24 de julio 2017
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La Casa Blanca anunció que, si el gobierno venezolano sigue adelante con la Asamblea Nacional Constituyente, escalarán significativamente las sanciones a Venezuela. En particular se ha planteado que se podrían implementar sanciones a la industria petrolera venezolana, que realiza más de 92% de las exportaciones del país, entre las que podrían incluir: sanciones financieras a PDVSA y otras empresas que operan en el país, limitaciones a firmas estadounidenses de hacer negocios con PDVSA, la prohibición de la exportación de crudo liviano y productos de Estados Unidos a Venezuela y la prohibición de importaciones de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.
Las sanciones financieras inhabilitarían el uso del sistema de pagos estadounidense por parte de las empresas petroleras venezolanas y, por tanto, les impedirían realizar transacciones en dólares, la moneda en que se cotiza el petróleo. Esta prohibición tendría serias consecuencias para PDVSA y posiblemente para las empresas mixtas y empresas de servicio que operan en el país. Estados Unidos impuso sanciones similares a Irán y se argumenta que fueron una de las principales causas de la importante caída en las exportaciones de petróleo de ese país, forzándoles a sentarse en la mesa de negociaciones. Si bien PDVSA y sus filiales ya tienen problemas para usar el sistema bancario estadounidense, porque las instituciones financieras de ese país han sido crecientemente reacias a trabajar con la empresa, esta sanción obstaculizaría mucho más las operaciones financieras regulares de la estatal, afectando sus ventas, compras y contrataciones.
Los Estados Unidos exportan entre 100.000 y 200.000 barriles diarios (bpd) a Venezuela en productos y crudo ligero, e importa de Venezuela unos 750.000 bpd, fundamentalmente de crudo pesado. Prohibir las exportaciones estadounidenses a Venezuela, forzaría a PDVSA a importar productos refinados, a mayor costo, de Europa y Asia, y afectaría los diluyentes requeridos para exportar entre 200.000 y 300.000 bpd de crudo extrapesado. Posiblemente esa producción de extrapesados dejaría de ser rentable con diluyentes más costosos provenientes de África y Europa.
Prohibir las importaciones a Estados Unidos desde Venezuela podría tener múltiples efectos. El principal comprador de petróleo venezolano es CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos, que se vería afectada en dos de sus refinerías en la Costa del Golfo de México, Lake Charles y Corpus Christi, que refinan unos 550.000 bpd, de los cuales alrededor de un tercio viene de Venezuela. Otras compañías afectadas serían Valero, Phillips 66 y Chevron que importan la mayor parte del crudo que no importa CITGO. Los Estados Unidos tendrían algunas dificultades obteniendo crudo pesado en el hemisferio. México y Colombia pueden redirigir algunas de sus ventas asiáticas a los EEUU, pero no sería suficiente. Canadá incrementaría sus exportaciones, pero problemas de transporte hacia el Golfo de México limitan esta opción. Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico serían necesarios para cubrir parte del crudo pesado importado. Al final, el costo de las importaciones probablemente crecería ligeramente, pero la oferta necesaria llegaría sin problemas. De hecho, los inventarios de petróleo están por encima del promedio, así que el ajuste no sería muy traumático.
Venezuela tendrá más problemas encontrando compradores para refinar todo ese petróleo pesado. Eventualmente es probable que venda una buena porción de lo que exportaba a Estados Unidos en Asia, donde hay cierta capacidad de procesar crudos pesados. Pero tendría que venderlo con un descuento importante. Si lo vende a China, es posible que termine amortizando deuda, por lo que tratará de venderlo a India, pero tendrá que ofrecer condiciones muy favorables para competir con el petróleo pesado del Golfo Pérsico. El margen de ganancia será aún menor por los mayores costos de transporte.
La prohibición de hacer negocios con PDVSA afectaría a las empresas estadounidenses que operan en el país como Chevron y empresas de servicios como Halliburton y Weatherford. Hasta cierto punto, es posible sustituir a esas empresas, pero a un muy alto costo para el futuro de la industria petrolera venezolana.
En este momento PDVSA depende del mercado estadounidense para su flujo de caja. De los aproximadamente 2,1 millones de bpd que produce, unos 500.000 bpd van a pérdida en el mercado interno, 500.000-650.000 bpd van a pago de deudas con China, Rusia y socios de las empresas mixtas, cerca de 100 mil bpd son todavía enviados con subsidios y financiados a Cuba y PetroCaribe. De manera que solo unos 800.000 bpd generan caja, que en su mayoría van al mercado estadounidense. Por tanto, aún en el mejor escenario, por algún tiempo, el flujo de caja se vería dramáticamente afectado.
Se estima que las dos sanciones que se están considerando seriamente son las financieras y la prohibición de importaciones de crudo venezolano. La primera es la más probable de acuerdo con la agencia internacional de noticias Reuters. La combinación de ambos tipos de sanciones podría ser brutal para una PDVSA con severas limitaciones de flujo de caja, probablemente forzándola a un default financiero. En general, la caída en la producción venezolana se intensificaría significativamente, y la recuperación de producción petrolera en el futuro sería incluso más difícil. Se proyectaba que la producción podría caer este año en unos 200.000 bpd. Si se imponen las sanciones, la caída podría ser del doble o más.
En suma, la imposición de sanciones sería desastrosa para PDVSA y para el país, provocando un colapso de la industria petrolera venezolana que ya está en una situación muy precaria. La cesación de pagos de la deuda externa, sin una renegociación ordenada, tendría efectos aún más devastadores. Se traducirían en una recesión aún más profunda, en una mayor caída del consumo y en una escalada inflacionaria y de la depreciación del tipo de cambio. Desde hace mucho se ha hablado de la posible imposición de sanciones petroleras, pero nunca se han materializado. El gobierno venezolano de tanto escuchar que venía el lobo parece subestimar los riesgos de que ocurra. ¿Será que ahora sí llegó el lobo?
Francisco J. Monaldi es Profesor-Investigador del Instituto Baker para las Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston y Director Fundador del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA en Caracas. Publicado originalmente en ProDavinci.
