Brutalidad policial es "práctica recurrente"

Emma Maldonado Rizo llegó este martes al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en Managua, a clamar justicia. La sede de la Policía Nacional en el departamento de Matagalpa no le ha dado respuesta convincente sobre el caso de su hijo: Juan Rafael Lanzas Maldonado, quien fue vapuleado por oficiales el pasado 29 de diciembre de 2017, a un grado tal de brutalidad, que convaleció por más de 22 días en unas celdas, hasta que su estado de salud empeoró tanto que tuvieron que amputarle las dos piernas.

La madre de Lanzas Maldonado relató los hechos con algo de furia, que lograba contener cerrando sus ojos: Un operativo policial dirigido por un oficial de nombre Leonidas López, dijo, llegó a la comunidad del Cerro Colorado, jurisdicción de Matiguás, la madrugada del 29 de diciembre y apresaron con extremada violencia al campesino, señalado por un finquero de la zona de haberle robado dos bombas de fumigar.

Maldonado Rizo aseguró que su hijo sucumbió ante los golpes propinados. Muchos de ellos en el abdomen por una “mujer policía”. “La niña más grande de ellos no pudo grabar cuando se lo llevaron, porque se llenó todita de nervios”, describió la campesina. El detenido fue trasladado a las celdas preventivas de Matiguás, donde fue maltratado por siete días más, de acuerdo a la denuncia.

Luego, fue trasladado a las celdas de Matagalpa. Maldonado Rizo aseguró que su hijo dormía en el piso, encima de orines y desechos humanos. Una situación insalubre que melló en su salud. “Un virus, un virus malo se le pegó”, afirma la madre.

Lanzas Maldonado, de 38 años de edad, convaleció por quince días más en la cárcel de Matagalpa, en la que el hacinamiento y las faltas de condiciones para los reclusos es la norma, según Juan Carlos Arce, abogado del Cenidh en la filial de Matagalpa.

La denuncia refiere que Lanzas Maldonado pedía ayuda, pero sus suplicas eran ignoradas por los oficiales. Incluso los otros reos le pedían a los policías ayuda para el campesino, cuando vieron que su salud era muy precaria. “Sentía una quemazón en las piernas y pedía acetaminofén”, reconstruyó Maldonado Rizo.

La policía accedió a trasladar al hombre a un centro médico cuando los dolores lo agobiaban tanto, a un punto que seguirlo ignorando era exponerse a que Lanzas Maldonado falleciera en la celda.

“Mi hijo estaba podrido. La sangre de la golpeada se le bajó a las canillas. Lo dejaron inservible”, afirma — sin ningún respaldo médico— la madre. Según ella, los médicos le dijeron que le iban aplicar un tratamiento para ver si era posible salvarle las extremidades a su hijo, pero ya la gangrena estaba muy avanzada. Ese es el único parte médico que conoció Maldonado Rizo, pues los médicos fueron reservados con los comentarios.

El Cenidh calificó de “grave este abuso policial”, ya que deja entre ver una “cadena de abusos”, que inicia con la detención de Lanzas Maldonado en horas no hábiles. El defensor de derechos humanos Arce dijo en el programa Esta Noche que la Policía Nacional fue “indolente” con el campesino cuando clamaba por atención médica. El abogado señaló la obligación de la institución policial para hacer valer los derechos humanos básicos de los privados de libertad, como es la asistencia médica oportuna.

Sin embargo, lo más grave para Arce son los resultados de este caso: Lanzas Maldonado tiene cuatro hijos que depende él, pero ahora no podrá trabajar. El abogado no entiende cómo un delito menor como robo desembocó en una vapuleada tan violenta.

La custodio policial le fue retirada a Lanzas Maldonado del hospital de Matagalpa, después que el denunciante del robo de las dos bombas de fumigar llegara a un acuerdo a través de medición. Pero el daño para el campesino ya estaba hecho.

Profesionalismo de la Policía en entredicho

Elvira Cuadra, socióloga e investigadora en temas de seguridad, dijo que el profesionalismo de la Policía Nacional no estuviera en entredicho si este fuese un caso aislado. Pero no lo es. Existen el antecedente del asesinato de la bebé Daira Junieth. La niña murió en medio de un operativo policial cuando intentaban detener a su padre Cairo Blandón. También recae sobre la institución gendarme la atroz masacre de Las Jagüitas.

“Se viene convirtiendo en una práctica recurrente”, aseveró Cuadra. La experta aseguró que el profesionalismo policial se ha visto deteriorado por las influencias políticas del gobierno del comandante Daniel Ortega, que han permeado en la institución a través de la jefatura nacional desde 2007.

Cuadra recordó que en la década del dos mil la Policía Nacional tenía como pilar fundamental los derechos humanos, pero ahora ese principio parece no estar en primer orden.

“Hay un punto de no retorno que es difícil intensificar de forma tangible, pero cuando ocurra la perdida de la institucionalidad de la Policía, no solo la institución perderá, sino toda la sociedad”; advirtió Cuadra.