9 de marzo 2018
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El 31 de mayo de 1998, Zoilamérica Narváez, hijastra del exguerrillero sandinista Daniel Ortega, hizo pública una denuncia que estremecería la política nicaragüense. El terremoto, de gran magnitud y consecuencias insospechadas en ese momento, incluía un párrafo devastador para cualquier político: “Daniel Ortega Saavedra me violó en el año de 1982. No recuerdo con exactitud el día, pero sí los hechos. Fue en mi cuarto, tirada en la alfombra por él mismo, donde no solamente me manoseó sino que con agresividad y bruscos movimientos me dañó, sentí mucho dolor y un frío intenso. Lloré y sentí nauseas. Todo aquel acto fue forzado, yo no lo deseé nunca, no fue de mi agrado ni consentimiento”. Era, para algunos, la muerte política del caudillo del Frente Sandinista, que décadas antes había luchado para derribar la dictadura somocista. Veinte años después, sin embargo, Ortega está de nuevo en el poder en Nicaragua, gobernando de forma absolutista, y la denuncia de Narváez quedó en la impunidad, como han quedado centenares de abusos sexuales contra niñas, en un país donde se ha “naturalizado” la violencia contra ellas.
La joven pretendía con su denuncia enjuiciar a Ortega –entonces líder de la oposición–, pero este se liberó gracias al control político que ejerce desde hace décadas en los poderes del Estado. Contó, además, con un apoyo fundamental: El de su esposa, la poeta Rosario Murillo, quien se puso contra su hija, la declara loca y defendió a su compañero. “Se convirtió en una factura carísima para Ortega”, comenta la excomandante Dora María Téllez, protagonista de lucha armada contra Somoza. Esa “factura” significaba que, al regresar al poder, Ortega lo compartiría junto a su esposa. Hoy Rosario Murillo es la todopoderosa vicepresidenta, que gobierna de forma despótica. El cuerpo de su hija fue la ofrenda que pagó por hacerse con el poder en Nicaragua.
Narváez tenía once años cuando fue abusada por su padrastro. Hoy la joven está exiliada en Costa Rica, tras años de persecución política de su madre. Su historia de abuso e impunidad se repite en un país declarado “cristiano, socialista y solidario” por el llamado “Gobierno de reconciliación y unidad nacional”, encabezado por su abusador y administrado en los hechos por su madre. Una nación de poco más de seis millones de habitantes, con un ingreso promedio mensual de 150 dólares por trabajador y donde la violencia contra las niñas es tan cotidiana como la pobreza que afecta a cientos de miles de sus pobladores.
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Milagros, la niña utilizada en campaña
Era la víspera de las elecciones presidenciales de 2011, en las que Daniel Ortega buscaba su primera reelección continua desde que regresó al poder en Nicaragua en 2007 y los titulares en los medios de comunicación hacían algo más que señalar las estrategias de campaña del candidato del Frente Sandinista. Denunciaban la manipulación política de la violación y el embarazo de una niña indígena de doce años en la campaña reeleccionista de Ortega.
Se trataba del suplicio de “Milagros”, habitante de una lejana comunidad del Caribe de Nicaragua llamada Walpa Siksa, quien fue violada y obligada a parir. “Es un milagro, es un signo de Dios”, decretó Rosario Murillo, administradora de la campaña del Frente. Walpa Siksa es una aldea perdida entre manglares y la selva tropical. Los nicaragüenses habían escuchado de ella por algún enfrentamiento entre el Ejército y bandas de narcotraficantes, ya que el Caribe del país es zona del paso de la droga que llega a Centroamérica. La historia de “Milagros” puso a la comunidad indígena en la portada de los diarios por la manipulación política que se hizo de ese caso.
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Murillo, nuevamente, usaba el cuerpo de una niña de doce años para asegurarse favores políticos del sector más conservador, religioso y tradicional de Nicaragua. “Expresó Rosario alegría por el feliz desenlace en el caso de la niña embarazada”, tituló La voz del sandinismo, medio controlado por el Gobierno. “Hemos trabajado de acuerdo con las creencias y costumbres de la cultura mayoritaria de Nicaragua, en defensa de la vida”, afirmó Murillo.
El violador de “Milagros” no fue perseguido por la justicia. La niña estaba obligada a tener al bebé porque su abuela así lo quiso y desde el Gobierno se celebró, efectivamente, como si fuera un “milagro”.
En Nicaragua desde octubre de 2006 la Asamblea Nacional aprobó la prohibición para que se realizaran abortos terapéuticos, una posibilidad que en el país estaba vigente desde hacía más de cien años. Rosario Murillo, entonces encargada de la campaña por la presidencia y promotora de una alianza con las iglesias católica y evangélicas, dijo que se trataba de “proteger la vida”. Cuando se conoció el caso de Walpa Siksa y la manipulación del Gobierno, la primera dama dijo: “quiero agradecerles a ellas (niña y madre) por confiar en nosotros”.
