Nicaragua lidera corrupción e impunidad

En julio de 2016 estalló un escándalo mayúsculo en la Empresa de Administración del Aeropuerto Internacional. El gerente de la EAAI, Orlando Castillo Guerrero, fue intervenido en su cargo y ocuparon sus residencias y empresas familiares para investigar las tercerizaciones anónimas a empresas particulares, pero a cargo del proceso —cuyos resultados aún se desconocen y ha quedado en la impunidad— no estaban la Policía, la Fiscalía o la Contraloría General de la República, sino dos operadores políticos del gobernante Frente Sandinista.

Al escándalo de la EAAI, le preceden el desvío ilegal de más de cuatro mil millones de dólares de la cooperación estatal de Venezuela, a empresas privadas a disposición de la familia presidencial. Y en paralelo, se han denunciado los préstamos o inversiones millonarias con recursos de un sistema de seguridad social, que está al borde de la quiebra y no rinde cuentas.

Escándalos de este tipo, ante la inoperatividad de los entes fiscalizadores, no sorprenden al abogado y exprocurador de la República, Alberto Novoa, quien atribuye a ambas condiciones el que Nicaragua nuevamente sea percibida como el país más corrupto de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica, según el Barómetro Global de la Corrupción, de Transparencia Internacional (TI), presentado esta semana.

“La corrupción en Nicaragua —afirma Novoa— viene desde la cúpula del poder, abarca todo y es tolerada socialmente como un mecanismo de convivencia que el Gobierno ha instrumentado para eso”.Y como una prenda a la medida, añade, que “han desaparecido la institucionalidad y la beligerancia de los entes que deberían investigar y exigir transparencia y rendición de cuentas”.

Infografía de Confidencial

Corrupción en aumento

El Índice Global de Corrupción de TI ubica a Nicaragua en la posición 145 de 176 países analizados a nivel mundial.Transparencia Internacional encuestó entre mayo y diciembre de 2016 a más de 22 mil 300 ciudadanos en veinte países de América Latina y el Caribe, para conocer sus experiencias directas de corrupción en los servicios públicos y sus percepciones sobre la magnitud de la corrupción.

En Nicaragua, un 52% considera que la corrupción está en aumento, y un 40% estima que el gobierno no actúa o actúa mal ante actos de corrupción.Novoa estima que en el país, “la tónica es que se ensañan en los trabajadores de menor rango, a quienes les despiden y procesan, pero cuando ya va subiendo el nivel del funcionario no se avanza y se fomenta la impunidad”, instalando una política de “cero transparencia” y la anulación del principio de rendición de cuenta.

Pero mientras en Guatemala o en Honduras funcionan la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) o la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en Nicaragua Novoa lamenta que no hay voluntad política para esfuerzos similares, aun cuando Estados Unidos promueve esfuerzos de lucha contra la corrupción en Centroamérica, y sobre Nicaragua pende la amenaza de la iniciativa de sanciones Nica Act, ya aprobada por la Cámara de Representantes y en trámite ante el Senado.

“Bajo la mascarada de la soberanía, al gobierno de Nicaragua no le interesa tener instancias como la Cicig o la MACCIH”, critica Novoa.

Las personas y la corrupción

El Barómetro Global de la Corrupción también revela que tres de cada diez nicaragüenses han pagado un soborno para acceder a servicios básicos como salud y educación. Novoa añade que uno de los factores más sensibles al respecto es el tráfico de influencia. “Es lo que en Nicaragua conocemos como ‘pata’ o ‘conecte’ y está presente o se busca en todos los niveles”, lamenta.

Transparencia Internacional comenta en su informe que “resulta preocupante observar que dos instituciones, cuyo rol es clave para una gobernanza efectiva son percibidas por los ciudadanos como las más corruptas, a saber: la policía y los representantes elegidos por voto popular”. TI calculó que noventa millones de latinoamericanos pagaron algún soborno en el año previo a la aplicación de la encuesta.

Transparencia Internacional celebra que en la región la mayoría afirma estar dispuesta a involucrarse en la lucha contra el soborno en el sector público.

Sin embargo, cuestiona que son pocas las personas que denuncian hechos de corrupción, y aún peor: “entre los que sí realizaron denuncias, muchos declaran haber sufrido consecuencias negativas, y pocos vieron a las autoridades tomar medidas contra los autores de los hechos denunciados”.

TI valora que “no es sorprendente que haya bajos índices de denuncia en la región donde muchas personas consideran que la Policía y los tribunales son sumamente corruptos y la amenaza de una represalia violenta constituye un riesgo real para los denunciantes”.

Novoa comenta que en Nicaragua también hay otra debilidad: “Tenemos una institución civil muy débil y fragmentada”, en la que aún no se perciben movilizaciones masivas como las de los indignados hondureños o guatemaltecos.