Depósitos de Albanisa se reconcentran en BanCorp

Los recursos que Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), guardaba en los bancos del sistema financiero nacional, siguen migrando hacia el Banco Corporativo (BanCorp), como lo muestran las estadísticas trimestrales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, (Siboif).

Las transferencias se hacen a petición de los bancos nacionales, que buscan minimizar el riesgo de verse afectados por la posible aplicación de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos hacia Albanisa, por su relación con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Estados Unidos sancionó en agosto pasado a PDVSA, que es dueña del 51 % de las acciones de Albanisa, por lo que las sanciones también podrían alcanzar a Albanisa y a quienes hagan negocios con ella.

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Si esas sanciones se hicieron en el marco de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la ampliación de los delitos punibles (ahora en el marco de la Ley Magnitsky) hace temer porque una nueva ronda de sanciones puede afectar no solo a la venezolana, sino a su subsidiaria binacional.

Las estadísticas de la Siboif reflejan un movimiento de capitales de USD 51.7 millones entre marzo y junio del presente año, desde tres bancos nacionales, hacia el BanCorp, que pasó así de poseer el 2.76 % de los depósitos del país, al 3.84 %, por el incremento de C$ 1,712 millones en apenas tres meses.

Sin embargo, la migración masiva de depósitos se produjo en el mes de octubre, y los datos aún no están a la vista del público en las estadísticas que presenta la SIBOIF

Para el economista Adolfo Acevedo, el resultado de esta situación es que “la esfera de influencia de Albanisa se verá significativamente reducida, porque todas las empresas (las que están vinculadoas a Amcham, por ejemplo) que tienen transacciones con entidades estadounidenses, se sentirán automáticamente limitadas para seguir operando con ese grupo empresarial de capital venezolano nicaragüense”.

A su juicio “esto tendrá alguna repercusión política por el temor a las sanciones, porque no deja de tener influencia entre los grupos empresariales, el hecho que el grupo Albanisa esté de alguna manera en la mira del Gobierno de Estados Unidos”.

“Riesgo reputacional” para las empresas

Por su parte, el también economista Néstor Avendaño, consideró que “esto afecta a las empresas estadounidenses, que estarían obligadas a cesar sus relaciones económicas, financieras y comerciales, con aquellas empresas que sean afectadas con esas leyes de Estados Unidos”.

“Las empresas nicaragüenses están libres de seguir negociando con Albanisa”, aclaró.

Avendaño duda que la razón de la migración de recursos sea el temor a sanciones, pero admite la posibilidad de que el proceso –que comenzó antes de conocerse que Estados Unidos tenía en la mira a Pdvsa- se hubiera acelerado a raíz de que la embajada estadounidense informara a los banqueros cuál había sido la decisión de Washington.

El experto también reconoce que el ‘riesgo reputacional’ haya actuado como detonante, porque los bancos saben que otros países –aliados de Estados Unidos- pueden terminar aplicando sus propias sanciones, del mismo modo en que ya lo está haciendo la Unión Europea con el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Los aliados actúan de esa manera, porque ese tipo de decisiones va más allá del orden jurídico”, recordó.

Aunque se desconoce cuál es el monto de los depósitos de Albnanisa que habrían sido transferidos al Banco Corporativo, Avendaño considera que ese tipo de movimientos masivos de capitales no puede hacerse de forma abrupta, porque podría afectar algunos de los indicadores de los bancos que estuvieran haciendo la transferencia.

“Eso no se puede hacer al gusto de un banco, sino que hay que respetar las normas prudenciales, que controla la Siboif”, señaló.

EE.UU. impone nuevas sanciones a régimen de Maduro

El Gobierno estadounidense impuso una nueva ronda de sanciones económicas a diez altos cargos de Venezuela, entre ellos varios miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y tres ministros del Gobierno de Nicolás Maduro, por socavar la democracia y actividades de censura y corrupción.

“Mantendremos nuestros esfuerzos vigorosos para sancionar a los funcionarios de Gobierno que son cómplices con los intentos de Maduro de socavar la democracia, violar los derechos humanos, inhibir la libertad de expresión y asamblea pacífica, o participan en la corrupción pública”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado al anunciar las sanciones.

Entre ellos figuran, Sandra Oblitas, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral; Socorro Elizabeth Hernández, rectora del CNE, y los ministros de Comunicación, Ernesto Villegas; de la Oficina de la Presidencia; Jorge Márquez Monsalve, y Agricultura Urbana, Freddy Bernal.

A la lista se suman, además, Elvis Amoroso, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela; Julián Isaías Rodríguez, actual embajador de Caracas en Italia, y Manuel Ángel Fernández, presidente de la Compañía Nacional de Telecomunicaciones (CANTV).

Como resultado de las sanciones quedan congelados todos los bienes que estas personas pudieran tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe realizar transacciones financieras a ciudadanos y entidades de EE.UU.

De este modo, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, eleva aún más la presión sobre Caracas, después de varias rondas previas a altos cargos venezolanos y prohibiese las operaciones financieras con deuda nueva emitida por el Gobierno de Maduro, quien también ha sido personalmente objeto de sanciones.