4 de octubre 2017
AA
Share
Cada inundación en sectores de Managua ha puesto de manifiesto las crecientes dificultades existentes para que funciona la capital: calles cortadas, viviendas y comercios inundados, vías de comunicación paralizadas, cortes de energía, caminos de acceso y servicios de transportes obstruidos que impiden el flujo de mercaderías y personas, población evacuada, problemas sanitarios, etc.). Con las inundaciones se generan gastos excepcionales de emergencia para aliviar con urgencia la crisis. Ahora, sin embargo, las crisis ya no aparentan como que no continuaran una vez superada, porque allí no más ha venido otra aunque algunas veces moviéndose de lugar en la capital.
Vista general del parqueo del nuevo Hospital Militar, inundado por los cuarenta minutos de lluvia del jueves pasado. Confidencial | Facebook
El ciudadano capitalino está experimentando con mayor frecuencia en carne propia los efectos de las inundaciones, lo que debería traducirse eventualmente en un costo político fuerte para los funcionarios y políticos municipales. Es de esperarse que reclamará cada vez más por pagar las consecuencias generadas por otros actores.
Algunos acusan al ciudadano capitalino de poca conciencia sobre los factores que causan, y de las soluciones para, superar la tormenta perfecta que estamos viviendo con las inundaciones. Otros indican que es maleducado (reflejando un fracaso del sistema educativo público), tirando basura en las calles; factor de poco peso explicativo de las inundaciones ante el volumen y fuerza de la escorrentía de las aguas provenientes de las zonas altas
Pero en realidad, es solo cuando se habla de bienes públicos (conservación del medio ambiente, drenaje pluvial urbano, seguridad), que se puede ver con nitidez que la responsabilidad recae en primera instancia en quienes tiene un mandato y capacidad de pensar estratégica e integralmente sobre el futuro de la ciudad de Managua, dado que tiene poder y dinero: el capital urbanístico/financiero y el gobierno local.
La irresponsabilidad y/o pactos o entendimientos (muchos basado en corrupción) del gobierno municipal con los proyectos urbanísticos y de construcción llevados a cabo por el capital inmobiliario y financiero, con relación a la aplicación y/o no modernización de leyes y reglamentos urbanísticos municipales relevantes, incluyendo el no haber llevado a cabo un esfuerzo serio de reforestación en la Cuenca Sur, en los últimos 20 años (ya sabían de esta problemática), implican que ambos tienen que asumir su responsabilidad.
Managua se ha caracterizado por núcleos urbanos dispersos, intercalados por zonas con menor densidad habitacional. Sin embargo, el crecimiento desordenado del área metropolitana con su expansión a la periferia mediante los proyectos urbanísticos y otras construcciones, tanto dentro de la área baja de la capital como especialmente aguas arriba, han impermeabilizado el suelo, reducido la evapotranspiración, acelerado los escurrimientos, incrementado los caudales máximos de las crecidas originadas en las cuencas que atraviesan Managua y construido obstáculos al escurrimiento, de tal manera que los efectos hidrológicos son sufridos en mayor intensidad por los que viven aguas abajo.
Los ciudadanos que han comprado esas casas han pecado por inocentes (aunque algunos conscientemente han tomado riesgos) y muchos están sufriendo daños en las mismas urbanizaciones construidas, especialmente cuando no debieron haberse hecho en áreas inundables aledañas a los cursos de agua.
No hay nada gratis cuando se trata de la naturaleza, la cuenta siempre se paga. Tarde o temprano, y ya nos llegó el cobrador, para quedarse: las inundaciones más fuertes y frecuentes generadas fundamentalmente por el cambio climático. Los dueños de las viviendas, cuando es posible hacerlo, reparan paredes y pisos por su propia cuenta y tienen que gastar en reponer muebles y enseres, los seguros de vehículo obligatorios no cubren daños por inundaciones y si lo hacen las primas son caras, los trabajadores enfrentan afectaciones en lugares de trabajo, la MIPYMES afectadas se descapitalizan, etc.
Desde el punto de vista de eficiencia y justicia económica, no obstante, hay que resaltar algunas cosas.
No hay duda que parte de las ganancias de las empresas urbanísticas y de construcción se han basado en el traspaso del costo (externalidad) ambiental a otros capitalinos; y deberían pagar por ello, vía impuestos o multas municipales, para financiar la compensación por daños para quienes viven y/o circulan aguas abajo.
En cuanto al sector público, el costo político es pagado por funcionarios y políticos municipales cuando en los países se realizan procesos electorales locales justos, transparentes e informados, en sistemas democráticos. En las elecciones de noviembre, esto debería ser el caso.
