23 de diciembre 2017
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Un grupo de siete senadores –entre republicanos y demócratas- introdujo en la Cámara Alta, la propuesta de ley conocida como NICA Act, que obligaría a los representantes estadounidenses ante cada institución financiera en la que tengan voto, a oponerse a cualquier préstamo que solicite el gobierno de Nicaragua.
La decisión ocurre un día después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyera al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, en una lista de non gratos a los que se le congelan sus bienes y propiedades en Estados Unidos, pero dos días después que la Organización de Estados Americanos diera un espaldarazo a las ‘elecciones’ realizadas por la administración Ortega, conducidas por Rivas.
La iniciativa de activar el proceso de aprobación de la Ley Nicaragüense de Condicionalidad de Inversiones, estuvo encabezada por los senadores Ted Cruz y Patrick Leahy, junto con Marco Rubio, Bob Menéndez, David Perdue, Dick Durbin y Shelley Moore, para “responsabilizar el presidente Daniel Ortega y su régimen, por sus prácticas de corrupción y abuso de los derechos humanos”.
A inicios del pasado mes de octubre, la Cámara de Representantes aprobó una versión de la misma ley, introducida por la republicana Ileana Ros-Lehtinen, y el demócrata Albio Sires.
Según una nota de prensa emitida por la oficina del senador Cruz, este opina que “el régimen de Ortega ha estado desenfrenado durante demasiado tiempo. El secuestro de las instituciones electorales y la represión de la oposición, han socavado gravemente el orden democrático y la voluntad de la gente”.
Por ello, señala que es del interés de Estados Unidos combatir la “extralimitación descarada de Ortega, e incentivar una reforma significativa”, del sistema.
“Si dejamos que la élite gobernante de Nicaragua use préstamos internacionales para engordar más sus empresas corruptas con regímenes antiestadounidenses, nos estaríamos haciendo de la vista gorda. Desde el esquema de petrodólares de Venezuela, a la venta de armas y las operaciones de inteligencia de Rusia, esta influencia externa afectará el futuro del pueblo de Nicaragua y plantea implicaciones de seguridad nacional no sólo para Estados Unidos, sino para todos nuestros aliados en el hemisferio occidental”, señaló.
Por su parte, el senador Menéndez declaró que “los nicaragüenses merecen un gobierno transparente que represente la voluntad de las personas y obre en su nombre. Esta legislación bipartidista es un reconocimiento que nuestra seguridad nacional se fortalece cuando nuestros vecinos en la región son más capaces de proteger el Estado de Derecho, fortalecer las organizaciones democráticas y mantener elecciones libres y justas”.
Condicionadamente democráticos
De entrar en vigencia tal como está redactada en este momento, la NICA Act requeriría que el presidente de Estados Unidos instruyera al representante de ese país en cada institución financiera internacional, oponerse a cualquier préstamo para el gobierno de Nicaragua, excepto aquellos que sean para atender necesidades humanas básicas y promover la democracia.
El cese de ese mandato ocurriría si el secretario de Estado certificara e informara al Congreso, que el gobierno de Nicaragua ha dado pasos efectivos para celebrar elecciones libres y justas, supervisadas por observadores con credibilidad nacional e internacional.
También, que hay una efectiva promoción de la democracia, así como un sistema judicial y un consejo electoral independiente; fortalecer el Estado de Derecho; respetar el derecho a la libertad de expresión y de asociación; y combatir la corrupción, incluyendo la investigación y enjuiciamiento de funcionarios “creíblemente corruptos”.
Las condiciones incluyen proteger el derecho de los partidos de oposición política, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil, a operar sin interferencia; así como proteger los derechos de los pueblos indígenas.
Adicionalmente, se requeriría un informe del secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia, de la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua en actos de corrupción pública, lavado de dinero y violaciones a los derechos humanos, y otro informe que describa “el grado de cooperación de los gobiernos de Rusia y Venezuela, con el gobierno de Nicaragua y sus fuerzas armadas y personal de seguridad”.
