23 de enero 2018
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Un grupo de once organizaciones de la sociedad civil protestó frente a las instalaciones del Consejo Supremo Electoral (CSE), en demanda de elecciones libres y transparentes y por la ausencia de las instituciones del Estado por no prevenir ni sancionar los actos de corrupción de los funcionarios públicos.
José Antonio Peraza, director ejecutivo del Movimiento por Nicaragua, leyó un comunicado, firmado por todas las organizaciones, que enfatizaba en lo inadmisible que resulta el silencio de las autoridades nicaragüenses (Procuraduría General de la República-PGR, Ministerio Público y Asamblea Nacional), por no emitir declaración alguna respecto a las sanciones que el Gobierno Estadounidense emitió en contra de Roberto Rivas, presidente del CSE.
“El silencio de estas instituciones del Estado, es una clara complicidad y tolerancia gubernamental hacia el tema de la corrupción, lo mismo que una flagrante violación de la Ley de Acceso a la Información Pública sobre las actuaciones de los funcionarios”, dice parte del comunicado.
Otro momento de la protesta de este 22 de enero, frente a las instalaciones del CSE. Confidencial | Carlos Herrera
El documento solicita a las autoridades nacionales que se realice una investigación exhaustiva respecto a los actos corruptos por los cuales ha sido señalado Roberto Rivas.
“Los nicaragüenses lamentamos el deterioro y la falta de legitimidad del Poder Electoral, así como su falta de independencia, lo que ha permitido al partido de Gobierno realizar fraudes electorales recurrentes desde las municipales del 2008 hasta las del 2017. Estos hechos son una violación a los derechos humanos de los nicaragüenses al irrespetar el derecho a decidir”, continuó leyendo Peraza.
Haydée Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, expresó que en cualquier otro país cuando un funcionario del Gobierno es acusado de corrupción, una de las primeras instituciones que pide una rendición de cuentas a esa persona, es la Asamblea o la Procuraduría, sin embargo, en Nicaragua las figuras estatales se han declarado incompetentes.
“Investigar a Roberto Rivas no es suficiente. Desde el 2007 hemos dicho que el país demanda una reforma estructural de la Ley Electoral, que fue una conquista en los acuerdos de Paz de 1990. Fecha en la que se acordó que en Nicaragua debía existir pluralismo político y no un solo poder que eligiera quién podía ser o no candidato. Para que Nicaragua se resuelvan todos estos problemas, necesitamos un cambio de sistema político y económico y será posible con la movilización del pueblo”, manifestó Castillo.
Haydeé Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, en la protesta frente al CSE. Confidencial | Carlos Herrera
Gabriel Álvarez, experto en Derecho Constitucional, consideró que el contexto actual de Nicaragua podría ser una oportunidad para que el Gobierno atienda los problemas más importantes que afectan la institucionalidad democrática que afectan el país, la cual se encuentra profundamente deteriorada.
“No se ha visto que el señor Ortega y la señora Murillo, tomen estas situaciones con toda la seriedad y que dejen ya la angustia, la incertidumbre, que afecta no solo la economía, sino la propia tranquilidad de los ciudadanos, independientemente que unos puedan reflexionar más y otros menos, sobre estos nubarrones”, consideró Álvarez.
La protesta culminó en el portón del CSE. Los marchantes intentaron ingresar a esta institución del Estado, sin embargo, el acceso les fue negado y los guardas de seguridad argumentaron que en esas oficinas no estaba ningún funcionario que pudiera atenderles.
