Indira Rojas
8 de julio 2017
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Cuando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz entra al auditorio del Ministerio Público, los trabajadores la reciben de pie. Aplauden. Le extienden la mano. Gritan: “¡Valiente!”. Y dicen para sí mismos: “Esa es mi doctora”.
Más de 150 personas se congregaron en la pequeña sala la última vez que declaró ante la prensa, el martes 4 de julio. El personal de la Fiscalía portaba carnet. Algunos vestían camisas y gorras con el logo azul del organismo. Periodistas venezolanos, corresponsales extranjeros y camarógrafos se disputaron los lugares más cercanos al atril donde ofrecería su alocución. Los fotógrafos se apiñaron en los pasillos laterales. Una funcionaria comentó: “Tienen que hacer espacio en las escaleras para que pase mi doctora”.
En diciembre cumplirá diez años como Fiscal General de la República, cargo que asumió bajo el ala del expresidente Hugo Chávez. En 2014, cuando el gobierno de Nicolás Maduro afrontaba revueltas que ocasionaron la muerte de 43 personas, el mandatario depositó toda su confianza en las acciones penales dirigidas por el despacho de Ortega: “Cuente Fiscal General con todo mi apoyo. Y usted da las órdenes, Fiscal. Y yo las cumplo”. La jurista anunció ante las cámaras de los medios oficiales que el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, fue acusado por instigación pública y asociación para delinquir. En ese entonces se refería a las protestas opositoras como “guarimbas” y desestimaba las denuncias de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La Fiscal General demuestra en sus discursos su lealtad al expresidente Hugo Chávez. Fotografía del Ministerio Público
Tres años más tarde, de nuevo en un contexto de manifestaciones, Maduro sepultó aquella fraternidad cuando la llamó “traidora”. Ortega se volvió una “vocera del terrorismo” para el Gobierno desde que denunció la ruptura del orden constitucional el 31 de marzo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitiera dos sentencias que desconocían las atribuciones de la Asamblea Nacional dominada por la oposición.
A 4 kilómetros del Ministerio Público, el máximo tribunal realizó una audiencia esa mañana del 4 de julio para determinar si la Fiscal había incurrido en faltas graves. Inició así el antejuicio de mérito solicitado por Pedro Carreño, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
La abogada guariqueña de 59 años es egresada de la Universidad de Carabobo. Se especializó en derecho constitucional y penal en la Universidad Santa María y estudió derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bello. Conoce los pasillos y oficinas de la sede principal del Ministerio Público en Parque Carabobo desde 2002. Se desempeñó como fiscal séptima del Área Metropolitana de Caracas y luego fiscal sexta nacional. En 2006 ocupó la dirección general de Actuación Procesal. Un año después fue nombrada Fiscal General. La Asamblea Nacional, presidida entonces por Diosdado Cabello, revalidó su designación en 2014. Hoy el vicepresidente del PSUV dice estar arrepentido de haberla ratificado.
Para Ortega su remoción “es un hecho cantado” y al personal del Ministerio Público le preocupan las consecuencias de esta decisión. “Mucha gente teme por su estabilidad. Tienen muchos años trabajando aquí, están esperando su jubilación, tienen familia”, dijo una de las fiscales sentada en el auditorio. Ha trabajado durante 23 años como funcionaria pública, 17 en el Poder Judicial y los últimos 6 en la Fiscalía.
La abogada se acercó un poco más, separándose del espaldar del asiento. Hablaba casi en susurros:
“Aquí nos hemos acostumbrado a ser institucionales, aunque la gente no lo crea, sin importar qué viene políticamente. La doctora es la institución. Y si hay alguien que ha hecho algo por el Ministerio Público, les guste o no su posición política, ha sido ella. Aquí hay gente que no es de derecha ni de izquierda y la apoya. Aquí no nos piden que marchemos. Aquí no ves una foto de Chávez por ninguna parte, y eso que la doctora es chavista”.
A su lado, otro jurista asentía.
Ortega creó la Escuela Nacional de Fiscales en 2008. Desde entonces han instruido a más de 60.000 abogados en derechos humanos y procesos penales. En su gestión también inauguró la Coordinación Nacional de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y la Unidad de Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, un laboratorio de investigación penal que opera al margen del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
“Reconocemos las mejoras internas que hizo la Fiscal. Nadie se las puede quitar”, agregó la trabajadora del Ministerio Público. Bromeaba con los reporteros y los felicitaba por su labor, aunque nunca quiso revelar su nombre. Las puertas que se mantuvieron cerradas a la prensa durante casi una década, ahora están abiertas de par en par. Un reportero le preguntó a la funcionaria si sabía quién era Katherine Haringhton. “¡Claro que sí! Ella estuvo involucrada en las investigaciones de (María Corina) Machado y de (Antonio) Ledezma”.
Eran las 10:40 de la mañana cuando la noticia comenzó propagarse de boca en boca por el auditorio: la Sala Constitucional del TSJ designó a Haringhton como la nueva Vicefiscal General de la República. La funcionaria fue acusada por el Departamento de Estado, en Estados Unidos, de violentar los derechos humanos de los manifestantes en 2014. En esa oportunidad, Ortega Díaz la defendió de “los poderosos del norte”. En la Asamblea Nacional la llamó “mujer valiente”.
El nombramiento de Haringhton disgustó a los fiscales reunidos en el salón. Repetían que el vicefiscal legítimo era Rafael González Arias, ratificado por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional el día anterior, según lo dicta la Ley Orgánica del Ministerio Público. Por la bancada chavista solo fue Germán Ferrer, esposo de Ortega.