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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.
La madre valiente, dos veces
Laura tiene 17 años. Ella es la mayor de los seis hijos de Samanta. Laura es la segunda que ha sido violada en su familia.
Estudiaba la secundaria en un Instituto de Jalapa, un pequeño poblado en el norte de Nicaragua, a unos 300 kilómetros de Managua. Tres jóvenes la invitaron a ella y a unas amigas a beber licor. Cuando todos ya habían tomado bastante se fueron a sus casas, pero uno de los muchachos se ofreció a llevar a Laura en moto. En el camino se desvió y la llevó a una discoteca donde él trabajaba de mesero.
Allí la violó. Después la llevó donde una amiga de Laura y la amenazó mientras le apretaba el cuello: “me dijo que si yo le decía a alguien lo que me había hecho, después me iba a arrepentir”.
Ella no se quedó callada y habló con su familia. Una tía fue la primera en saber lo que había ocurrido y luego su madre. Cuando pusieron la denuncia y el caso se empezó a desarrollar, se recrudeció la pesadilla de la familia.
Jalapa tiene una población aproximada de 85 mil habitantes y sus casas se extienden como una sábana en una llanura rodeada de montañas. Es una municipalidad con economía deprimida –Nueva Segovia es una de las regiones más pobres de Nicaragua, aunque no hay datos fiables del gobierno de Ortega y Murillo– y es una región con un pasado infame: la región vivió momentos violentos y sangrientos durante la guerra civil de los ochenta, cuando la contrarrevolución pretendía, financiada por Estados Unidos, derribar al gobierno revolucionario. Por estar situada cerca de la frontera con Honduras, el municipio es vía obligada de migrantes nicaragüenses que buscan mejor vida en Estados Unidos, y, se dice, refugio de hondureños que huyen de la violencia en su país.
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En este municipio deprimido y conservador es donde el violador de Laura llevó el juicio en libertad, y cada vez que tenía oportunidad se reía de la muchacha. Divulgó por todos los rincones de Jalapa que el abuso había sido con su consentimiento y hasta comentó de posiciones sexuales.
Laura tuvo que contar su caso primero en la Policía, luego en Medicina Legal y una tercera vez ante el juez. Estuvo tres días hospitalizada por las lesiones que le provocó el abuso y tuvo que abandonar el colegio por vergüenza a ser juzgada.
“La mayoría de la gente dice que es mi culpa, porque yo me fui con ellos. Otros me dicen que es mentira, que él es inocente (y) que yo soy una gran injusta con lo que le hice y que él está pagando por algo que no hizo. Hasta personas de mi familia me dicen que yo tengo la culpa de todo”, cuenta la joven de 17 años.
No es la primera vez que Samanta, la madre de Laura, se enfrenta a esta pesadilla. En 2009 tuvo que poner su primera denuncia ante la Policía, porque un hombre violó a su otra hija de seis años con un dedo. Fue condenado a 12 años de cárcel. Cumplió solo con seis y fue puesto en libertad por buena conducta.
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El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.
El concurso de la madre panza
El 30 de mayo de 2017, Día de la Madre en Nicaragua, La Nueva Radio Ya –medio afín al Gobierno de Ortega– lo celebró con el concurso de “la madre panza”, un evento destinado a premiar a las madres en gestación que tengan el vientre más grande.
Una de las ganadoras fue una niña de 14 años. Le entregaron un colchón y víveres como parte del premio. #MamáMásJoven, #MadrePanza, colocaba el medio en redes sociales antes que estallara el debate.
El caso desató la polémica en las redes sociales. La gente se preguntaba cómo una niña de 14 años en estado de embarazo era merecedora de un premio y no de una investigación por violación, ya que de acuerdo al Código de la Niñez, todo embarazo de una menor de edad debe ser considerado legalmente como una violación, por lo que el Estado estaba obligado a investigar cada uno de estos casos.
El debate aumentó cuando se supo que el hombre que embarazó a la joven tenía 24 años y vivía en la misma casa con ella y el resto de su familia.
La historia de esta adolescente dejó en evidencia, una vez más, la difícil situación que viven las niñas y mujeres en Nicaragua, un país que cuenta con las tasas más altas de embarazo de niñas entre diez y catorce años en Latinoamérica, según datos reunidos por Plan Internacional Nicaragua. La violencia contra niñas y adolescentes es un grave problema de salud pública en el país.
