Más de 200 han sido detenidos ilegalmente en El Chipote

Después de siete días apostada en un portón, la espera de Anastacia Centeno, de 96 años, terminó. La Policía liberó a su nieto Bernardo Jarquín, este viernes, junto con otros doce recluidos que permanecían en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como "El Chipote". El trago amargo de estas familias finalizó en uno de los jardines de la Catedral Metropolitana, de Managua, donde el abrazo entre Anastacia y su nieto Bernando dio un desenlace feliz a una de las historias que han conmovido el país, durante la brutal represión oficial a las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, que ya cumplieron dos meses, con un saldo de 212 muertos, que sigue creciendo.

Trece nicaragüenses, la mayoría jóvenes, fueron entregados a sus familiares por el delegado de la Iglesia católica, monseñor Miguel Mántica, y representantes de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Sin embargo, una comisión de abogados que han seguido estos casos, sostiene que desde el 24 de abril, más de 200 nicaragüenses han sido detenidos ilegalmente en estas celdas que también sirvieron a la dictadura somocista. Y no todos han tenido la suerte de Bernardo.

Detenidos ilegalmente y con abuso de fuerza

Jairo David Aragón, de 16 años, fue uno de los liberados. Fuerzas paramilitares lo arrestaron la mañana del viernes 15 de junio cuando se dirigía a una pulpería en el barrio Santa Rosa de Managua, lo golperaron y lo trasladaron a El Chipote. Al igual que él, hasta la tarde de este viernes, se encontraban al menos 30 personas arrestadas ilegalmente en esas celdas, entre ellos cuatro menores de edad, según la Comisión de Investigación de Desaparecidos y Detenidos.

Jairo estuvo ocho días preso sin que se le hayan presentado alguna acusación en su contra, y aunque la ley contempla su libertad en un tiempo menor a 24 horas, la falta de responsabilidad de los jueces ejecutores designados por los tribunales de Managua han prolongado la estadía de todas estas personas en prisión. “No conozco a su hijo, no tengo porqué ir a sacar a alguien que no conozco”, le dijo una de las juezas ejecutoras a la madre de Jairo.

Según la Comisión Permanente de Derecho Humanos (CPDH) hay arbitrariedades de parte del Tribunal de Apelaciones quienes nombran como jueces ejecutores de estos casos a funcionarios del gobierno que han aplazado los tiempos, no responden a las solicitudes y hasta cobran a las familias para sacar en libertad a los detenidos, acciones que contraria a la Ley de Amparo.

“Cuando el tribunal nombra a abogados como jueces ejecutores estos deben hacer esas acciones de manera transparente y hacerlo estrictamente con respecto a la ley, y la verdad es que no lo hacen”, explicó Pablo Cuevas, asesor legal en la CPDH, en conferencia de prensa junto con familiares de los detenidos.

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Reynaldo Francisco Zérate, de 17 años, también fue arrestado cuando caminaba cerca del Mercado Iván Montenegro, la tarde del viernes. A él lo acusaron junto a otras personas de intentar quemar la casa del comisionado de la Policía Juan Valle Valle. Les hicieron una audiencia preliminar en privado con abogados del Estado, y los trasladaron a la cárcel La Modelo este miércoles.

Según Jonarquis Martínez, abogada de Reynaldo, la acusación emitida a su defendido no corresponde en su calidad de menor de edad, sino de adulto. Su juez ejecutor correspondiente, es asesor del tribunal laboral en la Corte Suprema de Justicia, y se se negó a proceder en favor del joven.

Son secuestros, no detenciones

Nohemí Guerrero es parte de la Comisión de Investigación de Desaparecidos y Detenidos, según ella, las detenciones caben dentro de la clasificación de “secuestros”, porque para que sean detenciones, la autoridad debería estar correctamente uniformada y no camuflada, y realizarla con una orden judicial previa.

“Ahí es donde radica toda la gama de violaciones constitucionales porque son personas encapuchadas que sabemos que son oficiales de Policía que llegan a transgredir la intimidad de un hogar, a detener a nuestros familiares e hijos”, describe Guerrero.

Además de arrestarlos sin ninguna orden, y no haberles encontrado culpa alguna sobre una acusación, son retenidos por más tiempo de lo que la ley contempla, que es de 48 horas, y 24 para menores de edad. Estas irregularidades también fueron plasmadas en el informe final sobre la primera visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que registró al menos 507 casos de arrestos ilegales en diferentes cárceles del país, entre el 18 de abril al 6 de junio.

Para el abogado José Manuel Nicaragua, las autoridades ha pretendido criminalizar la protesta pacífica “cuando realmente es un derecho y reprimir es un delito”. Pero también ha dejado en evidencia las violaciones a la Constitución Política y a la ley de Amparo, afirmó en entrevista al programa televisivo Esta Noche.

Ayuda humanitaria y asesoría legal

Nohemí Guerrero y José Manuel Nicaragua pertenecen a la Unidad Nacional de Abogados y Notarios de Nicaragua, UNANIC, una organización sin fines de lucro que a través de distintas comisiones pretenden dar acompañamiento, ayuda humanitaria y asesoría legal a las familias de víctimas asesinadas y arrestadas arbitrariamente en el marco de la crisis que atraviesa el país.

Una de estas comisiones es la de Desaparecidos y Detenidos, cuya función es apoyar con los recursos de exhibición personal la libertad de los “secuestrados”, y también de ser necesaria, está la otra Comisión de seguimiento y defensa técnica. Según José Manuel, todo esto de forma gratuita.

La Comisión nace ante una situación de “indefensión total” en Nicaragua “pueden existir leyes pero no están siendo cumplidas”, afirma Nohemí, y además explica que la labor de ellos es gratuita por ser una labor social.

“Nosotros le aportamos todo el conocimiento para que ellos puedan ejecutar y ejercer su derecho. Es el principal empoderamiento que queremos que la gente tenga, que sepan defenderse legalmente en todo lo que corresponde”, explicó en el programa televisivo Esta Noche.

Esta iniciativa está colaborando en conjunto con el Movimiento Madres de Abril, a quienes les están instruyendo sobre los procesos legales que corresponden con cada caso, además de monitorear la situación de los presos, la de las familias y como fiscalizadores del cumplimiento de la ley de amparo que ha sido violentada por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial.