15 de junio 2017
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Este quince de junio empieza en Miami la Conferencia sobre prosperidad y seguridad para ‘arreglar Centroamérica’. La organiza el Ministerio de Gobernación estadounidense (Homeland Security) y es la redefinición de Trump de la agenda para Centroamérica, que antes era Plan para la prosperidad y ahora es seguridad y prosperidad.
Trump construirá una agenda una basada en 1) la línea militar, 2) la lucha contra las drogas y 3) la lucha contra las maras.
Y tirará por la borda la agenda de 1) la lucha contra la corrupción y la impunidad, 2) por modelos de prosperidad más justos y 3) el respeto a los derechos humanos.
Un artículo en inglés de la periodista Nina Lakhlani en The Guardian lo explica de una manera muy completa.
Trump comisionó a John Kelly, el general que dirigió el Comando Sur estadounidense hasta 2016 para ser no solo su Ministro de Gobernación (Homeland Security) sino para dirigir la política exterior con México y Centroamérica. El funcionario que debería asegurarse que no hayan ataques terroristas en Estados Unidos tiene como primera prioridad frenar la migración de mexicanos y centroamericanos. Así lo resumió en su intervención en el gabinete más lambiscón en la historia de Estados Unidos. Puede escucharse en inglés en el minuto 3:18.
La fórmula militar-antidroga-antimaras no es nueva. Y cada vez que se aplica es un fracaso.
El salvadoreño Joaquín Villalobos, exguerrillero, ahora asesor de gobiernos conservadores y profesor en Oxford, resumió cómo esa política estadounidenses vaticinan que el gobierno de Trump será un infierno para los centroamericanos. Lo publicó en la revista mexicana Nexos el 1 de enero de 2017.
Recordó cómo la política militar-antidroga-antimaras la institucionalizó Ronald Reagan (1981-1988) y sólo trajo más violencia y pobreza para Centroamérica. La siguió George Bush papá (1989-1992) y la matizó Bill Clinton (1993-2001) con el apoyo a la firma de la paz y los derechos humanos. Y George Bush (2001-2008) la retomó para aportar a que Centroamérica se convirtiera en la región más violenta del planeta.
Aquí lo resumimos en dos minutos:
¿Cómo se traduce esa política militar-antidroga-antimaras en nuestro Istmo? En una licencia para que militares, policías y agentes de la DEA maten a cualquiera que parezca sospechoso de ser ladrón, narco o pandillero. Aquí, un ejemplo de cómo la DEA negó haber cometido varias masacres de civiles en 2012 en Honduras, pero luego el periodista Alberto Arce y fiscales de Estados Unidos demostraron que sí fueron los responsables. Y ayer publicó el medio ProPública (ganador de premios Pulitzer) otra investigación de cómo la DEA fue la responsable de desencadenar una masacre en México en 2011.
La única alternativa es la lucha contra la impunidad, por la justicia
Ahora todos estamos escandalizados porque Estados Unidos quiere extraditar a la exvicepresidenta Roxana Baldetti porque la acusa de cooperar con los zetas (que es probable que así haya sido y hay que juzgarla después de que cumpla su juicio y probable condena en Guatemala por corrupción). Estamos escandalizados pero todos olvidamos cuando hace 6 años, en 2011, le pregunté en una entrevista al entonces candidato Otto Pérez Molina que por qué había propuesto a un narco como candidato a diputado mientras estaba en una reunión con la cúpula de la alianza de Óscar Berger en 2007. Y todos olvidamos que un cable de la misma embajada estadounidense publicado por WikiLeaks reportó que Pérez Molina reconoció que sí, que había propuesto a un Mendoza para candidato a diputado por la Gana en Izabal. La mayor parte de la familia Mendoza está tras las rejas gracias a la CICIG y al MP.
Los únicos que sí han querido acabar con los cárteles en Guatemala han sido los que sí quieren luchar contra la impunidad. ¿Quiénes? Una tal señora que se llama Gloria Porras, que ahora es la magistrada de la Corte de Constitucionalidad más odiada por los conservadores. Ella, en 2008, era la número dos del Ministerio Público y fue la que ordenó y logró que se empezaran las capturas de narcos. La siguió, con igual valentía, la fiscal Claudia Paz y Paz entre 2010 y 2014: 19 capos capturados. La sigue, con valentía también, la fiscal Thelma Aldana. Y el primer ministro en enfrentar directamente a los narcos fue el último cartucho de Álvaro Colom: un experiodista que se llama Carlos Menocal. Ellas, él y sus equipos en el MP y Gobernación fueron las instituciones guatemaltecas claves para la lucha contra la impunidad, mucho más efectiva para bajar el narco y la violencia.
