Una vez más, "Nica Act"

Un grupo de 25 congresistas norteamericanos, republicanos y demócratas, introdujeron al Congreso de su país un renovado proyecto de Ley orientado a ¨oponerse a los préstamos de instituciones financieras al Gobierno de Nicaragua a menos que el Gobierno de Nicaragua esté tomando medidas eficaces para celebrar elecciones libres, justas y transparentes y para otros fines¨.

Estos ¨otros fines¨ incluyen medidas para prevenir y combatir la corrupción, asegurar la transparencia fiscal y la protección a representantes de Organismos No Gubernamentales (ONG), la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición.

Una versión anterior fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes en septiembre del 2016, y presentada ante el Senado, pero no logró ser discutida antes de concluir el período legislativo 2016.

Como antecedente, ya en Noviembre y Diciembre de 2016 el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pospuso la consideración de un préstamo de políticas por US$ 65 Millones a Nicaragua ¨debido a los esfuerzos de la misión de Estados Unidos que expresó su profunda preocupación de la falta de transparencia, la corrupción sistémica y la falta de elecciones libres y justas en Nicaragua¨.

Aún falta por ver si este proyecto de ley será discutido y aprobado por ambas Cámaras del Congreso, y de serlo, el proyecto establece una serie de procedimientos para que la oposición norteamericana a la aprobación de nuevos préstamos por parte de los organismos financieros internacionales entre en vigor.

Más aún, el proyecto de ley se refiere a la aprobación de nuevos préstamos, pero se conoció que a Septiembre de 2016 el BID ya había aprobado alrededor de US$ 800 Millones, los cuales estarían pendientes de desembolsar y teoricamente no se verían fectados por esta ley

Los préstamos de los organismos financieros son la principal fuente de financiamiento del Programa de Inversión Pública (aunque los préstamos de política se destinan principalmente al repago de la deuda interna y la acumulación de reservas internacionales).

Lo expuesto anteriormente significa que el efecto de la nueva versión de la Nica Act sobre el financiamiento del Programa de Inversión Publica no sería inmediato, ni directo.

Pero, como escribimos en Septiembre de 2016, ¨el efecto sobre nuestra economía podría ser más drástico e inmediato que hasta cuando llegue el momento futuro cuando el voto negativo norteamericano congele la aprobación de nuevos préstamos. Si uno analiza las cifras, se encontrará que en todos los casos el componente más volátil de la demanda agregada en una economía es la inversión del capital privado, doméstico y extranjero.

Con total seguridad, una situación de drástico endurecimiento de la política de la mayor potencia del mundo respecto a Nicaragua incrementará de manera muy acentuada los niveles de incertidumbre sobre nuestra economía. Cuando la incertidumbre en un país es muy alta, los inversionistas, en vez de inmovilizar su capital por tiempo indefinido en el mismo, normalmente detienen sus inversiones y adoptan una posición de “esperar para ver qué pasa”, hasta que finalmente el panorama termine de despejarse. Esto es lo que normalmente provoca una caída económica¨.

En efecto, examinemos las cifras. En el año 2009 se esperaba que el principal efecto de la crisis económica internacional se expresaría, ante todo, por una caída en las exportaciones, debido a las menores ventas a nuestros principales socios comerciales que estaban experimentando recesión, y en el consumo privado, esto último debido a la caída esperada en las remesas familiares como consecuencia del aumento del desempleo latino en los EEUU.

Sin embargo, pese al impacto de la crisis, el consumo privado creció en 1.2% en 2009 y las exportaciones lograron crecer en 0.8%. Lo que explicó la caída del PIB en -2.8% no fue, por tanto, ni la caída en las exportaciones o el consumo privado, sino, ante todo, la fortísima caída del -37.2% en la inversión privada, tanto doméstica como extranjera, como resultado, principalmente, de la enorme incertidumbre generada por la crisis, que fue caracterizada como la peor recesión desde los años 30.

