16 de mayo 2018
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Hace exactamente un año, publiqué en este mismo espacio el ensayo ¿"Modelo Cosep", o el régimen de Ortega?, analizando las particularidades de la alianza corporativista entre el régimen autoritario de Daniel Ortega y los grandes empresarios. Una alianza que nació en 2009 en medio de la crisis económica internacional cuando el Gobierno de Ortega atravesaba por su peor crisis política, después de haber sellado con violencia el fraude electoral municipal de 2008, que provocó sanciones económicas internacionales de parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Eliminado el contrapeso de los partidos políticos democráticos, y con el soporte de la multimillonaria cooperación económica de Venezuela, el régimen designó al Cosep y a los grandes empresarios como su único interlocutor en la sociedad nicaragüense ---desoyendo incluso a los obispos de la Iglesia católica, con los que únicamente se reunió una vez en una década-- e instaló un sistema de cogobierno económico. Así nació un esquema de diálogo excluyente en el que los grandes empresarios nacionales y extranjeros se convirtieron en un actor político que le brindó legitimidad al régimen autoritario, a cambio de ventajas económicas y oportunidades de inversión, en un sistema de control social sin democracia ni transparencia.
Mi intención entonces era promover el debate público sobre este “modelo” de estabilidad autoritaria, advirtiendo no solo sobre la falta de viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de un régimen personalista --el Estado-Partido-Familia, sostenido en los pies de barro de la centralización, el nepotismo, la represión y la corrupción-- sino también sobre el oneroso costo de oportunidad que representaba para la economía nacional la carga de la corrupción. Vale la pena releer hoy esas líneas y las de mis colegas, unos pocos, pero respetados periodistas, economistas, politólogos, e investigadores nacionales y extranjeros, que cuestionaron el “modelo”, no tanto porque el análisis tenga algún mérito predictivo particular --que nunca fue esa su pretensión-- sino porque ahonda en lo mucho que queda por hacer para desmantelar el corporativismo que se tambalea con el sistema político que lo engendró, y que debe ser sustituido por un sistema de gestión económica bajo normas democráticas y transparentes.
Las críticas al mal llamado “modelo Cosep” fueron acogidas en los pocos medios de comunicación independientes que sobreviven en el país, y en la agenda de discusión de Funides, el influyente centro de pensamiento del sector privado que de manera sistemática ha puesto en primer plano el nexo inseparable que debe existir entre la institucionalidad democrática y el desarrollo económico. Sin embargo, la intolerancia de algunos liderazgos empresariales intentó abortar el debate, al extremo que las cámaras del Cosep fueron invitadas a suscribir un comunicado de solidaridad con su presidente, alegando que era objeto de una campaña de “descalificación para dividir al sector privado”.
La vocería oficiosa del sector privado adujo absurdamente que se pretendía empujarlos a una confrontación con el Gobierno, mientras un empresario con mayor visión estratégica resumió su disyuntiva así: “estamos de acuerdo con el diagnóstico, pero ¿qué podemos hacer ante el Gobierno, si nosotros no tenemos la capacidad de presión que se nos atribuye?”. En realidad, al cuestionar el “corporativismo autoritario”, como lo bautizó el economista José Luis Medal, nunca se sugirió que el sector privado debía abandonar el diálogo con el Gobierno o convertirse en un partido político para tomar el poder, únicamente se le exhortaba a establecer límites claros ante el abuso del poder autoritario, y a denunciar la corrupción y la falta de transparencia pública, como una forma de defender no solo sus propios intereses a mediano plazo, sino los de toda la sociedad. Después vinieron las amenazas de sanciones externas en el Congreso norteamericano con la Nica Act, quizás la última oportunidad para corregir el rumbo, pero en vez de convocar al sector empresarial para “ponerle el cascabel al gato” en las oficinas de El Carmen, un prominente líder del gran capital contrató al Carmen Group para cabildear, no en Managua, dónde está radicado el tumor de la enfermedad, sino en Washington D.C.
Hayan sido cómplices o rehenes del autoritarismo, o una combinación de ambas cosas, los grandes empresarios sucumbieron a la promesa de certidumbre en la estabilidad autoritaria, hasta que se acabaron los tiempos de “vacas gordas” del negociado de la cooperación venezolana, y la incapacidad del régimen para negociar la crisis fiscal y tolerar las expresiones de protesta social, provocó la matanza y la rebelión de abril. Entonces explotó la olla de presión y los agravios acumulados durante más de una década por la población, liderada por la juventud y los estudiantes universitarios, incluidos los simpatizantes sandinistas, en un reclamo nacional contra la represión y la conculcación de democracia y libertades públicas. La rebelión generalizada, ahora con la participación de amplios sectores económicos, movimientos sociales, y los sectores medios, simboliza el enorme costo humano, social, económico y político, que está pagando el país para librarse de una dictadura que cerró todos los espacios de participación democrática.
La primera reacción del Cosep ante la masacre de abril, condenando la represión y respaldando el derecho a la protesta pacífica, y sobre todo reconociendo que ya no era posible negociar a puertas cerradas la crisis de la Seguridad Social y cualquier otro asunto de trascendencia nacional bajo el esquema excluyente, representó un paso importante de desmarcamiento del régimen, pero su déficit de credibilidad demanda un compromiso inequívoco con la democratización que, más de allá de proclamar un decálogo democrático, sea refrendado con acciones irreversibles.