Sin embargo, independientemente de esto, las alcaldías tienen que pagar un costo económico e implementar medidas y acciones municipales sistemáticas de compensación y protección. Es evidente que las soluciones disponibles ahora están resultando extremadamente caras y más complejas técnicamente.
En los últimas décadas los políticos y funcionarios municipales no hicieron su trabajo de asegurar que la densidad de los proyectos urbanísticos estuvieran sujetos a un uso de suelo que fuera compatible con los riesgos de inundación, ante un aumento sistemático de la variación en el tiempo del nivel de agua, caudal, escurrimiento, carga de sedimentos, etc. El escaso y/o inadecuado control de la urbanización y haber pospuesto por tanto tiempo la ampliación de la capacidad del sistema de drenaje pluvial en la capital limitándose a la construcción de unas pocas micropresas, ha conducido al incremento de las crecidas urbanas con tan solo una hora de lluvias, con pérdidas sociales, económicas y humanas.
La práctica de estos tomadores de decisión más bien parece reflejar que no han tenido los conocimientos requeridos para manejar esta problemática, lo que resulta en altos costos y en que algunos empresarios urbanisticos se aprovechan para aumentar sus ganancias; o, si lo tienen, la corrupción estaría jugando un papel.
El proyecto de ALMA con el BID de construcción de micropresas y canales trasvase como parte de un Plan Maestro de Escorrentías Superficiales, aunque tardío, es una medida estructural que es paliativa aunque va en buena dirección. Este tipo de inversiones implican un uso significativo del presupuesto municipal, muchas veces dirigidas a proteger sectores específicos de Managua que ahora están sufriendo de manera desmedida la falta de previsión en el uso del suelo. Sin embargo, al ser financiadas por impuestos pagados por todos los ciudadanos de la capital y otros ingresos fiscales a nivel nacional, llevan a preguntarse sobre quién realmente debería estar pagando el pichel de agua roto.
ALMA tiene la obligación ética, moral y política de demostrar la eficiencia y el impacto económico de sus mega-inversiones. Los costos del nuevo estadio, por ejemplo, ¿cómo se comparan con los costos de una medida preventiva no estructural como la reforestación de la Cuenca Sur que tiene un impacto positivo sobre el bienestar de todos los ciudadanos de la capital? ¿Que era más prioritario?
Los proyectos de micropresas y canales (BID) y de la rehabilitación/ampliación de la pista Juan Pablo Segundo deberían estar armonizados: las correntías que serán generadas por una mayor permeabilización que generara el segundo proyecto (pavimentación y pérdida de bulevares y otras áreas de infiltración natural) debería ser capturada por el primero. ¿Está planificándose así? ¿Los ingenieros tienen alguna formación ambiental adecuada o recurren a las típicas soluciones estructurales que impermeabilizan el ambiente? ¿Están enmarcados estos proyectos en una visión de conjunto de manejo de toda la Cuenca Sur? ¿Se dejaran ahora de hacer evaluaciones de impacto ambiental de inversiones de esta naturaleza?
No hay que olvidar que cada daño al vehículo, vivienda u otro activo, e incluso el fallecimiento de personas por ahogamiento, ocasionado por inundaciones, tiene en buena parte su contraparte en ganancias extras de empresarios urbanísticos permitidas por la alcaldía al no descontar los costos de las externalidades negativas generadas.
Independientemente de que el cambio climático genere patrones de lluvias intensas y concentradas, no hay excusa alguna para que los funcionarios municipales no hayan hecho su tarea en tanto tiempo y para que el gremio de los empresarios urbanísticos haya actuado con más ética. No hay excusa. Ellos también deben pagar su cuota. El ciudadano ya está pagando la que en todo caso pudiera haber sido la suya, y aún muchísimo más.
Finalmente, a manera de crónica de una muerte anunciada y no queriendo ser pájaro de mal agüero: una tormenta de uno o dos días de duración y ya no digamos un huracán, ocasionará un desastre natural más destructivo que un terremoto en la capital: deslaves e inundaciones por doquier. Los funcionarios y políticos de ALMA y el capital urbanístico-financiero serán los responsables directos si no hacen nada serio para prevenir y cambiar curso. Sobre el despale de la Cuenca Sur lo sabían antes y lo saben hoy, y hay que seguir recordándoselos, especialmente a los nuevos que piden que se vote por ellos para asegurarnos un futuro mejor y bonito, dado que hoy la situación es bien fea, sino, basta con ver el color de las aguas que corren a toda velocidad.
