13 de junio 2018
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Un grupo bipartidista de cuatro senadores del Comité de Relaciones Exteriores, presentó este martes un proyecto de ley para imponer sanciones a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, señalados de haber estado involucrados en actividades represivas, durante las masacres de abril y mayo, así como en violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
El proyecto fue presentado por los demócratas Bob Menéndez y Richard Durbin, y los republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, como una enmienda a una ley del presupuesto de defensa para 2019. “El objetivo de introducirlo de esa forma, explicó un asesor del Senado, es para circunnavegar la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y lograr que este proyecto de sanciones se discutan de forma directa en el plenario del Senado”.
A diferencia del proyecto de ley conocido como Nica Act, que condicionaría los préstamos de organismos multilaterales al Gobierno de Nicaragua, y que nunca fue sometido a votación por una decisión del senador Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, el nuevo proyecto se enfoca exclusivamente en sanciones a individuos del círculo cercano al presidente Daniel Ortega.
El proyecto para sancionar a los funcionarios orteguistas y sus allegados es similar a otro que fue promulgado en 2014 para el régimen de Maduro en Venezuela, promovido por el senador Bob Menéndez, el demócrata de más alto rango en la comisión de exteriores del Senado
Las sanciones
Las sanciones que ejecutaría la Administración Trump, a través del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, incluyen la denegación de visas, la prohibición de todas las transacciones relacionadas a la importación de bienes de Estados Unidos y el bloqueo de activos y transacciones internacionales.
El proyecto de Ley, al que tuvo acceso CONFIDENCIAL, establece que el presidente Trump impondrá las sanciones contra los señalados, “incluyendo cualquier funcionario actual o antiguo del Gobierno de Nicaragua o cualquier persona actuando en nombre de ese Gobierno, que el presidente determine” que haya “perpetrado, o es responsable ordenar, o de dirigir, actos significativos de violencia o abusos serios a los derechos humanos en Nicaragua contra personas asociadas a las protestas antigobierno que iniciaron el 18 de abril 2018”.
Además, podrán ser sancionados a quienes considere “responsable o cómplice en ordenar, controlar, o de otra manera dirigir acciones significativas o políticas que socaven el proceso democrático o las instituciones en Nicaragua”. También podrían sufrir las sanciones los funcionarios que estén señalados de ser responsables de actos de corrupción, “incluyendo la expropiación de bienes públicos o privados para lucro personal, corrupción relacionada contratos gubernamentales, soborno, o la facilitación o transferencia de lo generado por corrupción a jurisdicciones foráneas”.
El proceso de aprobación
Según el asesor del Senado, el voto en el Senado para aprobar el presupuesto de defensa, con la enmienda de las sanciones a los orteguistas, podría ocurrir esta misma semana. Después habría un proceso conciliatorio entre el proyecto del Senado y el de la Cámara de Representantes, que aprobó una ley similar. De manera que la votación final ocurriría en julio, y si esto no es posible, entonces en septiembre, después que el Congreso regrese de su receso en agosto. Una vez aprobada la versión final de la Ley por ambas cámaras, las sanciones a los orteguistas se convierten en una ley autónoma
Según el proyecto, al presidente Donald Trump le corresponderá ejecutar las sanciones. El Ejecutivo, a través del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro, en consulta con las demás agencias seleccionará a los funcionarios objeto de sanciones.
Al Departamento de Estado le corresponde decidir sobre la suspensión de las visas, y el Departamento del Tesoro le toca decidir sobre el congelamiento de activos a través de la OFAC (Office of Foreign Control Assets).
Una Magnitsky para Nicaragua
En diciembre pasado el presidente Donald Trump incluyó a Roberto Rivas, expresidente del Consejo Supremo Electoral, en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky, en el marco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El alegato original para considerar que Rivas era merecedor de esas sanciones, señala que el titular del CSE ha trabajado al servicio del comandante Daniel Ortega, durante más de una década, para negar a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres y transparentes.
La nueva ley concebida para sancionar a los orteguistas tiene alcances similares a la Magnitsky, pero su aplicación está centrada exclusivamente en Nicaragua por un período de cinco años, contemplando la existencia de una waiver anual para su aplicación, a fin de evaluar si el Gobierno de Nicaragua demuestra algún avance en sus prácticas para castigar las violaciones a la Ley y combatir la impunidad.
La fuente del Senado reveló que antes de la aprobación definitiva de la ley, el Senado “estará observando si el Gobierno de Nicaragua cumple con su oferta de reformas electorales y adelantar las elecciones”, que anunció esta semana la presidencia ante un enviado del Senado y la embajadora de Estados Unidos
Los desvisados
La semana pasada el Departamento de Estado de los Estados Unidos estableció una serie de restricciones de visas “contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o que socavan la democracia en Nicaragua”. La decisión fue tomada por Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Donald Trump.
Entre los afectados por estas medidas se encuentran “oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del Gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión”.
Debido a las leyes de confidencialidad de visas de Estados Unidos, en el comunicado no se identifican con nombre y apellido a los sancionados, pero sí se señala que “estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa. En ciertas circunstancias, los miembros de la familia de esas personas también estarán sujetos a restricciones de visa”.
