José Adán Aguerri: antes y después de los asesinatos

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP),  José Adán Aguerri, asegura que Daniel Ortega debe dejar el poder “lo más pronto posible”, tras sumir a Nicaragua en la peor crisis política de los últimos cuarenta años y causar la peor matanza en tiempos de democracia. El empresario aboga por una salida constitucional, negociada en la mesa del Diálogo Nacional, para evitar “más derramamiento de sangre y que siga creciendo este tsunami que ya nos afectó y que va a tener un impacto social y económico muy grande el año que viene”. Pronósticos del FUNIDES calculan que las pérdidas económicas pueden ser mayores a 600 millones de dólares y de seguir la crisis el año cerraría con 150 mil empleos perdidos.

El presidente del COSEP afirmó que el sector privado mantiene una posición firme sobre la ruptura del llamado “modelo de consenso” entre el Gobierno de Ortega y las cúpulas empresariales, que les resultó adecuado por casi una década. Todas las decisiones relacionadas a la economía se decidían entre esas cúpulas y Ortega. Mientras, el mandatario se apoderaba de las instituciones del Estado, convirtiendo al Tribunal Electoral en una maquinaria adaptada para organizar fraudes electorales que le garantizaran al Frente Sandinista de Liberación Nacional su permanencia en todos los ámbitos del poder. Fraude tras fraude, desde 2008 Ortega destrozó la credibilidad de los nicaragüenses en las elecciones, a la vez que sacaba del juego político a partidos opositores que pudieran atraer simpatías del electorado.

Ese modelo se agotó, dice Aguerri, a partir del 19 de abril, cuando Ortega desató la brutal represión contra los manifestantes que se oponían a una reforma a la Seguridad Social. Aguerri critica la respuesta oficial a las manifestaciones que exigen el fin del régimen, que ha dejado más de cien muertos y centenares de heridos. “A partir del 19 de abril, que fue cuando murieron los primeros héroes y mártires de este esfuerzo, hemos visto cómo cambió el país. No es lo mismo negociar en condiciones autocráticas, a negociar en una situación en la que hay asesinatos, represión, destrucción”, explica.

Aguerri hace una autocrítica y afirma que los empresarios tienen parte de la culpa en centrarse solo en los temas económicos y no presionar más por temas relacionados a la institucionalidad y la democracia. “Hemos sido claros en señalar de que somos responsables de lo bueno y de lo malo que se había dado en el país dentro del esquema que habíamos trabajado hasta esa fecha. Pero una vez que comenzó a suceder este escenario de violencia, inmediatamente la decisión nuestra fue suspender todas las reuniones con el Gobierno a partir del 19 de abril y hemos ido aumentando los niveles de acción para poder enfrentar lo que estamos viviendo”, afirma.

“El sector privado –continúa Aguerri– ha sido responsable de la estabilidad que este país tuvo. Ha sido responsable del crecimiento que este país tuvo. El sector privado ha sido responsable de darle la principal respuesta a la población de este país, que es el empleo, mejorar su calidad de vida. Somos responsables, también, de que ese crecimiento que hubo no fue acompañado de un fortalecimiento en la parte institucional. Nosotros no somos un partido político, sino una institución que tenía que velar porque todos los días entraran los contenedores por tierra, por aire o por mar. O que todos los días las empresas tuvieran permiso para poder operar. O acompañar a las empresas que estaban siendo multadas o presionadas por el Gobierno”.

Él llama a la crisis un “tsunami” de graves consecuencias sociales y económicas, que ha golpeado con dureza a esta frágil economía. Hay empresas que han cerrado, mientras el mayor golpe se lo llevan el comercio, la construcción y el turismo, uno de los sectores de mayor crecimiento en el país. Es decir que en 50 días de crisis se ha afectado gran parte de lo construido en una década y que será difícil recuperarlo una vez que la crisis termine. Mientras tanto el líder empresarial critica la respuesta violenta del Gobierno frente a las masivas manifestaciones que exigen la salida inmediata del poder de Daniel Ortega. Ha sido, dice, “una represión bárbara. Es una situación que realmente va más allá de lo que hubiéramos querido. Desafortunadamente estas situaciones están en el ADN histórico del país. Ojalá que de esto salga una oportunidad para que de una vez por todas cambiemos ese ADN histórico y que de esto resulte un nuevo esquema para el futuro del país. Hay que reconocer que el sector privado gremial no supo acercarse en su momento a todos los sectores y hoy lo estamos haciendo producto de esta situación. Esa es una lección muy valiosa”.

Al preguntarle si el sector privado se equivocó al mantener el modelo de consenso con Ortega, Aguerri responde afirmativamente. “Si yo hubiera sabido que el resultado de todo este proceso iba a ser lo que sucedió a partir del día 18 de abril, respondo que obviamente (nos equivocamos). No hubiera en ningún momento ido en esa ruta de trabajo si hubiéramos sabido que ese iba a ser el desenlace final. Jamás”. El presidente del COSEP afirma que tras esta crisis no hay manera de que los empresarios vuelvan a buscar un acuerdo con Ortega a cambio de estabilidad. “Con este Gobierno hemos sido claros, que en nuestro caso, no va a haber esa posibilidad”, afirma.

El paro nacional

Una de las principales exigencias de la gente en las manifestaciones es que las empresas convoquen a un paro nacional como una forma de presión al Gobierno. Decenas de personas se han manifestado frente a la sede del COSEP, en Managua, para exigir que los empresarios convoquen pronto al paro. Aguerri afirma que es una medida que no han descartado, pero que los empresarios deben ser muy cuidadosos sobre ella, dado que puede ahondar el daño a la economía y no hay garantías de que sea efectiva para forzar la salida de Ortega.

“Es una medida que está ahí, pero hay que tener el sumo cuidado de dejar que siga el proceso que en este momento está en marcha, que todavía la Conferencia Episcopal está liderando”, explica. “Esperamos que se retome el diálogo, cuando los obispos así lo determinen, con garantes internacionales. Una vez que pase este proceso, y si vemos que no funciona, el paro nacional es una de esas medidas que se tendrán en cuenta. Lo que se debe entender es que el paro por sí solo no es una llave mágica que va a detener la represión ni va a hacer que el Gobierno, en el momento en que se diga que hay paro, se va a subir en un avión. No puedes crear expectativas que no son reales”, concluye Aguerri.

Nota del editor: Esta entrevista se publicó originalmente en la edición impresa de Confidencial. Este martes 12 de junio, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que también incluye al sector privado, convocó a un paro nacional de 24 horas, que inicia a las 00:00 horas de este jueves 14 de junio.