Efectos de la reducción del subsidio social

El tema del subsidio energético, abordado correctamente, es decir, con un criterio más técnico que politiquero, puede resultar fascinante si surge de una estrategia que orienta la economía hacia metas de desarrollo humano. En especial, si brinda oportunidades de desarrollo a los sectores marginados preferentemente, en lugar de abordar la pobreza desde una desvergonzada visión populista, casi siempre inconsecuente, que otorga y quita subsidios por intereses espurios del poder político, sin estrategia alguna.

Estrategia energética y política de subsidios

En nuestro caso, el subsidio energético se implementó, a partir de 2005, sin metas sociales, sin parámetros que midiesen los resultados a obtener, sin una estrategia energética y económica concomitante que paulatinamente lo volviesen innecesario en el escenario base. De modo que, con igual irresponsabilidad se reduce ahora sin análisis alguno, improvisadamente, con la incapacidad notoria de un gobierno abusivo que no rinde cuentas a la sociedad por las decisiones discrecionales que adopta.

Cuando se afecta sin explicación válida al sector más vulnerable de la sociedad, el régimen político es, indudablemente, dictatorial y reaccionario.

La función de las políticas sociales

La intervención del Estado en el precio tarifario de la energía para sectores específicos, en teoría económica se conoce como óptimo de segundo orden, en el que intervienen criterios de rentabilidad social. El tema aquí, respecto a la tarifa social, corresponde a la misión del Estado de velar por condiciones humanas para la población más desprotegida, la de muy bajos ingresos, no afecta para nada la operación comercial de la industria eléctrica.

Un gobierno errático, sin sustento social, no tiene empacho en manifestar que la vigencia de las políticas sociales del país la decide impositivamente el BID, dado que al situarse impunemente por encima de la sociedad su permanencia en el cargo burocrático no depende del bienestar o el malestar ciudadano, que se expresaría normalmente en las urnas.

Antecedentes del subsidio

Con el incremento del precio del petróleo en el periodo de 2000 a 2005, que encarecía la tarifa en 70 %, la Asamblea Nacional durante las postrimerías del gobierno de Bolaños decidió congelar, hasta 2007, la tarifa de los clientes que consumieran 150 kWh o menos, limitándola al valor que resultaba con el precio del petróleo de julio de 2005 (cuando la generación térmica representaba el 80 % de la matriz de generación eléctrica, y el precio del barril del petróleo era de 50 dólares).

Esto llegó a significar 1 millón de dólares en subsidio en 2005, 9 millones en 2006, y 12 millones en 2007. Lo que era, hasta cierto punto tolerable a esa fecha. Sin embargo, al primer vencimiento del plazo estipulado en la ley, el gobierno de Ortega, sin mayores análisis, sin procedimiento alguno, simplemente prorrogó repetidamente el subsidio en las mismas condiciones hasta finales de 2017.

A diciembre de 2017, el monto acumulado de dicho subsidio (que congelaba la tarifa al valor que tenía en 2005, a quienes consumen 150 kWh o menos al mes), asciende en estos 12 años a 522.5 millones de dólares. El subsidio a los asentamientos carenciados, en ese período, asciende a 71 millones de dólares, y el subsidio en el pago de IVA asciende a 154 millones de dólares. Lo cual arroja un monto acumulado total de 748 millones de dólares en subsidio eléctrico.

Subsidios energéticos mezclados con pésima planificación del suministro

Como puede verse en el gráfico, hasta 2017 el perfil del monto anual acumulado es la topografía de una colina muy empinada cuesta arriba. Lo cual, se revela como una política de subsidio creciente sin pies ni cabezas. A lo que se debe añadir que la planificación energética (el plan de expansión de la generación) es desastroso, ya que introdujo energía intermitente y no-despachable (el 31 % de la demanda máxima) en un mismo nodo eléctrico de las redes de transmisión, y con una pésima negociación directa de los contratos de compra de energía a los generadores.

Subsidios energéticos, sin estrategia de eficiencia y de reducción de costos energéticos y, luego, sin mejora en el desempleo, sin mayores ingresos y puestos de trabajo más calificados, conduce a trazar una política cuyo fracaso integral se hace patente cuando se eliminan los subsidios sin haber obtenido una mayor estabilidad social.

En 2006, cuando inició la política del subsidio social, el salario real con el que se mide el poder adquisitivo de los trabajadores era de 4,823.9 Córdobas. En 2017, cuando el subsidio se reduce a capricho, doce años después, el salario real es de 4,762 Córdobas, inferior al de partida, según cifras del Banco Central.