Se escucharon aplausos detrás de una puerta de madera. Provenían del cafetín, en las afueras del auditorio. “Mi doctora ya va a entrar”, anunció una empleada. La puerta se abrió a diez minutos para las once de la mañana. La Fiscal General apareció en el rellano vestida con un conjunto blanco combinado con un blazer negro. El auditorio en pleno aplaudió: directores y subdirectores del Ministerio Público, expertos y fiscales. Relampagueaban los flashes de las cámaras. En la tarima la esperaban el nuevo Vicefiscal Rafael González Arias y parte de la directiva.
Su asistente colocó una montaña de papeles sobre el estrado. El moderador le sirvió una copa de agua y le acercó algunas servilletas. La Fiscal se sopló la nariz sin hacer ruido frente a más de 10 cámaras de canales nacionales y extranjeros, que la enfocaban desde la duodécima fila. “Buenos días, distinguidos periodistas”.
La titular del Ministerio Público saludó ante las cámaras a la exdefensora del pueblo Gabriela Ramírez y al politólogo Nicmer Evans, voces disidentes del chavismo. “Más allá de la corresponsabilidad que pueda tener en los errores del pasado, en estos últimos meses la necesidad de apoyar a Luisa Ortega es medular”, afirma Evans.
Durante la década que lleva al frente del Ministerio Público, la oposición ha cuestionado la falta de independencia de la Fiscal frente al Poder Ejecutivo, especialmente en casos evaluados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pruebas en la mano
Ortega aseguró que el antejuicio de mérito en su contra “es un fraude procesal” que pretende callarla. Sus cuentas fueron congeladas y tiene prohibido salir del país. “Esto es un golpe de Estado más grotesco que el de Carmona”. Entre la audiencia se escuchó una voz masculina que gritó: “¡Bravo, mi doctora! ¡Así es!”.
Según Carreño, la Fiscal validó la designación de los jueces que hoy llevan las riendas del TSJ y fueron nombrados al final de la gestión de Cabello como presidente de la AN hace dos años. Ortega refutó cada argumento que presentó el parlamentario con documentos en mano. Sostuvo que el Consejo Moral Republicano (CMR) no se reunió el 16 de diciembre de 2015 y que incluso la firma del defensor del pueblo, Tarek William Saab, no aparece en el libro. Mostró copias certificadas del documento, mientras manipulaba cartas, comunicados y actas, separados por adhesivos azules. Se escucharon expresiones de sorpresa y risas complacientes.
También actualizó la cifra de fallecidos en las protestas: 90 muertos en tres meses.
La Fiscal definió la solicitud del diputado oficialista como un “flamante escrito”. Llamó a Carreño “filósofo” y “pitoniso” por incluir en el documento, fechado el 16 de junio, un extracto de una sentencia que fue publicada el 28 de ese mes. “Puede ver el futuro. ¡Deberíamos hacerle una consulta para saber qué va a pasar en el país!”. Los funcionarios en la sala soltaron carcajadas.
Mientras tanto, en la audiencia que se celebraba en la Sala Plena del TSJ, Saab pidió que la jurista fuera sometida a la prueba del polígrafo. “Con este mecanismo sabremos quién miente en realidad”. Carreño exigió una grafotecnia a la firma de Ortega y el contralor general Manuel Galindo propuso un careo con la exsecretaria del CMR, quien apoya a la Fiscal.
Sala Plena del TSJ realizó audiencia oral y pública sobre solicitud de antejuicio contra la Fiscal General. Fotografía del Tribunal Supremo de Justicia
La titular del Ministerio Público no ve razones para acatar un juicio celebrado por “un tribunal inconstitucional e ilegítimo”. “No voy a convalidar este circo que teñirá nuestra historia de vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada. ¡No los reconozco!”.Tomó un sorbo de agua y se despojó de su chaqueta negra, como si se quitara un peso de encima. “¡Bravo, bravo!”, vociferaban los fiscales en el espacio estrecho, sin ventanas y de techo bajo. Todos de pie. A los aplausos se unió el ruido estridente de una vuvuzela. Otra trabajadora tocaba un pito.
La Fiscal pidió a los asistentes sentarse de nuevo.
En su discurso incluyó la palabra “represión”. Advirtió que la justicia militar imponía obstáculos a las investigaciones del Ministerio Público. Sin embargo, no se refirió a la decisión del tribunal quinto penal militar de dictar privativa de libertad a 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Maracay esa mañana. Fueron capturados en protestas contra el Gobierno.
Para aludir al caso de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, enjuiciados en Estados Unidos por el transporte de cocaína, utilizó el término “narcosobrinos”, como lo hace el ala más radical de la oposición. Cada vez que se refería a ellos, los fiscales en el salón se miraban con gestos de aprobación.
Bendijo a Venezuela y concluyó la rueda de prensa. No aceptó preguntas. Los fiscales gritaron elogios hasta que Ortega abandonó la sala, seguida por el Vicefiscal, dos escoltas y dos asistentes.
La jurista abandona el auditorio seguida por el Vicefiscal. Fotografía de AFP
“Las sentencias que ha sacado el Tribunal Supremo de Justicia son lamentables. No hace falta ser abogado para darse cuenta de que son acomodaticias y buscan favorecer una parcialidad política. No podemos seguir permitiendo eso”, afirmó un funcionario en las afueras del organismo.
Personal de la Fiscalía y reporteros se congregaron frente al acceso principal de la sede, en la avenida México de Caracas. La normalidad fue interrumpida por el estruendo de los aviones militares que practicaban maniobras para el desfile del 5 de julio, día de la Declaración de la Independencia venezolana, y el rumor de que Katherine Haringhton estaba en camino. La prensa se aferró a la hipótesis y se quedó a esperarla. “Es sólo una bola que anda corriendo”, dijo una abogada en la entrada del Ministerio Público. “Pero estamos aquí, pendientes para defender a mi doctora”.
Este artículo se publicó originalmente en ProDaVinci
