20 de abril 2018
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El Gobierno del presidente Daniel Ortega traspasó esta semana un límite que desmantela completamente su discurso de amor y paz. Las agresiones a al menos once reporteros y la descarada censura a cuatro canales de televisión –retirados del aire por órdenes de Telcor, institución reguladora de las telecomunicaciones– muestra la deriva dictatorial del régimen, empecinado en que la sociedad nicaragüense no tenga acceso a información veraz, tal y como establece nuestra Constitución política.
Las huestes de Ortega han puesto en peligro la vida de periodistas que cumplen con su derecho a informar a la sociedad. Estos colectivos fanatizados del Gobierno, que actúan en la impunidad, agredieron con brutalidad a nuestros colegas Julio López, Alfredo Zúñiga, René Cuadra, Carlos Herrera, Néstor Arce, Maynor Salazar, Ricardo Salgado, Róger Sánchez, Melissa Aguilera, Roy Moncada y Emiliano Chamorro. López se recupera de las agresiones, mientras a Zúñiga se le suturaron las heridas causadas por los colectivos de Ortega.
Este ataque premeditado a los periodistas es una muestra del peligro con el que ejercemos nuestra profesión en Nicaragua, sin garantías mínimas para proteger nuestra integridad. Los colectivos tienen tarjeta verde para atacar a los reporteros, robarles sus equipos e intimidarlos cuando pretender filmar, entrevistar o fotografiar las manifestaciones que espontáneamente se han convocado en la capital y otras ciudades del país.
A esta política oficial de intimidación se une la censura a medios de comunicación independientes, tras la orden de Telcor de retirar de la señal de cable al menos cuatro canales de televisión, violentando los preceptos constitucionales de libertad de prensa y de expresión, en una medida típica de satrapías dispuestas a pisotear los derechos humanos de su población.
Como periodistas debemos rechazar unidos estas acciones que ponen en riesgo nuestra integridad, que obstaculizan nuestro trabajo y violan nuestro derecho y el de las audiencias. La solidaridad del gremio, en su conjunto, está con los periodistas agredidos por las huestes de Ortega, pero también con Miguel Mora, director de 100% Noticias, el medio más afectado por la censura de Ortega, y otros periodistas como Luis Galeano, cuyo programa se transmite por esa misma televisora. No alzar la voz ante este atropello de nuestras libertades es darle al régimen la libertad para actuar con impunidad.
Como periodista rechazo al Colegio de Periodistas que ha mantenido un vergonzante silencio ante las violaciones a la libertad de prensa y las agresiones a nuestros colegas. El Colegio o se reforma o debe desaparecer, porque se ha convertido en una institución secuestrada por un grupo que ha demostrado lealtad al Gobierno, a cambio de limosnas. Solo alzan la voz cuando el régimen ha amenazado con quitarles esas pequeñas dádivas. Las otras agrupaciones de periodistas deben demostrar beligerancia en la defensa de la libertad de expresión y en exigir protección a los reporteros.
Los periodistas hemos trabajado durante once años en un ambiente de intolerancia. Desde 2007, la ahora vicepresidenta Rosario Murillo estableció una línea de censura, intimidación, bloqueo a la información y cierre de espacios periodísticos. Murillo es la única voz autorizada para hablar en nombre del Gobierno y todo aquel ministro, alcalde o funcionario público que haya dado declaraciones a medios independientes es humillantemente expulsado de su cargo. A esto se une el control de la publicidad estatal, que ha asfixiado a varios medios y periodistas, y la compra por parte de la familia presidencial de televisoras con fondos de la cooperación petrolera de Venezuela, cuyos informativos transmiten información edulcorante y la “realidad alternativa” que dicta la vicepresidenta.
La violencia contra los periodistas es la última medida del Gobierno en su intento de aplastar la libertad de prensa en Nicaragua, un derecho ganado con sangre. Los periodistas estamos obligados a manifestarnos públicamente para dejar claro al régimen que no vamos a permitir que se nos violente nuestra integridad y nuestro derecho a la libertad de expresión y de informar a la población. Además de responsabilizar directamente al presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo de cualquier acto violento que nos afecte como gremio.
