Ejército de Nicaragua: ¿Quo vadis?

Los recientes hechos en los cuales seis ciudadanos nicaragüenses fallecieron en un encuentro aún no esclarecido con el Ejército de Nicaragua, en La Cruz de Río Grande, en el Caribe Sur, deben ser profundamente analizados por toda la sociedad nicaragüense. Por el bien de Nicaragua, por el bien de nuestro ejército, es urgente que se investiguen de manera independiente.

El comandante Daniel Ortega y el jefe del Ejército Julio César Avilés en un acto oficial en Managua. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL.

No es la primera vez que conocemos de ese tipo de operativos militares en el campo, ejecutados de manera opaca bajo lo que parecen ser acciones del ejército al margen de los procedimientos establecidos por la Constitución Política y por el Código Militar. En casos como estos, el silencio o la rápida justificación de lo ocurrido, es la peor de las opciones, porque afianza un clima de indolencia frente a un inaceptable patrón de comportamiento por parte de nuestras fuerzas armadas y el incierto rumbo de su institucionalidad.

Ciertamente durante el proceso de transición democrática (1990-2006) quedaron varios temas pendientes en la transformación del ejército, de un cuerpo armado de tiempos de guerra a uno para tiempos de paz. Por ejemplo, la timidez de las mismas autoridades civiles tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo no permitieron avanzar lo suficiente hacia la ruta del control civil democrático, algo que en su momento llamé “conformismo democrático”. También se erró en no definir con claridad los límites del involucramiento militar en labores de seguridad internaque son más propias de los cuerpos policiales, como es la seguridad en el campo y las labores de inteligencia, entre otras.

No obstante, en otros temas vinculados a la capacitación de los militares en el uso razonable de la fuerza sí se venía avanzando. Es sabido que los cuerpos castrenses tradicionalmente no están capacitados para hacer arrestos o prevenir delitos. El entrenamiento que recibe un soldado está orientado a exterminar a sus enemigos. Por otro lado, la sociedad nicaragüense reconoció que ante las amenazas no tradicionales como el narcotráfico y el crimen organizado, se hace necesariala colaboración entre policía y ejército. Así se estableció en el Código Militar, hoy reformado parcialmente, lo que implica no sólo la necesidad de una permanente capacitación en Derechos Humanos dentro de las fuerzas armadas sino también mecanismos de control civil—como la supervisión parlamentaria—y protocolos claros de actuación ante el delito que eviten el uso excesivo de la fuerza. La “policialización” de los ejércitos es efectivamente un problema en toda Centroamérica pero Nicaragua parecía que había encontrando una modelo balanceado de coordinación militar-policial en un marco de respeto a los Derechos Humanos. Hoy el rumbo es más bien inquietante.

En ese sentido, durante mis casi diez años de servicio público en el Ministerio de Defensa (1997- 2006), fui testigo de un proceso admirable de modernización del Ejército de Nicaragua y de avances importantes en la formación de oficiales y soldados en materia de Derechos Humanos. Personalmente supervisé convenios de colaboración con instituciones académicas especializadas en Derechos Humanos, tanto en Nicaragua como en el exterior. Como resultado se logró capacitar a un número elevado de oficiales en esa materia. ¿Qué ha pasado con todo ese entrenamiento? ¿Existen aún esos protocolos de actuación? ¿Qué autoridades civiles supervisan que el ejército no exceda sus límites en situaciones de seguridad interna? Todas esas preguntas son hoy más relevantes frente a lo sucedido en la Cruz de Río Grande.

La falta de definición con suficiente claridad del rol de los militares en labores de seguridad  interna, especialmente en el campo, no es un tema nuevo. A pesar de ello, en gobiernos anteriores sí había comunicación entre el ejército y organizaciones defensoras de Derechos Humanos. También existía un papel más activo y visible de parte del Ministerio de Defensa, y de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional.  ¿Cuándo fue la última vez que el Ejército se abrió a un diálogo con la sociedad civil, con instancias defensoras de Derechos Humanos o al menos con especialistas civiles independientes en defensa y seguridad? El silencio parece imperar como la respuesta de una sociedad que no se ha querido tomar en serio el control civil democrático sobre los militares.

En consecuencia, la ruta del Ejército de Nicaragua parece ser una de deterioro en la institucionalidad democrática que éste venía logrando. Hemos visto que desde el 2007, parte del plan de Daniel Ortega ha sido subordinar al ejércitode la mayor manera posible a sus intereses partidarios. La remoción temprana de varios altos oficiales y la permanencia indebida del Jefe del Ejército en su cargo más allá de lo que originalmente establecía el Código Militar, son sólo signos de un proceso más profundo de partidización del ejército. A lo anterior se suma la formación política de jóvenes cuadros del ejército en una visión claramente pro partidista a favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la seducción económica de varios altos oficiales retirados,hoy incorporados a los negocios de Albanisa con dineros provenientes de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDESA).

Creo que es ingenuo suponer que ese deterioro en la institucionalidad del ejército no tiene nada que ver con los operativos militares sucedidos en lugares como El Portal, de Santa María de Pantasma en 2015, Ayapal en el 2016 o la La Cruz de Río Grande la semana pasada. Cuando se empieza a perder el límite y el rumbo ético de las instituciones militares, la línea entre seguridad nacional y violaciones a los Derechos Humanos es peligrosamente tenue. La historia nos dejó la sangrienta lección que quienes suelen pagar los platos rotos de esa opacidad son los campesinos, las minorías étnicas como las comunidades Miskitas y las personas con ideas políticas adversas al caudillo de turno.

La actual ruta del Ejército nos trae amargos recuerdos de esos episodios de la historia reciente de Nicaragua. También nos llena de tristeza a quienes como civiles o como militares, hemos expresado confianza en el valor que tiene el ejército para la construcción de una sociedad libre y segura. El ejército es una institución valiosa para el futuro de nuestro país, pero para ello deberá mostrar un verdadero respeto a los Derechos Humanos. De lo contrario sería más bien un obstáculo para la democracia y para la paz de la nación.

Me consta que dentro del Ejército de Nicaragua—que es el ejército de los nicaragüenses y no el brazo armado de una familia en el poder—hay muchos hombres y mujeres con un sincero compromiso democrático. También hay muchos que al olvidar la historia parecen más bien políticos en uniforme. Creo que los primeros son aún lo mayoría. Por ello, el Ejército está a tiempo de reparar el peligroso rumbo que está llevando.

El autor es exsecretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua durante la Administración del Presidente Enrique Bolaños.