“Aun poniendo la denuncia es muy difícil que hagan una investigación exhaustiva”, lamenta Marta María Blandón, directora de IPAS. Explica que en la investigación realizada por la organización demostraron que la mayoría de las niñas embarazadas desean interrumpir el embarazo. Además, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA) del 2012 reveló que 8 de cada 10 mujeres con antecedente de violación reportaron que este hecho se dio antes de cumplir 18 años; la mitad ocurrieron antes de los 14 años. Y cifras de Medicina Legal de 2016, muestran que casi en el 80% de los casos de las niñas menores de catorce años violadas, los abusadores fueron “padres, padrastros, otro familiar, o conocido”.
El caso de la adolescente con la “madre panza” quedó en la impunidad, no sin que Rosario Murillo le sacara provecho a través de los medios de comunicación que controla, un aparato mediático de propaganda que incluye cuatro canales privados de televisión, comprados –según investigaciones de medios independientes– con fondos de la cooperación petrolera venezolana, que desde 2007 el presidente Ortega administra de forma discrecional y que han sumado alrededor de tres mil 500 millones de dólares.
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Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.
Femicidio: Sólo para los casos que involucran ‘sentimientos’
En 2012 Nicaragua aprobó la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres o Ley 779, como se le conoce en el ámbito público. La legislación pretendía poner un freno a la ola de violencia contra las mujeres que el país centroamericano veía en incremento, con especial saña contra las niñas.
Pastores de la Iglesias católica y evangélica y grupos conservadores no tardaron en mostrar su inconformidad por una ley que consideraban que limitaba los derechos del hombre. Un sacerdote incluso llegó a decir que el 779 era “el nuevo número de la bestia”, porque, dijo “está destruyendo a las familias”.
“¡Cuántas veces se reacciona por la ira, por revanchismo!, y una vez pasadas las aguas las personas que han acusado al marido, al tío, al primo y reconocen que la posición ha sido demasiado dura, piden revertir el caso, pero ya está en manos de la Justicia”, dijo el obispo.
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Dos años más tarde y en medio de las celebraciones de Santo Domingo –patrono de Managua, la capital–, el comandante Ortega envió el decreto ejecutivo 42-2014 que reglamentaba la ley 779 reduciendo al ámbito privado los femicidios. Es decir, un delito solo sería tipificado como femicidio si existiera una relación sentimental entre víctima y victimario.
El reglamento de la Ley lo define así. “Artículo 34. Del delito de femicidio. Para la calificación del delito de femicidio, éste debe cometerse por un hombre en contra de una mujer en el marco de las relaciones interpersonales de pareja y que como resultado diere muerte a la mujer”.
También se introdujo la figura de la mediación para resolver delitos y se crearon órganos llamados Consejerías Familiares en los barrios, controlados por Rosario Murillo, que buscaban resolver conflictos de parejas.
Azahálea Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres, una de las organizaciones feministas más beligerantes de Nicaragua, cuya presión hizo que se aprobara la ley, algo que se considera hasta inaudito en la Nicaragua de Ortega, dice que tras el reglamento que le restó fuerza a la legislación, hubo un incremento en la cantidad de delitos en contra de las mujeres de todas las edades, pero que solo se mide con los observatorios que trabajan de cerca con las organizaciones de mujeres de todo el país, porque el Gobierno decidió cerrar la puerta de las estadísticas públicas.
Por eso hay una diferencia, agrega Azahálea Solís, entre las cifras que llevan las organizaciones de mujeres y las que el Estado de Nicaragua refleja como consecuencia de la violencia en contra de las mujeres.
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Edén Aguilar, juez especializado en violencia. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.
El juez contra la violencia
Edén Aguilar, juez especializado en violencia, es una de las caras visibles en la lucha contra la violencia en Nicaragua y asegura que el sistema de justicia está preparado para ayudar en la prevención y el combate contra quienes acechan a las niñas y las mujeres.
Su nombre tomó relevancia el día que condenó a dos abusadores sexuales que habían tocado a una mujer y una niña en las calles de Managua.
“El Estado de Nicaragua tiene encaminado tipificaciones, programas de atención, programas de protección a las víctimas, tiene programas para ubicar a las víctimas en determinados lugares. Tomamos pruebas con las medidas oportunas. Cuando tenemos al supuesto agresor no hay contacto visual. A veces optamos por hacer videosconferencias con atención psicológica”, explica el juez Aguilar. Su defensa del sistema, sin embargo, contrasta con las denuncias de impunidad que han hecho las víctimas y las críticas de los movimientos feministas. Jóvenes como Marina, a quien violaron el 11 de noviembre de 2016, en la ciudad de Ocotal, a 230 kilómetros de Managua y fronteriza con Honduras. Fue un vecino que vivía frente a su casa. Tenía un taxi y había vigilado sus horas de entrada y de salida del colegio.
