23 de febrero 2018
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La última vez que Juan Rafael Lanzas estuvo en la casa de su suegra todavía andaba por sí solo. Este domingo (18 de febrero) regresó a la vivienda, en San Isidro, Matagalpa, sin piernas y sin muchas esperanzas. ¿Qué será de su vida, su esposa y sus cuatro hijos ahora que está mutilado, “inservible” en sus propias palabras? Mientras yace acostado en un camastro, y su piel todavía desprende costras negras, escuchó a través de la televisión al Comisionado General Francisco Díaz justificar la amputación de sus piernas.
“Dicen que es por una enfermedad. Pero eso es mentira. Yo estaba bien. Vieras como me cachimbearon (golpearon)”, reclamó Lanzas vía telefónica. El comisionado Díaz apoyó su justificación en un dictamen de Medina Legal. Según la versión del alto oficial, el campesino acusado de robo de bombas de fumigar y un panel solar, sufrió una necrosis en sus piernas. Por tal razón, los médicos del Hospital Escuela César Amador Molina de Matagalpa decidieron amputarle las extremidades el 23 de enero.
Desde ese día su esposa, Maribel Suárez, lo cuida y asiste. El domingo lo trasladó a la casa de su madre, porque volver a su finca en el Cerro Colorado en Matiguás, al sitio donde la Policía Nacional lo capturó y vapuleó, queda largo. Ahora sin piernas, más lejos.
“Ya no quiero saber de esto. Repetir lo que me pasó. Que la gente me ayude si quiere, pero que sea de buena voluntad”, afirmó Lanzas. “Lo que yo diga nadie me va a creer, si a quien les creen y tienen la verdad son ellos (policía)”, agregó el hombre.
La “verdad” policial deslinda responsabilidades sobre las causas de la amputación, pero por otro lado no explica por qué no le brindaron atención médica a Lanzas con antelación. Médicos consultados por CONFIDENCIAL coincidieron que una vasculitis y la púrpura trombocitopénica asociada al campesino presentan síntomas, pero él era un hombre sano antes de ser detenido con violencia. La Policía esperó hasta el último momento para llevar a Lanzas al hospital, cuando era demasiado tarde. Debieron trasladarlo antes que sus piernas se gangrenaran. Pero la única opción que quedó fue amputarlo.
“Nosotros valoramos al señor Lanzas Maldonado en dos ocasiones, en la primera (11 de enero) el diagnóstico médico legal establecía la necesidad de remitirlo a emergencias porque presentaba un shock, él tenía una sintomatología que se refería a mareo, dolores de cabezas, sangrados en las encillas y ya presentaba la purpura trombocitopenica” explicó doctor Julio Espinoza, Sub Director General de Medina Legal.
Sin embargo, el epicrisis del hospital de Matagalpa no le fue entregado a la familia campesina. La esposa insistió que la Policía no llevó a Lanzas a un hospital mientras estuvo encerrado.
“Este es uno de los casos más graves de abuso policial en los últimos años”, aseguró Elvira Cuadra, socióloga e investigadora de la institución policial. “El nivel de daño ocasionado pone en entredicho la profesionalidad policial”, añadió.
Si esto fuese un caso aislado, la profesionalidad policial no entraría en duda para Cuadra. Pero afirmó que son “actuaciones que se han venido convirtiendo en una práctica recurrente”.
En los dos últimos informes anuales del Cenidh, la Policía ha sido la institución más denunciada. En 2016, el organismo de derechos humanos revió 533 denuncias que abarcan desde malos tratos al momento de la detención y en las celdas policiales (el caso de Lanzas), hasta torturas en las celdas de El Chipote, donde opera la sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
Otras denuncias son referidas a detenciones prolongadas, falta de información a los familiares sobre los reos, negativa de entregarles alimentos y medicinas, y violación del derecho a la presunción de inocencia.
El control político de Ortega
La socióloga Cuadra recordó que antes de 2007 la Policía Nacional había consolidado un profesionalismo que, incluso, le trajo reconocimientos internacionales. Los derechos humanos, según Cuadra, eran un pilar fundamental en la formación de cadetes y el quehacer de los oficiales.
Sin embargo, tras la llegada el Ejecutivo del comandante Daniel Ortega, las influencias políticas permearon a la jefatura nacional y, por efecto gravitatorio, a toda la institución gendarme. “Esta descomposición es crítica no solo para la Policía Nacional sino para toda la sociedad”, remarcó Cuadra.
La “descomposición” ha sido patente durante toda esta época en el trato represivo que la Policía Nacional les ha dado a activistas, campesinos, periodistas, y feministas, entre otros, que se han manifestado en contra del gobierno del comandante Ortega. Eso incluye obstaculización de marchas, acoso, detenciones arbitrarias y golpizas.
Amnistía Internacional publicó su informe 2017-2018 y subrayó que la Policía hace “uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de la policía contra personas que se manifestaban pacíficamente contra la construcción del Canal interoceánico, y denuncias de detenciones arbitrarias de manifestantes”.
Sin embargo, en este récord hay casos de abuso policial que han conmocionado a la sociedad debido a la brutalidad, y el cinismo con que son justificados desde la jefatura nacional:
- En 2012, tres policías asignados a la custodia policial del comandante Daniel Ortega violaron a una niña con discapacidad intelectual en el parque El Carmen, a escasos metros de la casa presidencial.
- En 2015, Francisco Javier Ponce Sanarrusia apareció ahorcado de forma misteriosa en las celdas de El Chipote, luego que fuese capturado en la ciudad de Rivas. Sus familiares disintieron de la versión oficial y acusaron a la Policía de haberlo asesinado.
- En 2015, la “Masacre de las Jagüitas” fue otro golpe duro al profesionalismo policial. Dos menores y una joven murieron en un operativo antidrogas fallido. De ajuste, la madre de las víctimas, Yelka Ramírez, denunció maltrato a las víctimas.
- En 2016, el estudiante Jobany Torres fue detenido y desaparecido por la Policía Nacional en El Chipote. Luego, fue presentado con serias laceraciones y golpes en los ojos. Pero el joven aseguró que el mismo “se las infligió”.
- En 2017, Dayra Junieth Blandón, una niña de 15 meses de edad, falleció luego de que fuera baleada por oficiales. La policía intentaba detener a su padre Cairo Blandón Lemus por un supuesto historial delictivo, pero al abrir fuego no solo hirieron al hombre: La bebé murió.
El caso de la amputación de Lanzas ha indignado a gran parte del país. Sin embargo, la jefa de la Policía Nacional, la primera comisionada Aminta Granera, guardó silencio ante las preguntas de los periodistas. Más bien evadió las preguntas y se internó tras los oficiales asignados a su seguridad personal, cuando participaba en el homenaje del asesinato del general Sandino este miércoles.
¡Qué vergüenza para Nicaragua! Somos noticia internacional por el autoritarismo y la brutal violencia policial que irrespeta los derechos humanos. https://t.co/9RDq5khyCs vía @elpais_inter
— Silvio José Báez (@silviojbaez) February 21, 2018
Monseñor Silvio Báez reaccionó al caso: “Lo ocurrido con Juan Rafael Lanzas en Matagalpa, víctima de la brutalidad e insensibilidad de la policía, duele. No es un caso aislado. La Policía debe revisar la formación de sus agentes en materia de derechos humanos y respeto al ciudadano. Urge una policía con corazón”.
