“No es posible estudiar la corrupción en Nicaragua”

Presentaron el libro La corrupción: sus caminos e impacto en la sociedad y una agenda para enfrentarla en el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA), que estudia la relación entre corrupción y democracia. ¿Qué permite que la corrupción sea un tema tan grave en las democracias centroamericanas?
El libro encuentra ocho caminos que llevan a la corrupción. Entre los hallazgos hemos encontrado el problema de la legislación desactualizada o anacrónica, la debilidad institucional, un sistema de administración de justicia débil, sistema electorales y de partidos políticos débiles y un vínculo entre corrupción y sistemas electorales con problemas muy serios en Guatemala, Honduras y en Nicaragua. También está el acceso deficiente a la información pública, escasa participación ciudadana, conflicto de intereses e impunidad, entendida como un negocio extraordinariamente lucrativo. La corrupción en Centroamérica es un problema estructural y como tal exige soluciones estructurales. Tampoco es un problema exclusivo del sector público, de los gobiernos, sino también del sector privado, empresarial, que tiene una responsabilidad muy grande en la corrupción.

¿Cómo afecta la corrupción el funcionamiento de la democracia en Centroamérica?
Es un impedimento muy severo al funcionamiento de una democracia legítima. En nuestros países hemos transitado de las dictaduras militares y los conflictos de los setenta y ochenta a formas de elegir autoridades mediante el voto, pero lamentablemente esto no se constituye en una democracia legítima y plenamente funcional, porque en los casos de Honduras, El Salvador y Guatemala encontramos que hay un vínculo entre financiamiento de campañas electorales con la corrupción, un circulo vicioso un poco complejo, porque si alguien decide financiar una campaña electoral, lo ve como una inversión cuyo retorno lo va a tener a través de un contrato público, adjudicado sin mecanismos competitivos.

¿Qué acciones o medidas han funcionado en El Salvador, Honduras y Guatemala de cara a
la lucha contra la corrupción?
En el caso guatemalteco, desde 2007 tenemos una suerte de experimento, que es una mezcla entre instancias nacionales, especialmente la creación de una Fiscalía Especial contra la Impunidad dentro del Ministerio Público, en tándem con un organismo internacional, una comisión de Naciones Unidas contra la impunidad en Guatemala, la famosa CICIG. Esto introdujo una cuota importantísima a la independencia en el ente investigador, porque uno de los problemas principales del sistema es la politización en el nombramiento de las autoridades y la falta de independencia. Honduras también, de alguna manera, está haciendo esfuerzos de replicar, aunque en una versión debilitada, el modelo guatemalteco, con la Misión Internacional de Apoyo contra la Impunidad en Honduras (MACCIH), aunque está todavía por ver su funcionamiento. Mientras que en Guatemala, con una crisis política en pleno desarrollo, evidencia que esta mezcla de instituciones nacionales e internacionales está funcionando.

¿Cómo se ve desde el resto de Centroamérica el caso de Nicaragua, en relación a la
corrupción y la impunidad?
Hubiésemos querido incluir en el libro un capítulo dedicado a Nicaragua, pero no hay estadísticas oficiales sobre la corrupción, entonces un estudio sobre la corrupción en Nicaragua es una aventura metodológicamente muy desafiante, muy riesgosa. Para nosotros, a las fuentes de información solo puede accederse por mecanismos de transparencia muy sólidos. Por ejemplo, la fuente primaria para el estudio de caso que tiene nuestro libro tiene que ver con la apertura de los casos que ya están en tribunales, los expedientes, las acusaciones, la información en los tribunales superiores de cuentas, las investigaciones periodísticas serias. El problema que hemos encontrado en Nicaragua es que el país demuestra falencias importantes en materia de transparencia: el acceso a la información es limitado y vemos un problema severo de falta de dependencia de las instituciones encargadas con mandato legal y constitucional de investigar y perseguir penalmente los crímenes de corrupción, con altos niveles de captura por parte de sectores políticos.