Gobierno de Ortega considera que “condena a priori” al Estado y que esta basado en “información tomada de medios opositores”.

“Nicaragua rechaza de forma integral el informe de la CIDH por considerarlo subjetivo, prejuiciado y totalmente parcializado”, dijo Moncada Colindres durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, en Washington.

Moncada Colindres insistió que muchos de esos hechos violentos “no se dan en el marco de la protesta social, sino en el marco de un intento de la ruptura de constitucionalidad para cambiar por la vía del hecho a las autoridades y del Gobierno legítimamente electo”.

“Reafirmamos que no es política de Estado la represión de las fuerzas sociales y menos el uso arbitrario de la fuerza. Rechazamos las recurrentes e infundadas afirmaciones sobre denuncias hechas contra el Estado de Nicaragua y, en particular, de la Policía Nacional, a la que alude el informe”, insistió.

Ortega sin respaldo

Al respecto, Aguirre Sacasa expresó que no le sorprendió el rechazo que hizo el Canciller Moncada Colindres y consideró que lo que hubiese sido “un terremoto político”, habría sido que el Gobierno aceptara al pie de la letra todo lo escrito en el documento.

“Lo hizo de forma elegante (el rechazo), en otras ocasiones ha sido duro con Almagro, como cuando se hablaba de Venezuela, que incluso pidió su renuncia. Sin embargo, el hecho que haya sido diplomático no quiere decir que haya convencido a alguien de lo que decía, la línea del Gobierno tiene poca credibilidad”, afirmó el excanciller.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, tildó de “cínico” el discurso del Gobierno en la OEA, mientras el académico Carlos Tünnermann dijo que Ortega no tuvo prácticamente ningún respaldo internacional.

“Es vergonzoso el discurso cínico. El cinismo funciona como una droga para no afrontar la realidad, como un sedante para soportar la vergüenza por el mal cometido y como un estimulante para dar apariencia de fortaleza. Al final el cínico acaba intoxicado”, resaltó Báez en Twitter.

Tünnermann dijo que, aunque Moncada Colindres “trató de quitarle méritos” al informe de la CIDH, “esa apreciación no recibió el apoyo de más que un país, que fue Venezuela” que “tiene un discurso parecido” al del Gobierno de Ortega.

“Incluso el embajador de Bolivia fue bastante prudente en su intervención y solo habló de la posibilidad de que el informe no reflejara toda la verdad, pero no atacó el documento como lo hizo el canciller”, explicó el miembro de la Mesa del Diálogo Nacional.

En la mira regional

José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, aseguró durante el programa Esta Noche que el éxito en la sesión extraordinaria fue que Nicaragua está puesta en “la gran pantalla” de los asuntos hemisféricos dentro de la OEA y que se logró llamar la atención de países importantes como Brasil, México, Argentina o Canadá, quienes se pronunciaron contundentemente sobre este asunto y viendo la situación de Nicaragua con claridad meridiana.

“El informe de la CIDH sigue siendo contundente. Hay un párrafo que establece las responsabilidades del Gobierno en las actividades de la represión. Me extrañó mucho la indiferencia de los países del triángulo norte de Centroamérica, Panamá y los países del Caribe que también guardaron silencio. Sobre las posiciones de Venezuela y Bolivia me llamó la atención que mientras una fue desabrida, la del delegado boliviano fue prudente, cuando había sido incondicional antes”, indicó Velásquez.

El Gobierno de México, a través del embajador Jorge Lomónaco, llamó al de Nicaragua a “reconsiderar” su posición y lo invitó a cumplir las recomendaciones presentadas por la CIDH.

Por su parte, el embajador de Chile ante el organismo, Juan Aníbal Barría, señaló que el informe de la CIDH es imparcial y que sus recomendaciones deben implementarse para solucionar “la dramática situación que vive Nicaragua”.