La gradualidad de reducción del subsidio, en escalones y porcentajes variables establecidos caprichosamente durante los próximos cinco años, no tiene otro objetivo que adormecer el impacto sobre la población vulnerable, para evitar un costo político fulminante. Es el mismo expediente gradual del envenenador de los Borgia, que vertía cotidianamente dosis graduales de arsénico en la bebida de sus víctimas.

¿Qué efecto tiene esta reducción en la economía popular de la amplia mayoría de usuarios?

La reducción anual del subsidio, por rango de consumo, significa que las familias pobres actuales (sin considerar el crecimiento vegetativo de los pobres) sacarán de sus bolsillos un aporte extra – ¡si no hay un ulterior incremento de la tarifa vigente! – de 10 millones de dólares en 2018, 16 millones en 2019, 21 millones en 2020, 26 millones en 2021, y 29 millones en 2022. Al final, la tarifa habrá experimentado, en 2022, un incremento del 36 % para las familias pobres, que se facturará en ese monto en adelante.

En estos cinco años, los pobres habrán entregado un acumulado de 102 millones de dólares por efecto de la reducción del subsidio, más 5.1 millones por deslizamiento de la moneda, empeorando así, sustancialmente, sus condiciones de existencia.

La reducción gradual del subsidio, en los próximos cinco años, se traduce en cinco tarifas incrementales que se acercan rápidamente, sobre todo en el rango de consumo de 100 a 150 kWh, al valor de la tarifa plena vigente.

¿La reducción de las pérdidas puede reducir la tarifa?

El ministro de energía dice, a sabiendas que miente, que esta reducción del subsidio fortalecerá al sector eléctrico. La reducción lo único que hace, si llamamos a las cosas por su nombre, es parchar en parte, a costa de los más pobres, la pérdida financiera de la ayuda venezolana. Para completar su afirmación, el ministro sostiene que con un préstamo del BID van a reducir las pérdidas de energía y, con ello, reducirán la tarifa.

Las pérdidas representan entre el 20 y el 25 % de la energía generada. De ellas, entre el 9 y el 11 % son pérdidas técnicas, en las redes de transmisión y de distribución, en las subestaciones y en los transformadores de media a baja tensión. Estas pérdidas técnicas, para bajar tan sólo 1 % requieren grandes inversiones en infraestructura y en cambios de topología del sistema, sobre todo de distribución.

Estas inversiones, poco rentables, son parte intransferible del negocio de la empresa distribuidora. En el VAD de la distribuidora, incluido en la tarifa, se incorpora el Valor Neto de Reposición de activos (redes, transformadores, etc.) de una empresa eficiente. De modo, que al Estado no le corresponde efectuar inversión alguna con este propósito.

Por práctica mundial de la industria desregulada, cuando se privatiza la distribución de energía, dado que la distribución es un monopolio natural, a la empresa se le hace competir por normativa con una empresa eficiente virtual. En consecuencia, la diferencia entre sus costos reales y los costos de una empresa eficiente (que son los que se deben reconocer en tarifa) son pérdidas para la empresa que ella debe gestionar y reducir como parte de su negocio privado.

Los préstamos obtenidos por el Estado, para desarrollar planes de reducción de pérdidas de distribución, en ningún caso deben transferirse como deuda a los ciudadanos o, peor aún, como un costo a la tarifa eléctrica. Obviamente, es una deuda de la distribuidora, por inversiones que corresponden a su gestión empresarial.

Las pérdidas, después de 2012, han permanecido estancadas. No han bajado un ápice (muy probablemente han subido).

El peso de las pérdidas totales incorporadas en la tarifa, que en 2009 era del 11 % de la energía comprada a los generadores, el gobierno lo incrementó en 2013, por la ley 839, a un valor de 16 %, cuando adquirió la distribución de energía el consorcio TSK-Melfosur. Y proyecta, conforme a la ley, una baja muy gradual hasta 2018, a un valor siempre alto del 14 %. De manera tal que, por simple norma, el porcentaje a trasladar a tarifa debió bajar nuevamente hasta el 11 % anterior.

Cualquier reducción de las pérdidas totales que no baje del umbral del 14 %, no incide para nada en la reducción de la tarifa actual, beneficiando exclusivamente a la distribuidora.

