3 de junio 2018
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El Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), negociado a puertas cerradas entre el gobierno de Ortega Nicaragua y la Organización de Estados Americanos (OEA), en diciembre de 2017 no solo excluyó a diversas fuerzas políticas del país y movimientos sociales que han sido ilegalizados por el régimen, sino que ha colapsado ante la nueva realidad que existe en el país desde el 18 de abril, en la que la ciudadanía no se siente representada por el Gobierno ni por los partidos políticos tradicionales, incluido el Frente Sandinista. Desde entonces han surgido nuevos actores sociales y políticos: estudiantes universitarios, campesinos, empresarios, y organizaciones de la sociedad civil, con el liderazgo moral de la iglesia católica que están al margen de los acuerdos Ortega-Almagro.
Mauricio Díaz, miembro de la Comisión Internacional de Ciudadanos por la Libertad (CxL), rechaza la idea de “montarnos sobre este acuerdo, porque hay una nueva Nicaragua, una nueva realidad que está más allá, que sobrepasa la búsqueda de una solución eminentemente electoral”.
A su juicio, ya no es solo el tema de darle continuidad al MOU, sino que hay temas más profundos, entre ellos, determinar si es razonable que una organización como la OEA, cuya misión es defender la democracia y los derechos humanos en el continente, se siente a trabajar con esta dictadura, en un escenario en el que la imagen de su secretario general se ha deteriorado tanto.
“Una cosa es continuar con el MOU, justificar si se pasa a esa etapa del cronograma, y otra es si se debe hacer con un gobierno que ya ha causado más de 100 muertos”, cuestionó.
El diplomático señala que “pareciera que el secretario general [Luis Almagro] ha querido obviar esos hechos sangrientos, y de qué lado vienen las responsabilidades. Yo a él lo siento ambiguo, casi complaciente con el régimen, ¡y ahora hasta dice que él sacó a Roberto Rivas! Yo veo que prefiere no hablar de las víctimas, y que le ha sido más sencillo alinearse con la posición gubernamental”.
“Renuncia” de Rivas sin pena ni gloria
La renuncia de Roberto Rivas a la presidencia sin funciones que mantenía en el Consejo Supremo Electoral (CSE) —tras más de una década de fraudes electorales y a más de cinco meses de las sanciones estadounidenses por corrupción y violación de los derechos humanos— no basta como garantía de la demandada reforma al sistema electoral ya colapsado, según empresarios, analistas políticos y ciudadanos.
Juan Sebastián Chamorro, director de Funides y miembro de la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia en el Diálogo Nacional valora que la renuncia de Rivas “llegó seis meses atrasada y no debe distraer”. “Lo que se requiere es la salida de todos los magistrados”, sostuvo.
La OEA anunció este viernes, que como parte del entendimiento firmado en febrero de 2017 con el Gobierno, este domingo se reunirán para definir un plan operativo de actividades con autoridades, partidos políticos y sociedad civil.
El acuerdo entre el Gobierno y la OEA comenzó en octubre de 2016, tras un informe de la Secretaría General sobre el sistema electoral nicaragüense que continúa sin revelarse. En febrero se firmó un entendimiento para el “fortalecimiento de las instituciones democráticas”, que se interrumpió en mayo, tras la abrupta salida de sus representantes. Ahora, el Gobierno y la OEA han asegurado que continúan con sus sesiones de trabajo, de las cuales ha surgido el cronograma que plantea reuniones de trabajo entre julio y octubre de este año, el desarrollo de una propuesta entre noviembre y diciembre y la presentación de su borrador hasta enero de 2019, sin definir cuándo estas serían implementadas. Mientras, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia sostiene que el país no aguanta hasta 2021 con Daniel Ortega.
Aquí comunicado conjunto de la Secretaría General de #OEA y #Nicaragua sobre reforma electoralhttps://t.co/btmfsnqItI pic.twitter.com/tZTVTQRTF2
— OEA (@OEA_oficial) 31 de mayo de 2018
FAD: Ortega y Murillo deben salir
El abogado y constitucionalista José Pallais, miembro del Frente Amplio por la Democracia (FAD), comentó que con ese cronograma, el Gobierno “ya dijo no” a las propuestas de la Alianza Cívica, que demanda la renuncia de Ortega y elecciones adelantadas.
Para el exdiputado Pallais, la discusión que quiere revivir la OEA ya no tiene sentido, porque “el marco para el fortalecimiento de la democracia en Nicaragua es el Diálogo Nacional, organizado con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua”.
