23 de febrero 2018
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Un grupo de mujeres se presentó ante el Ministerio Público para denunciar y solicitar una investigación sobre la masacre de La Cruz del Río Grande, en la que fallecieron seis personas, entre ellos Francisco Pérez Valle, de 12 años y Yojeisel Pérez Valle, de 16 años, ambos hijos de Elea Valle.
Michille Najlis, Ariana Peralta, Marlene Álvarez, Patricia Lindo y Ninoska Paz fueron las mujeres que llegaron a esta institución del Estado a presentar un escrito para hacer efectiva su denuncia. En semanas anteriores otros grupos de féminas han llegado al Ministerio Público con el mismo objetivo.
"Venimos aquí como dice el lema de la Fiscalía, por las víctimas, por las justicia. En concreto el hecho de que no haya información clara, que no entreguen los cadáveres de los dos niños es revictimizar a las víctimas", expresó Najlis luego de presentar la denuncia firmada por las otras cuatro mujeres.
Najlis afirmó que el maltrato y la violación a los derechos humanos se hacen más graves y más severos al no investigar los hechos a fondo. No obstante, aclaró que el daño no solo es a las víctimas, sino a la sociedad en general, pues existe una ruptura en el tejido social, el cual toda nación debería tener sólido para tener una identidad como país.
Continúan sin entregar los cuerpos
El pasado 12 de noviembre el Ejército Nacional asesinó en un operativo miliar en La Cruz del Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur, a seis personas, entre ellas los dos hijos de Elea Valle, cuyos cuerpos todavía no le han sido entregados para darles cristiana sepultura.
Valle acusó al gobierno de Daniel Ortega de “asesino”, pues según ella fue él quien mandó a matar a su familia, que se encontraba con un grupo de rearmados y el conocido como comandante Colocho, un líder de un supuesto grupo armado con motivaciones políticas. “Es (un) asesino que manda a matar a la gente de la montaña”, dijo la madre ante los medios de comunicación.
Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), explicó que ni las autoridades militares ni policiales han realizado la entrega de los cuerpos de los dos niños, pese a que en su momento la Policía Nacional anunció que serían exhumados los cadáveres.
“No sabemos qué están esperando. No es un problema sanitario porque en otros casos hemos visto como la Policía entrega los cuerpos de ciudadanos que han permanecido enterrados varios días, como el caso del comerciante que apareció en un terreno en Las Jagüitas o la muchacha de Estelí que estaba enterrada en el sumidero de la casa de su victimario”, expresó Carrión.
Para el director jurídico del Cenidh quizás las autoridades policiales y militares están esperando que el caso salga de la agende mediática, para no ser expuestos ni cuestionados, tal y como lo han sido desde el pasado mes de noviembre.
“En medio de las campañas que tratan de hacer creer que los hijos de Elea estaban armados, esta madre no ha parado para que le entreguen los cuerpos de sus hijos. Ella está enferma, necesita una cirugía, pero no quiere someterse a esta hasta que le entreguen a sus hijos”, detalló Carrión.
