21 de diciembre 2017
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Un día después que la Organización de Estados Americanos OEA avaló los resultados de las cuestionadas elecciones municipales en Nicaragua, el presidente Donald Trump, incluyó a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, en una lista de “personas envueltas en serios abusos a los derechos humanos o corrupción”, basado en la Ley Global Magnitsky, en el marco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
La lista incluye a otros catorce ciudadanos de Guatemala, República Dominicana, Gambia, Sudán del Sur, Rusia, Bélgica, China, Israel, Uzbequistán, Pakistán, Myanmar (Birmania), y Serbia, así como 37 empresas de diversas partes del mundo.
Ambas listas forman parte de una ‘orden ejecutiva’, firmada por Trump, por considerar que “la corrupción y el abuso de los derechos humanos, socavan los valores que constituyen un fundamento esencial para el funcionamiento de sociedades estables y seguras, y tiene devastadores efectos sobre los individuos, debilitan las instituciones democráticas, degradan el estado de derecho, perpetúan los conflictos violentos, facilitan las actividades de las personas peligrosas, y socavan los mercados económicos”.
A partir de eso, el mandatario estadounidense determinó que todos los bienes e intereses de los individuos y empresas afectadas, que estén en Estados Unidos, o que lleguen a estar en el futuro en ese país, o que en cualquier momento por venir pudieran estar dentro de la posesión o control de cualquier persona de Estados Unidos, “están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados o retirados”.
El alegato original para considerar que Rivas era merecedor de esas sanciones, señala que el titular del CSE se ha trabajado al servicio del comandante Daniel Ortega, durante más de una década, para negar a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres y transparentes.
CONFIDENCIAL publicó a principios de este mes, que “los senadores y congresistas también basaron sus argumentos en el reciente informe del Estado sobre prácticas de derechos humanos, informes de la oposición en Nicaragua, e investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, que documentan acusaciones de corrupción contra Rivas que lo señalan de hacer una fortuna y ser dueño de casas, mansiones, yates y aviones a reacción, mientras recibe solo USD 5,000 por mes en concepto de salario del gobierno”.
En esa ocasión se señalaba que la Secretaria de Estado adjunta interina de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado, Patricia M. Haslach resaltó que las sanciones bajo la Ley Magnitsky pueden ser aplicada en cualquier país del mundo, sin necesidad de que existan leyes con sanciones específicas aprobadas previamente.
“Magnitsky Act crea una autoridad adicional para permitir que la administración estadounidense responda a las crisis y busque rendición de cuentas, incluso cuando no existan programas de sanciones específicos”, explicó Haslach.
Ros-Lehtinen aplaude decisión de Trump
Felicito a la Administracion por apoyar al pueblo d #Nicaragua y sancionar al presidente del Consejo Supremo Electoral por sus abusos contra #DDHH. La Administracion debe continuar promoviendo los ideales democráticos n el Hemisferio Occidental https://t.co/5FhMLUhiG4
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) December 21, 2017
Al conocer la decisión, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, presidente emérito del Comité del Congreso sobre Asuntos Exteriores, declaró que “a principios de este mes, se entregó una carta bicameral y bipartidista a la Administración, instándole a considerar a Roberto Rivas, Presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, y Francisco López, Vicepresidente de Albanisa, para la designación en la Ley Global Magnitsky”.
“La Administración dio un paso importante en la emisión de su primera serie de designaciones en virtud de esa Ley, que incluye el nombre de Rivas en la lista. La magnitud de la corrupción y el fraude orquestado por Rivas está bien documentado y bien merece estas sanciones”, añadió.
“Me alegra que la Administración esté tomando medidas decisivas para apoyar al pueblo de Nicaragua, pero este debe ser el primer paso y no el último. Espero que en la próxima ronda de sanciones, la administración señale a López por su papel en la erosión de las instituciones democráticas en Nicaragua, y por sus violaciones de los derechos de los nicaragüenses”, dijo Lehtinen.
La senadora considera que “la Ley Global Magnitsky es una de las herramientas que la Administración puede utilizar para frenar los abusos de los derechos humanos en Nicaragua y para responsabilizar al régimen de Ortega. Este año, el Senado aprobó otra medida – la NICA Act– que es otra herramienta para que la Administración cumpla con estos objetivos”.
Ros-Lehtinen instó a sus colegas en el Senado para tomar esta medida y enviarla a Trump, pensando en enviar “un poderoso mensaje a Ortega y sus secuaces, de que estos abusos no podrán continuar sin consecuencias”.
La carta también fue suscrita por los representantes Marco Rubio, Bob Menéndez, Ted Cruz, y otros seis senadores más.
La lista de los sancionados
Además de Rivas, EE.UU. impuso este jueves sanciones a 13 individuos por corrupción y violación de derechos humanos, entre ellos a Julio Antonio Juárez Ramírez, parlamentario de Guatemala, y el empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.
“Hoy, EE.UU. toma fuertes medidas contra el abuso de derechos humanos y corrupción global cerrando el acceso de estos malos actores a nuestro sistema financiero. El Tesoro congela sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos”, afirmó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, en un comunicado.
Washington acusa a Juárez de contratar a un sicario para asesinar a un periodista en Guatemala y a Rondón por su participación en la red de sobornos creada por la empresa brasileña Odebrecht para la concesión de obras públicas.
Por su parte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, remarcó en una nota paralela que “debemos liderar con el ejemplo, y las acciones de hoy muestran que EE.UU. continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para aquellos que cometan graves violaciones de derechos humanos”.
También son objeto de estas sanciones el expresidente de Gambia Yahya Jammeh (1994-2017), señalado por ordenar el asesinato y tortura de opositores, y el robo a gran escala de las arcas públicas, y al jefe militar birmano Maung Maung Soe, responsable de “limpieza étnica” de la minoría musulmana rohingya.
Igualmente están en la lista Gulnara Karímova, hija del exdictador uzbeko Islam Karímov, por malversación y desfalco de fondos públicos, y Artem Chayka, el hijo del fiscal general de Rusia, por corrupción en la concesión de licitaciones públicas.
(Con información de EFE).
