2 de diciembre 2017
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Congresistas y senadores republicanos y demócratas solicitaron al presidente estadounidense Donald Trump, sancionar a través de la Ley Magnitsky a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y a Francisco “Chico” López, vicepresidente de Albanisa, por presuntos abusos contra los derechos humanos, corrupción y actividades ilícitas en apoyo del presidente Daniel Ortega.
La Ley Magnitsky, fue aprobada en 2012, como resultado de las investigaciones realizadas contra funcionarios del gobierno de Vladimir Putin, que se vieron involucrados en el crimen del abogado Sergei Magnitsky, quien denunció actos de corrupción en Rusia, y afectaba únicamente a ciudadanos de ese país. Sin embargo, en 2016 fue reformada para que su espectro de acción afectara a otros extranjeros implicados en casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
La coalición bipartidista de miembros del Congreso está liderada por Ileana Ros-Lehtinen, quien envió una carta a Trump este viernes pidiendo que valore si Rivas y López pueden ser sancionados. También firmaron esta carta Marco Rubio, Ted Cruz, Bill Nelson, y Bob Menéndez; de igual forma el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Ed Royce, Paul Cook, Eliot Engel y Debbie Wasserman Schultz.
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Los firmantes expresaron preocupaciones similares a las que manifestaron en su momento en contra de funcionarios del Gobierno de Venezuela. En el caso de Rivas expresaron que este ha trabajado junto a Ortega, durante más de una década, negando a los nicaragüenses el derecho a elecciones libres y transparentes.
La carta hace referencia al Informe del Departamento de Estado sobre las Prácticas de Derechos Humanos para 2015, en la que se señala que en 2011, el CSE anunció la reelección de Ortega y que esa elección fue un proceso altamente viciado.
“Los observadores expresaron su preocupación con respecto a la legitimidad constitucional de la reelección de Ortega. Las elecciones de 2011, también proporcionaron al partido gobernante una mayoría en la Asamblea Nacional, lo que permitió reformas a la Constitución, que eliminó las restricciones a la reelección de los funcionarios del poder ejecutivo, y de alcaldes”, continúa la carta.
Los senadores y congresistas también basaron sus argumentos en el reciente informe del Estado sobre prácticas de derechos humanos, informes de la oposición en Nicaragua e investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, que relatan acusaciones de corrupción contra Rivas que lo señalan de hacer una fortuna y ser dueño de casas, mansiones, aviones a reacción y una isla, mientras reciben solo USD 5,000 por mes en concepto de salario del gobierno.
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La carta también hace referencia a una filial nicaragüense de la compañía petrolera estatal venezolana, PDVSA, que está plagada de corrupción. Esa filial, Albanisa, “no ha contabilizado públicamente el gasto de asistencia significativa fuera del presupuesto de Venezuela”, escribieron.
“Es posible que López sea directamente responsable, o sea cómplice, de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativa a través de Albanisa”, expresaron.
Primera advertencia a PDVSA
En agosto de este año PDVSA de Venezuela ya fue sancionada por medio de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. El espectro de acción de esta ley podría abarcar a Alba de Nicaragua S.A (Albanisa), empresa binacional propiedad en 51% de PDVSA y 49% de Petróleos de Nicaragua (Petronic).
La orden ejecutiva prohibió todas las “transacciones relacionadas con la provisión de financiamiento y otras transacciones por una persona de los Estados Unidos o dentro de los Estados Unidos”. Por esa razón los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) fueron citados el pasado siete de septiembre a la embajada de Estados Unidos en Managua.
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La Secretaria de Estado adjunta interina de la Oficina de Asuntos Económicos y Empresariales del Departamento de Estado Patricia M. Haslach resaltó que las sanciones bajo la Ley Magnitsky puede ser aplicada en cualquier país del mundo sin necesidad de que existan leyes con sanciones específicas aprobadas previamente.
“Magnitsky Act crea una autoridad adicional para permitir que la administración estadounidense responda a las crisis y busque rendición de cuentas, incluso cuando no existan programas de sanciones específicos”, expli Haslach.
Es decir que Magnitsky podría ser aplicada en Nicaragua, incluso si la Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act, no ha sido aprobada en el Senado estadounidense, ni ha entrado en vigencia.