“No puede delegarse un tema de vital importancia, a la negociación entre la secretaría general de la OEA y el Gobierno, que ya perdieron más de un año. No hicieron el trabajo que debían hacer para avanzar. Si lo hubieran completado y lo hubieran sometido al pueblo de Nicaragua y a los diferentes actores sociales, estaríamos en otra situación, no en esta crisis, que se da por culpa del desinterés de Ortega y de la inercia de la OEA”, añadió.
“Dicen que van a trabajar el proyecto, y una vez que lo tengan, se lo van a presentar a los partidos políticos. Vienen sin ningún producto, a iniciar un trabajo que debieron haber iniciado hace más de un año”, reclamó el político.
En esa misma línea, el embajador Díaz advierte su sospecha de que “el Gobierno tratará de sustituir esta mesa de dialogo, por otra en la que incluirá a su oposición leal”, en referencia a los partidos parlamentarios, “y quizás alguno extraparlamentario como CxL”, que deberá entrar a un debate para decidir cómo actuar.
“Almagro dice que nos presentará una propuesta de reformas en el 2019, pero Nicaragua no quiere esperar tanto”, añadió Díaz, quien tiene claro que la solución de esta crisis pasa por la pronta salida de Ortega, aunque considera que Almagro ya eliminó esa posibilidad cuando dijo que él no iba a acompañar una salida que no fuera constitucional, desconociendo que la ciudadanía en las calles establece una nueva correlación de fuerzas”.
Para Pallais, “lo mejor es una salida dialogada, pero con carácter de urgencia”, rechazando la tesis del ‘aterrizaje suave’, porque esa opción es aplicable “cuando el avión está fallando, y aquí es evidente que el avión ya falló, así que no podemos pensar en un aterrizaje suave a nueve o doce meses de plazo. Ya no es posible salvar la convivencia pacífica de los nicaragüenses con este gobierno”.
La solución a la crisis puede ocurrir con la renuncia de la administración Ortega-Murillo, o con el adelanto de las elecciones, “pero es inconsecuente –Almagro no ve la realidad del país, porque está tan desubicado como el mismo Ortega- creer que funcionará presentar un documento hasta 2019 y que Ortega salga hasta en el 2021, en medio de más sangre. Los nicaragüenses no lo vamos a permitir”, exclamó.
Elecciones urgen más que reforma
En Nicaragua, además, ya existe desde 2010 un proyecto de reformas electorales, elaborado por un Grupo Promotor que reunió a catorce organizaciones de la sociedad civil, que incluyó las recomendaciones de observadores electorales nacionales e internacionales desde 2006.
El Grupo Cívico Ética y Transparencia afirmó en un comunicado que en Nicaragua “podríamos ir a elecciones seis meses después de conformado un nuevo CSE enteramente apartidista, sin necesidad de reformas legales que dilatarían el proceso”.
Solo advirtieron que sería “urgente garantizar la supervisión internacional que garantice la implementación de todo el articulado de la ley, principalmente aquellos artículos de transparencia, control y participación que el actual CSE negó para realizar más cómodamente los fraudes de los últimos años”.
El principal grupo nacional de Observación Electoral consideró que el llamado de justicia que el país clama, tras la masacre, solo se cumplirá a cabalidad si la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, son procesados por la matanza en los tribunales correspondientes. “La democratización y la justicia no son dos demandas separadas”, sostiene Ética y Transparencia.
Cronograma proyecto “Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en #Nicaragua a través de la Implementación de las recomendaciones de la MAE/#OEA Nicaragua 2017”https://t.co/iC3rFyshFh#OEAenNicaragua pic.twitter.com/Zu2fS6QJsv
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 1 de junio de 2018
Que se vaya todo el CSE
“Nos ven la cara. Roberto Rivas y todo el Consejo Electoral ejecutaron los fraudes electorales para imponer a Ortega. Queremos a todos esos magistrados y a Ortega fuera del poder”, reaccionó la comandante guerrillera Dora María Téllez.
En el mismo tono se pronunció el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), al indicar que tras la salida de Rivas “faltan los demás (del CSE) y la pareja presidencial”.
Fernando Sánchez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), reclamó que el Gobierno “sepa que con esto no contentan al pueblo nicaragüense porque se tienen que ir todos los secuaces y los asesinos”.
La salida de Rivas se había demandado durante al menos una década en Nicaragua, y con mayor fuerza tras sus sanciones del 21 de diciembre de 2017. Sin embargo, Rivas —que alegó problemas de salud en su renuncia— no ha dado la cara desde las elecciones municipales de 2017, un proceso que observadores electorales independientes —no acreditados por el Gobierno— calificaron de “inauditable”.
