Elecciones sui generis

El país se apresta —en términos oficiales— a la celebración de autoridades municipales: alcaldes, vicealcaldes y concejales. Desde de la perspectiva mediática, han sido un chasco. La justificación a la que recurren algunos entendidos, obedece a que se trata de un cotejo —en términos histórico—político— donde el porcentaje que acude a las urnas, es infinitamente inferior al que acude en las elecciones nacionales. Una cuestión obvia. Es bastante probable que este razonamiento encierre mucha verdad. Aunque existen una diversidad de factores que lo contradicen. No hay manera que el Consejo Supremo Electoral (CSE), restituya la credibilidad perdida. Una condición y una garantía más que necesarias.

Simpatizantes del FSLN protestan en Niquinohomo por la imposición de candidatos a las elecciones municipales. Carlos Herrera | Confidencial.

La razón más importante para esta desconfianza, ha sido el marcado desencanto de los nicaragüenses. El pueblo ha venido perdiendo de manera progresiva —al menos desde las elecciones municipales de 2008— todo interés por involucrarse en diferendos cuya fiabilidad está a la baja. Esta es la causa de fondo. Después de lo ocurrido —zancadillas y obstrucción de las fuerzas opositoras, periodistas lesionados, carros destruidos, radioemisoras asaltadas, etc.— el civismo se precipitó en picada. La confianza —siempre en duda— quedó desfondada. A lo largo de los últimos diez años, si en algo ha coincidido la oposición al sandinismo, ha sido en sus llamados, pedir el relevo total de los funcionarios del CSE.

Como corolario de lo acontecido, el mayor perdedor resultó ser el propio árbitro electoral. De entonces a esta parte, en vez de realizar gestos encaminados a recomponer su imagen, las actuaciones del CSE son percibidas como fraudulentas. El control ascendente del Frente Sandinista, sobre las estructuras nacionales, departamentales y municipales en este poder del Estado, trajo como resultado su absoluto control político—administrativo. Dejó de ser visto como una institución creíble, para convertirse en un organismo en el que la mayoría de los electores descree. No hay manera que restituya su prestigio. La sociedad civil y directivos de las fuerzas opositoras, insisten en la separación de la cúpula del CSE.

De forma paralela, otra causa significativa ha sido la manera como ha venido siendo desmontado y pervertido el sistema de partidos políticos. La mayor sombra surgió a raíz de la defenestración de Eduardo Montealegre, para entregar Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), al grupo encabezado por Enrique Quiñonez. El panorama se oscureció aún más, con la maniobra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), arrebatándole nuevamente a Montealegre, la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI), para concedérsela a Pedro Reyes Vallejos. Sus servicios políticos no fueron recompensados. Su liderazgo duró menos tiempo de lo que necesita una estrella fugaz para desplazarse sobre el firmamento.

Se trata de una responsabilidad compartida. El CSE no es el único culpable de la crisis terminal que envuelve al sistema de partidos políticos nicaragüenses. La fragmentación partidaria —esa insufrible sopa de letras, como llaman los nicaragüenses a la existencia de tres o cuatro tendencias de un mismo partido— sigue siendo una expresión vergonzosa de las ambiciones desmedidas de sus dirigentes. Un mal en ascenso. Cada cierto tiempo se producen fracturas inducidas, con el ánimo de pulverizar toda forma de oposición. El descrédito de la política y de los políticos, tampoco opera en beneficio del partido gobernante. Las repercusiones de este mecanismo, provocan desencanto y desinterés político.

Otro motivo perturbador ha sido que el sandinismo se inclinó por sacar réditos, a la naturaleza prebendaria de los políticos nicaragüenses. El somocismo fue el primero en darse cuenta, lo útil que era para sus propósitos de perpetuarse en el poder, entregar cargos en entes autónomos y cuotas en la Cámara de Diputados y del Senado, a quienes se plegaran a sus intereses. El viejo Tacho enseñó a sus hijos, que cada vez que tuvieran problemas, lo más indicado era ofrecer ciertas canonjías a los conservadores. Una práctica recurrente. El sandinismo terminó por seguir los mismos pasos. Nada más que esto era impensable. El pacto Alemán—Ortega (2000), fue una versión mejorada en la historia pactista nicaragüense.

