La salida de Ortega de El Carmen

El diez de diciembre de 2000, cuando el comandante Daniel Ortega lideraba la oposición contra el presidente Arnoldo Alemán, me brindó una entrevista televisiva en Esta Semana, en la que reivindicó el derecho a la lucha cívica como el medio más eficaz para cambiar a un Gobierno y un presidente impopular. Ortega se refería a las protestas populares que libraba el Frente Sandinista contra el Gobierno corrupto de Alemán, y se jactaba que “después de tanta marcha por todo el país, con un ambiente muy caldeado”, solamente “un Policía resultó seriamente herido (en Diriamba) y un compañero militante del Frente terminó parapléjico”.

Entonces, Ortega seguía gobernando “desde abajo” y había negociado con Alemán una reforma constitucional que desmanteló la Constitución reformada de 1995, suprimió el derecho a las candidaturas para Movimientos por Suscripción Popular, se repartió en un pacto prebendario con el Partido Liberal Constitucionalista el control de los Poderes del Estado, y modificó la norma de la segunda vuelta electoral, como un traje diseñado a su medida, de manera que podría ganar una elección presidencial en primera vuelta con solo el 35% de los votos. En la entrevista, Ortega puso como ejemplo de la lucha cívica la caída del presidente ecuatoriano Jamil Mahuad ocurrida ese mismo año, y dijo: “si hubiéramos tenido que marchar hacia la presidencia de forma pacífica, eso no es violencia, como se dio en Ecuador; la gente marchó de forma pacífica, no hubo un solo muerto, llegaron hasta el parlamento y hasta la presidencia, el presidente se tuvo que ir, y no hubo un solo muerto, y luego se dio una transición pacífica sin romper el marco constitucional”.

Dieciocho años después, tras haber permanecido once en el poder, liderando un régimen corrupto que demolió la institucionalidad democrática y concentró todos los poderes del Estado, Ortega tuvo la oportunidad de refrendar sus supuestas convicciones democráticas sobre la lucha cívica, pero fracasó de forma rotunda. El caudillo autoritario que en nombre del “pueblo presidente” juró en 2007 gobernar sin oposición, se reveló de forma sangrienta. Confrontado con una rebelión cívica desarmada, que en los últimos 50 días ha exigido su salida del poder, su dictadura familiar ha provocado más de 127 muertos y miles de heridos. Y eso que los “minúsculos-vandálicos-chupasangre”, como bautizó su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo a los cientos de miles de personas que protestan en todo el país, aún no han decidido marchar hacia el reparto El Carmen, donde está afincado el eje de poder de su Estado-Partido-Familia.

El búnker compuesto por la Secretaría del FSLN, la oficina presidencial, y su residencia privada, está resguardado por más de 24 tranques de vallas metálicas, protegidas con muros de piedra cantera, y enormes “miguelitos” para ponchar llantas, en un perímetro de aproximadamente un kilómetro cuadrado, está custodiado por centenares de Policías y soldados de las tropas especiales del Ejército. ¿Dispararán los policías a los manifestantes cuando presionen en las barricadas para avanzar hacia El Carmen y protestar de forma pacífica, igual que los paramilitares atacaron con impunidad a los jóvenes que se acercaron a la UNI en la marcha del día de las madres? ¿Se sumará el Ejército a la represión, o cumplirá su promesa de no disparar contra el pueblo? ¿Empeñará el Ejército su futuro con las ambiciones mesiánicas de la pareja presidencial, o jugará un rol estabilizador, apegado a la Constitución, cuando le toque decidir entre Ortega-Murillo y sus intereses como corporación institucional? Esos son los dilemas que se debaten hoy en Nicaragua, cuando el país ya ha cruzado la raya de una situación límite, y la suerte de esta rebelión cívica, paro ciudadano, diálogo nacional, y mil formas más de protesta general, se decide en la salida de Ortega de El Carmen.

Hasta ayer, todavía influyentes actores económicos nacionales y fuerzas internacionales, abogaban por una solución que contemplara reformas electorales y elecciones anticipadas, reduciendo el período presidencial, pero siempre con la permanencia de Ortega y Murillo en el poder. La premisa de esta elucubración teórica, que al parecer nunca escuchó el grito de las calles demandando “¡que se vayan!”, es que así se garantizaría una sucesión constitucional, evitando la anarquía y el vacío de poder, porque a diferencia de 1979 esta revolución no se propone derrocar al dictador de turno, sino deponerlo de forma pacífica. Sin embargo, la nueva versión del “aterrizaje suave” con Ortega hasta 2019 o 2020, tiene al menos tres agujeros negros que evidencian su inviabilidad.