De hecho, las agencias calificadoras de riesgo ya han apuntado a que una de las principales fuentes de riesgo – en realidad, aquí cabe hablar de incertidumbre, más que de riesgo – que enfrenta la economía nicaragüense, es la denominada Nica Act. Como se ha dicho, el principal efecto, en un relativo corto plazo, no sería el efecto inmediato sobre el Programa de Inversión Pública, sino sobre las expectativas (los ¨animal spirits¨ para usar la expresión de Keynes) de los inversionistas.

Esta noticia llega en un momento en que parecen asomar tendencias a que el ciclo económico se está debilitando. Aunque existe cada vez menos acceso a la información, la que se encuentra disponible apunta a una caída de la construcción privada a lo largo de 5 trimestres consecutivos ya, lo que produjo una caida acumulada de 6.7% de esta variable a lo largo de 2016.

Diferentes reportes también indican que en el II Semestre de 2016 se produjo la desaceleración, y actualmente, al parecer, está produciéndose la caída, en las ventas de los productos que estuvieron en gran medida detrás del auge del consumo en el I Semestre de 2016. Quizá esto es lo que refleja la desaceleración en la recaudación tributaria, principalmente en los impuestos al consumo, en el II Semestre de 2016.

Por otra parte, en 2016 las Reservas Internacionales Netas Ajustadas cayeron en US$ 95.4 Millones en 2016, aunque la caída estuvo atenuada por la transferencia del Sistema Financiero al Banco Central de parte de recursos de caja y del incremento del sobre-encaje de sus depósitos en moneda local en los últimos días del año. La caída en las reservas refleja, en gran medida, el hecho de que la mitad de la factura petrolera con Venezuela, la que no asume la forma de crédito, ahora se debe pagar en divisas liquidas – antes se cubría con productos comprados con los fondos resultantes de la propia comercialización de los hidrocarburos importados de ese país -, y que ahora un mayor porcentaje de dicha factura se debe importar de terceros países (también en divisas liquidas).

El préstamo de políticas del BID por US$ 65 Millones, cuya consideración fue pospuesta en Noviembre-Diciembre de 2016, tenía como propósito, con total seguridad, evitar que continuase la caída de reservas internacionales, y lograr el incremento de estas. En su ausencia, la única manera en que puede evitarse la continuidad de esta caída, es mediante la desaceleración y eventual contracción de la liquidez interna - y la desaceleración de la liquidez parece estar ocurriendo.

Por otra parte, el rápido deterioro de las finanzas del INSS apunta a un progresivo de las finanzas públicas, y a corto plazo dicho deterioro solo parece que podría ser enfrentado mediante medidas restrictivas y reformas altamente dolorosas e impopulares.

Si la introducción de esta nueva versión del Nica-Act al Congreso, y su eventual aprobación, generan los resultados que pueden esperarse sobre la inversión pública y privada, esto podría generar una aceleración de las tendencias descritas.

Si el Gobierno opta por preservar el actual marco de políticas macroeconómicas, ello implicaría que, para mantener las reservas y evitar un mayor deterioro de la posición fiscal, debería recurrir a una mayor contracción de la liquidez y a medidas fiscales restrictivas que acelerarían la desaceleración y se podrían traducir en contracción económica.

El Gobierno ha contado, hasta ahora, como principal colchón amortiguador frente a un eventual choque externo negativo, con el famoso ¨préstamo de contingencia¨ de US$ 200 Millones aprobado por el BCIE en 2009 y renovado desde entonces. Podría desembolsarlo para amortiguar los impactos probables de la Nica Act, y para que las medidas a adoptar no sean tan fuertes, pero esto solo sería un expediente temporal (aquí se asume que EEUU no usan su influencia para bloquear el desembolso de este préstamo, lo que implicaría que las relaciones con este país habrían empeorado considerablemente).

Si, por el contrario, para contrarrestar las tendencias a la desaceleración o eventualmente recesivas, el gobierno consiente en una mayor caída en las reservas y en una ampliación del desequilibrio fiscal, esto deterioraría la ¨calificación de riesgo¨ del país, y podría empeorar la percepción de los inversionistas.