El Pacto de los Generales suscrito el 3 de abril de 1950, entre Emiliano Chamorro y Anastasio Somoza García, fue una expresión condensada de la avidez política de los conservadores, en sus deseos por entrar en la nómina del presupuesto nacional. En los mismos términos se efectuó el pacto entre Fernando Agüero y el general Anastasio Somoza Debayle, el 21 de marzo de 1971. Con mordacidad fue llamado Pacto Kupia Kumi, por Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, aprovechando el nombre dado al acercamiento que hubo para esos días, entre el Caribe y el Pacífico. En lengua misquita su traducción significa un solo corazón. El caricaturista de La Prensa, Alberto Mora Olivares (AMO), resumió la desgracia en un solo trazo.

El dirigente conservador no pudo ni supo decir no, a la oferta política realizada por el último representante de la dinastía. Este se vio impelido a subir la parada. Antes había hecho la oferta a Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, quien la rechazó. Agüero sintió incrementaría su presencia en ambas cámaras legislativas. También le otorgó cargos en los entes autónomos y en la CSJ. Somoza Debayle ratificaba en la práctica, cuánta razón asistía a su padre: salió en búsqueda de los conservadores, creyendo que pondría fin a la crisis política que enfrentaba. Una decisión similar asumió Luis Somoza Debayle en 1957. Inventó un partido —en la jerga nacional, los llamados zancudos— para que le acompañara en la farsa electoral.

La tragedia política en Nicaragua se resume en que el árbitro electoral, no ha gozado de independencia política y por su corrupción a lo largo de la historia. Las suspicacias y desconfianzas, tienen como base la supeditación de sus distintas estructuras, a las directrices recibidas de parte de quienes detentan el poder. Los triunfos del sandinismo han sido puestos en duda, debido al férreo control que ejerce sobre el aparato electoral. La persistencia de los señalamientos contra el CSE se mantiene. La desconfianza es su proceder es mayúscula. Nadie —excepto el partido gobernante— cree en él. Ni siquiera la tienen los directivos de Ciudadanos por la Libertad (CxL), a quienes de forma sorpresiva otorgó personería jurídica.

A la confluencia de la demolición del sistema de partidos políticos y del sistema electoral, añadamos los cambios sustantivos del FSLN, al asumir una conducta   atípica. Desde las recientes elecciones de autoridades nacionales, modificó su forma de hacer proselitismo político. Aparte de las canciones de rigor, ni el presidente Ortega, ni la poeta Rosario Murillo, ni los candidatos a diputados nacionales y departamentales y para el Parlamento Centroamericanos, hicieron propaganda política a su favor. Su aparato mediático funciona los 365 días del año, a lo largo y ancho del país. La presencia de la pareja presidencial a través de mega rótulos, resulta ubicua. Nadie ha hecho algo parecido en la historia política nicaragüense.

Con un dispositivo mediático propio, especialmente como condueño del duopolio televisivo, con incontable número de emisoras, la cooptación que ejercen sobre buena parte de estaciones televisivas locales y un nutrido grupo de personas que trabajan a su favor en las redes sociales, otorga a la pareja presidencial, una ventaja superior, frente a los demás contendientes políticos. Hay que destacar la impermeabilidad de su política informativa, el acaparamiento de la publicidad oficial y restricciones en el otorgamiento o cancelación de licencias de radio y televisión. Ningún gobernante había gozado hasta ahora de un estatuto semejante, en una época que los medios constituyen la prima política más alta.

Con escasos recursos económicos y una falta total de conexión con los electores, la poca propaganda política realizada por la mayoría de los candidatos supuestamente opuestos al partido en el poder, careció de interés. Menos que cautivara y sedujera a los votantes. Lo más dramático han sido los reclamos ciudadanos. Muchísimas personas fueron incluidas como candidatos a concejales, sin contar con su venia o porque militan en partidos distintos en los que fueron enlistados. Ningún partido escapó a estos reclamos. Un bumerang para el sandinismo. Entre menos gente participe en las elecciones, menos probabilidades de obtener un éxito incuestionable —fuera de toda sospecha— de parte de la ciudadanía nicaragüense.

El hermetismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) —justificado o no— negándose a informar los pasos dados para sanear el sistema electoral; la negativa del gobierno de permitir al Centro Carter y a la Unión Europea como observadores; el rechazo de la presencia de observadores nacionales, etc., son actitudes percibidas como factores adversos y en nada contribuyen a otorgar a las elecciones, la legitimidad esperada. El impedimento y las trabas sistemáticas puestas a la prensa ajena al gobierno, para que cubran las elecciones, también abonan en su contra. A la postre obtendrá una victoria falta de credibilidad. Un duro revés. ¿Eso era en verdad lo que deseaba el FSLN? No lo creo.