La masacre perpetrada por el régimen que ya suma más de 50 muertos, la legitimidad de la protesta popular, y el surgimiento del movimiento estudiantil universitario como nuevo actor social y político, han establecido un parteaguas por la vía de los hechos y así se da por descontado que “el país cambió, y nada volverá a ser como antes”. No obstante, los liderazgos empresariales, hasta hace poco aliados del régimen autoritario de Ortega, le deben al país una revisión autocrítica de sus responsabilidades y del llamado “modelo de diálogo y consenso”, para definir las nuevas reglas del juego que deberán regir en la negociación sobre el fin de la dictadura, la transición, y la reconstrucción del país.
El pronunciamiento del tres de mayo suscrito por los catorce grandes empresarios, consejeros del Cosep, las 27 cámaras empresariales, Amcham y Funides, ya no alude más al “modelo Cosep” y proclama que ¨es fundamental reconstruir el Estado de Derecho, dentro del marco institucional establecido por la Constitución y las leyes para responder pacífica y democráticamente a las demandas sociales, políticas, jurídicas y económicas de todos los sectores de la sociedad¨. En consecuencia, los grandes empresarios deberían reconocer que si antes fueron un soporte de la estabilidad autoritaria, la reconstrucción del Estado de Derecho que ahora promueven presupone que se conviertan en un factor de cambio, en un actor democrático, que es diferente a un partido político, o de lo contrario, si se aferran a maquillar el status quo para que Ortega y Murillo continúen en el poder hasta 2021, corren el riesgo de hundirse con un régimen que ya no es capaz de restablecer la estabilidad del país sin más represión.
En la víspera del diálogo nacional, el Gobierno ha nombrado como principales delegados a cuatro figuras clave del “modelo Cosep”, Bayardo Arce y Álvaro Baltodano, sus principales operadores de negocios con el sector privado, y los ministros de Hacienda y Banco Central, a cargo de las exoneraciones fiscales y la regulación bancaria y financiera. Es evidente que la prioridad de Ortega, al margen del clamor nacional sobre la matanza y la demanda de democratización, consiste en restablecer el viejo orden con los grandes empresarios.
Según la ultima encuesta de Cid Gallup, el 69% de la población, incluido un porcentaje importante de simpatizantes sandinistas, está de acuerdo en que Daniel Ortega y Rosario Murillo deben renunciar al poder, para facilitar un proceso de negociación que conduzca a reformas institucionales y elecciones anticipadas, en el marco de una continuidad constitucional. Pero ante una dictadura familiar que se aferra al poder para intentar replicar el esquema de Maduro en Venezuela, el cambio pacífico y constitucional solo será posible a través de una combinación de presión cívica beligerante y solidaridad internacional. La fuerza decisiva de esta presión descansa en la movilización que lideran los estudiantes, a la que se han sumado trabajadores, campesinos, empleados públicos, productores y comerciantes, sectores medios, y el sector privado. Y por el peso y la influencia que ejercen en sectores clave de la economía y del Estado, los grandes empresarios tienen una cuota mayor de responsabilidad, para contribuir a esta salida. Nicaragua no cuenta con instituciones autónomas para resolver la crisis provocada por Ortega y Murillo --que para la gran mayoría de la gente están política y moralmente inhabilitados para gobernar-- porque simplemente fueron liquidadas por la dictadura. Es imperativo, por lo tanto, una negociación para reducir los plazos y los tiempos de salida de los gobernantes de forma pacífica, y esto solo será posible a través de una alianza nacional decidida a ejercer el máximo nivel de presión cívica para lograr el restablecimiento de la democracia. Si se considera que esta salida, como cualquier otra opción democrática es incierta, la alternativa a que conduciría la inacción es más desgaste y descalabro económico, y los imponderables que se derivan de más represión, muerte y rebelión.
En contrario a este argumento se alega que la aversión al riesgo político de parte de los grandes empresarios está justificada no solo por su propia lógica económica, sino también por el trauma de su experiencia histórica en 1979, cuando apoyaron la revolución contra la dictadura de Somoza, y luego se rompió la alianza nacional y fueron confiscados por una revolución de orientación socialista. Sin embargo, hay un falso déjà vu con 1979. Entonces, hubo una revolución liderada por un movimiento político-militar, la guerrilla del FSLN, que encabezó la insurrección popular para derrocar al régimen de Somoza. Lo que está planteado hoy no es una revolución armada, ni socialista, sino una rebelión cívica, pacífica, que demanda la salida de los dictadores por la vía constitucional, para promover reformas profundas. La bandera política de esta insurrección cívica proclama, como soñaba mi padre hace 40 años, que “Nicaragua vuelva a ser república”, para poder llevar adelante las reformas pendientes de la democratización, que no pudo garantizar la transición después de 1990. Se trata de una rebelión popular que carece de líderes visibles y organizaciones que la convoquen, y si algún paralelismo existe entre 2018 y 1979, este se reduce a las alarmantes coincidencias que hay entre la dictadura de Somoza y la de Ortega, hermanadas en la corrupción, la confusión de lo público y lo privado, el nepotismo, la vocación dinástica, y ahora también el genocidio y la matanza.
Ante el colapso del régimen autoritario, del que fueron cómplices y también rehenes, la encrucijada de los grandes empresarios consiste en apostar otra vez por la inercia y dejar su suerte en manos del régimen, o convertirse, finalmente, en actores de un cambio democrático.