Toma de estado del impacto actual del subsidio 

Los clientes subsidiados, vía presupuesto de la república, representan 837 mil clientes, el 77 % del total. Consumen el 20 % de la energía total, y el monto del subsidio de la tarifa social (65 millones de dólares) es el 9 % del monto total de las ventas de la distribuidora (debido a que su tarifa subsidiada corresponde a los primeros bloques de consumo de la tarifa vigente).

El problema, más que el monto del subsidio, es la pequeñez del mercado eléctrico nicaragüense, tres veces menor que el de Guatemala, Costa Rica o Panamá, y 3.6 veces menor que el de República Dominicana, con una población en Nicaragua superior a la de Costa Rica y a la de Panamá. Y con un PIB 4.55 veces inferior a Costa Rica o Panamá, y 5.43 veces inferior al de Guatemala.

De tal forma, que el peso de la pobreza es relativamente agobiante, porque la sociedad debe garantizar unos derechos humanos mínimos a la abundante población carenciada, con una economía raquítica. Es un problema estructural de subdesarrollo, y debe ser afrontado como tal, no reduciendo el subsidio a los pobres.

Comparación tarifaria con Centroamérica

No sólo el subsidio se hace necesario porque el PIB per cápita en Nicaragua es inferior 5.5 veces al de Costa Rica, y 6.53 veces inferior al de Panamá, sino, porque la tarifa es comparativamente excesiva en Nicaragua yvuelve inaccesible el uso de la electricidad al 50 % de la población de ingresos sumamente bajos.

Si comparamos, por rango de consumo, la tarifa eléctrica de los tres sectores económicos que en conjunto demandan el 85 % de la energía, con la tarifa de El Salvador y Guatemala, notamos que la tarifa residencia a partir de 100 kWh/mes, supera con creces la de estos dos países. La tarifa comercial, no sólo es mucho más elevada, sino, que permanece invariable a medida que aumenta el rango de consumo, mientras en El Salvador y Guatemala se reduce, como corresponde lógicamente a medida que aumenta el consumo. Con la tarifa industrial ocurre un comportamiento anómalo similar con nuestra tarifa. Incluso, la tarifa industrial aumenta para consumos superiores a 50 mil kWh/mes, cuando debiera disminuir.

Ello indica que nuestras tarifas están mal diseñadas, y que posiblemente más que a un subsidio cruzado entre tarifas este diseño de las tarifas corresponda a una desagregación sesgada del Precio Medio de Venta en el pliego tarifario que permite a la distribuidora recaudar más de lo debido, como si la tarifa subsidiara a la distribuidora.

Lo que haría perentorio sincerar costos por medio de un estudio tarifario integral (no elaborando irresponsablemente pliegos tarifarios antojadizos sin soporte en una campaña de medición de curvas típicas de demanda). Esto es más urgente y práctico que proceder a reducir el subsidio en el contexto de un pliego tarifario caótico.

Análisis del efecto integral del subsidio

Aunque el subsidio se haya decidido sin método alguno, lo lógico, una vez que existe, es evaluar metódicamente su impacto en la sociedad, antes de adoptar cualquier decisión al respecto.

En los documentos de trabajo del Banco Central figura un estudio sobre los efectos del subsidio, elaborado en 2013 por Natalia Michel, bajo el título de “DT 43 Efectos  del subsidio a tarifa energía a los hogares nicaragüenses”.

Para tal estudio la investigadora usó un Modelo de Equilibrio General Computable Estático y micro simulaciones para una economía abierta, calibrado utilizando una Matriz de Contabilidad Social.

Los resultados fueron los siguientes:

• El consumo y el ingreso de los hogares y, por tanto, la pobreza, mejoran con la implementación del subsidio. Los efectos del subsidio son prominentemente positivos.
• Se reduce el déficit de la cuenta comercial en el escenario con subsidio, y una menor apreciación del tipo de cambio real en el escenario con subsidio.
• La caída en el crecimiento del PIB respecto al escenario base siempre es menor en los escenarios que asumen el subsidio.
• El desahorro del Gobierno producto del subsidio está siendo financiado por un mayor ahorro de los consumidores (la propensión marginal a ahorrar aumenta 25.3% con subsidio.
• La economía mejora con la implementación del subsidio. El incluir el subsidio dinamiza la producción de las actividades relacionadas con la producción del bien subsidiado.

De tales resultados se concluye que el subsidio social de la tarifa eléctrica es positivo, de modo que su reducción trae múltiples consecuencias indeseables para la sociedad.

El autor es ingeniero eléctrico.