Durante su intervención la representante de Costa Rica, Rita María Hernández Bolaños, exhortó al Gobierno de Nicaragua “a cesar de inmediato la represión en contra de los manifestantes” pero también evitar el uso excesivo de la fuerza y finalizar las detenciones arbitrarias contra los manifestantes.

Hernández Bolaños dijo que el informe de la CIDH “atestigua la represión ejercida” por la Policía Nacional y “el uso desproporcionado de la fuerza” de grupos paramilitares.

El representante de Colombia y presidente del Consejo Permanente de la OEA, Andrés González Díaz, dijo que la comunidad internacional debe responder al llamado urgente que hace la población nicaragüense para que se le ayude ante la violencia que enfrentan.

“Es urgente e imperativo el cese a la represión porque las cifras de muertos no pueden seguir creciendo. Deben detener la violencia contra una sociedad civil que inerme, la mayoría de las veces pacíficamente, ejercer su derecho a protestar”, expresó.

Por su parte, la embajadora de Canadá, Jennifer Loten, condenó la violencia de las fuerzas del Estado en Nicaragua donde la población civil “ha sido intimidada diariamente” desde el pasado 18 de abril.

“Este conflicto que abarca toda la nación ha tenido un impacto devastador en toda la ciudadanía nicaragüense y plantea serios riesgos a la seguridad general”, dijo.

[destacado titulo="Almagro propone elecciones a más tardar en agosto de 2019"]

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, propuso que se realicen comicios presidenciales y parlamentarios en un plazo mínimo de nueve meses, es decir en marzo de 2019 como le propuso la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) a Ortega recientemente; o en un plazo máximo de 14 meses, en agosto del próximo año.

“La decisión del futuro de Nicaragua no es de una elite política y social, es del pueblo. Ningún tipo de persona en particular debe prevalecer sobre su futuro, todos y todas las nicaragüenses son los dueños de su país”, afirmó.

Almagro sostuvo que la solución para Nicaragua pasa por la celebración de elecciones anticipadas, pero también por “el camino de la justicia” con la rendición de cuentas de los responsables de la violencia.

“Se necesita una respuesta política, esencialmente una respuesta política desde el poder.  En la política no tiene sentido prevalecer sobre la voluntad popular, es la voluntad popular la que debe prevalecer, hay que hacerlo con elecciones, contando los votos. Las elecciones deben ser pronto. El tiempo va en contra de Nicaragua, el paso del tiempo significa más represión, más violencia, más muerte”, urgió.

José Luis Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, expresó que el tono de Almagro ha variado y se ha notado en los pronunciamientos que ha hecho en sus redes sociales, como en el caso de Masaya, que pidió el cese a la represión.

Velásquez agregó que el seguimiento que dará la OEA, significa que está dando tiempo para ver si el Gobierno detiene la matanza, la represión, el caos inducido que está generando en Nicaragua. La segunda parte de esa espera tiene que ver con la recepción de los organismos internacionales que llegan al país la otra semana.

Para Aguirre Sacasa el hecho de que los países como Brasil, Paraguay y Chile, abordaran la idea del diálogo como mecanismo para llevar a la democratización y justicia, es porque esto ha cobrado beligerancia en la comunidad internacional.

“Creo que el Gobierno está tácitamente aceptando, por ahora, modificar la fecha de elección, pero en el fondo por su comportamiento te das cuenta que no avanzan en el diálogo y están creando un ambiente que hace difícil dialogar”, refirió.

El exembajador ante la OEA, consideró que para que el diálogo funcione se debe cumplir una serie de prerrequisitos importantes, y el más inmediato es suspender la matanza, el caos y el deterioro social del país. Además, el problema de la verdad y la justicia, pues no se pueden sentar a negociar elecciones sin esto definido.

Representantes de la Secretaría General de la OEA y del Gobierno de Nicaragua están trabajando en una serie de reformas electorales, que prevén concluir en enero de 2019.

Las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para el 2021, pero la mayoría de la población pide la renuncia de Ortega y elecciones adelantadas.