Se escribe fácil, pero muchos de estos fiscales, policías y jueces (como Yasmín Barrios, por ejemplo) han arriesgado su vida para luchar contra organizaciones criminales como los zetas. Sirva este texto para recordar a fiscales como Allan Stowlinsky u operadores aéreos como José Méndez, que fueron asesinados por narcos en el cumplimiento de sus trabajos por Guatemala.
Y si la fórmula militar-‘antidroga’-antimaras que se sigue aplicando en El Salvador y Honduras y solo provoca más violencia, más injusticia, más impunidad y más migraciones, ¿cómo a nadie se le ocurrió cambiar esa política en Guatemala? Ah, pues sí. El Ministerio Público empezó a jugar un papel clave por sus fiscales y porque un grupo de mujeres activistas guatemaltecas se trazaron un objetivo: luchar contra la impunidad. Buscaron aliados en el Estado y fueron a llamar a Naciones Unidas, a los europeos y a aliados estadounidenses para crear la CICIG y fortalecer al Ministerio Público.
Uno de los resultados: 40% menos de asesinatos entre 2009 y 2017 en Guatemala mientras suben en todo el vecindario: Honduras, El Salvador, Belice, el Sur de México. Honduras y El Salvador tienen casi 4 veces más asesinatos que Guatemala. Otro resultado: empezar a limpiar el Estado de mafias corruptas y meter a decenas de funcionarios por casos de corrupción.
¿Y creen ustedes que el Gobierno de Guatemala va a llevar al Ministerio Público o a la CICIG a Miami para que le digamos a Washingon que tenemos una fórmula ganadora?
No.
¿Que el sector privado que va a asistir a Miami tiene un consenso para pedir más apoyo a la CICIG y que se replique en Honduras y El Salvador para que bajen los índices de violencia y corrupción?
No.
¿Va alguien a decir que Guatemala es un ejemplo mundial contra la corrupción por lo que hicimos en 2015 y 2016 de encarcelar a casi un gobierno entero y sus financistas?
¿Que estamos persiguiendo a evasores fiscales y seguimos desmantelando mafias desde Gobernación?
¿Que necesitamos crear oportunidades pero sobretodo fortalecer los derechos laborales, ambientales, de los indígenas o de las mujeres para que los centroamericanos y las centroamericanas se beneficien más de esas oportunidades y dejen de migrar?
¿Que necesitamos inversiones de calidad para mejorar nuestra economía?
¿Que bienvenida la cooperación y que pagaremos más impuestos para construir bienes públicos?
¿Qué preferimos construir prosperidad con los diplomáticos estadounidenses del Departamento de Estado o con los congresistas, y no con los militares y la DEA?
¿Que Estados Unidos y México dejen de considerar a los migrantes centroamericanos como terroristas y los vean como trabajadores y seres humanos que son?
¿Que la amenaza del muro de Trump no funciona y en mayo subieron en un 26% los migrantes detenidos en la frontera porque ya empezaron a migrar de nuevo?
¿Que no queremos regresar a la fracasada fórmula militar-‘antidrogas’-antimaras?
No. Los Gobiernos y la mayoría de empresarios que los acompañarán en Miami no van a pedir estas alternativas.
Así que nada, tendremos que buscar alternativas para boicotear a Trump y las políticas fracasadas que quiere para Centroamérica.
En su país, los ciudadanos, las ciudadanas, los medios, algunos grandes empresarios, los jueces, los directores del FBI, los senadores y los gobernadores ya lo están boicoteando. En Europa, la alemana Merkel y el francés Macron. En Guatemala nos costó mucho revertir la fórmula fracasada y construir la fórmula de la lucha contra la impunidad como para rendirnos. Ahora ya sólo nos toca defenderla.
*Este artículo se publicó originalmente en Nómada.