El primero, como se demostró este jueves en el fiasco del diálogo con los obispos, radica en la misma pareja presidencial que sigue aislada de la realidad y del desgobierno que han provocado. El dictador, simplemente, no está dispuesto a ceder nada en materia de justicia por los crímenes cometidos y solo muy poco y muy tarde, en materia de democratización. Y en el peor de sus escenarios, Ortega se imagina, quizás fuera de la presidencia por algunos años, pero siempre “gobernando desde abajo” con sus bandas paramilitares y sus fuerzas de choque. Nadie mejor que los obispos de la Iglesia Católica, que representan la conciencia moral de la nación, conocen de primera mano la intransigencia de Ortega, que solamente los llamó a mediar, a regañadientes, cuando su dictadura está a punto de colapsar, y a pesar de ello, persiste en su aferramiento al poder a cualquier costo.

En segundo lugar, está el problema de la viabilidad política. En el hipotético caso de que Ortega aceptara la ruta crítica de las reformas políticas, ¿qué estabilidad podría brindarle al país un presidente que está moral y políticamente inhabilitado para gobernar, después de haber ordenado él y su esposa, la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz? ¿Acaso consideran que se puede ignorar el dolor de las madres, el reclamo de las familias, que no solo demandan saber quiénes mataron a sus hijos, y quiénes dieron las órdenes de matar, sino que se haga justicia y que nadie se coloque por encima de la ley? Ortega y Murillo no pueden escapar al reclamo nacional de rendir cuentas ante la justicia, y si por alguna causa de fuerza mayor derivada de su salida del poder deben radicarse temporalmente en el exterior, nunca puede emitirse una amnistía que los cobije o exonere por crímenes de lesa humanidad. En la transición que se avecina, la justicia y la democracia seguramente tendrán dinámicas distintas, pero al final de cuentas forman parte de un mismo proceso político en el que no se puede sacrificar una a costa de la otra, y menos aún con más impunidad.

Por último, es absolutamente falso que Ortega debe permanecer en el cargo durante la transición hasta entregar el poder a otro presidente electo, como única forma de asegurar una solución legal y constitucional. Como han explicado ya destacados abogados constitucionalistas, la misma constitución orteguista establece las vías legales para que, una vez aceptadas las renuncias del presidente y vicepresidente, y descartado como sucesor el actual presidente de la Asamblea Nacional por su involucramiento en la represión y la corrupción, el parlamento puede elegir de su seno a un presidente que encabece el Gobierno de transición, mientras se convoca a elecciones anticipadas. No será difícil en el diálogo nacional negociar la selección de un presidente provisional, escogido incluso entre los diputados del régimen, que le daría mucho más estabilidad política y económica al país que los gobernantes actuales cuyas manos están manchadas de sangre. Como advirtió el estudiante Lesther Alemán el día que calló para siempre el monólogo oficial, lo que debe negociarse en la mesa del Diálogo Nacional son los términos de la rendición del régimen, no por la vía de la insurrección armada, pero sí a través de la rebelión cívica total.

Este jueves siete de junio, abusando de la buena fe de los obispos de la Conferencia Episcopal, Ortega perdió su oportunidad para actuar como un estadista que al margen de sus graves errores políticos, en el último momento contribuye a evitar más derramamiento de sangre. Pidió dos días de tiempo para “reflexionar” sobre la agenda de la “democratización” que fue presentada hace más de dos semanas en el Diálogo Nacional, pero no anunció el cese de la represión ni la disolución de las bandas paramilitares. Cuatro horas después, la represión cobró un muerto en la UNAN, el joven de diecinueve años Chester Javier Chavarría. Ahora es imperativo frenar la escalada de violencia en estas 48 horas. La revolución pacífica está demandando una salida constitucional y elecciones anticipadas, pero con justicia y sin Ortega en el poder. Y esto solo será posible arreciando la protesta cívica por todos los medios, hasta que el dictador se vaya del Búnker en El Carmen.