Un día la recogió cuando la joven salía de la escuela. La niña, de 13 años en ese entonces, motivada por la confianza de ver a un vecino, se montó en el taxi y él la llevó a un camino rural donde abusó de ella. Su familia denunció, pero “la (oficial de) policía que me tomó la denuncia se puso a culparme, me estaba diciendo que él podría ser inocente y que no lo podría hacer pasar 15 años preso por algo que él no cometió”, relata Marina con la voz entrecortada.
Marina no solo tuvo que soportar que la culparan por la violación en su contra, o que la familia del victimario la acusara de “zorrita”, a sus 14 años, también la expulsaron del colegio donde estudiaba porque la directora le dijo a la madre que “no podía tener niñas que no fueran señoritas” en sus aulas. Es un colegio católico.
“En tres años que él llegó a vivir allí (el presunto violador); llegó a hacer desastres, porque nosotros tenemos 33 años de vivir en ese barrio y nunca había pasado una cosa con nuestra familia”, relata entre lágrimas Lidia, la madre de Marina.
En su caso no hubo justicia. El agresor huyó la noche antes que la policía llegara a apresarlo. A pesar que aparentemente hubo interés por llevar el caso, doña Lidia considera que las autoridades dieron pie a que el hombre huyera, pues “se tomaron varios días para ir a capturarlo”.
Luisa Centeno, de la Red de Mujeres de Condega, localidad del norte del país, es una de las activas que pone en duda las declaraciones del juez Aguilar y no considera que la situación sea tan buena a la hora de atender a las niñas víctimas de violación.
“Yo he recibido amenazas”, dice, por su trabajo como defensora de los derechos de las mujeres y las niñas y la forma en que se ha opuesto a un sistema que pretende abandonar a las niña a su suerte cuando son víctimas de violación. Centeno afirma que cuando las víctimas de violencia sienten que el Estado no está enfocado en atenderlas, prefieren callar.
Un estudio realizado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), muestra que tres de cada diez mujeres tienen un hijo antes de los 18 años. Pero el estudio también refleja que las parejas de esas mujeres son cinco o diez años mayores que ellas al momento de embarazarlas y luego no les dan apoyo económico.
“Nicaragua es uno de los países que mejores leyes tiene para la protección de los niños y las niñas”, resalta Vivian Sequeira, especialista en protección infantil de Plan Internacional. Sin embargo, las organizaciones se quejen de que no se hace lo suficiente para prevenir la violencia contra las niñas y desde el mismo Gobierno se hable de que los embarazos adolescentes son “milagros” o signos de “prosperidad”.
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La pequeña en la isla
En una pequeña comunidad de la isla de Ometepe, localizada en el Gran Lago de Nicaragua, vive “María”, una joven de 16 años que es madre de dos niños: Yuleymi Marcela, de cuatro meses, y Edier Antonio, de casi tres años. La comunidad es conocida como Altagracia Pull, un caserío golpeado por la pobreza, lleno de familias rotas por la emigración hacia Costa Rica (destino de trabajo de miles de nicaragüenses) y donde los días pasan bajo el compás del tedio. Polvo, calor asfixiante y un sol que abrasa la piel. Aquí se vive del cultivo de plátano, de la cría de aves o de algo que se pueda pescar en las mansas aguas del Gran Lago. En esta comunidad alejada de las zonas turísticas de Ometepe vive su pesadilla María, violada por su maestro.
“Me decía que era bonita, que si quería ser su novia, que me iba a llevar a pasear a muchos lados. Me decía que tuviéramos relaciones, pero yo le decía que no. Me dijo que me iba a enseñar algo inolvidable que tenía que saber, que él quería ser el que me iba a enseñar eso”, cuenta la joven en la pequeña salida de su casa, una construcción de maderas viejas, pintadas de un tono turquesa desvaído y sin baldosas en el piso.
María llora. Está nerviosa. A veces hay largas pausas en su relato. Pero continúa. Dice que lo quiere contar para que lo que ella vivió no le ocurra a más niñas en Nicaragua. Su agresor, Manuel Ortiz, fue enjuiciado y sentenciado a 15 años de cárcel, pero para María no es suficiente. Su vida quedó truncada. Condena a dejar al escuela y ser madre a una corta edad. En un país donde las niñas embarazadas son expuestas por el Gobierno como un ‘milagro’. María es otra niña milagro. El símbolo de la prosperidad en la Nicaragua “cristiana, socialista y solidaria” de Daniel Ortega y de Rosario Murillo.
(Nota del editor: todos los nombres de las víctimas y sus familiares fueron cambiados en la elaboración de este trabajo. De igual manera se omiten detalles de los barrios y características que podrían identificar a las personas afectadas.)
