Libertad de expresión bajo fuego

Quien habla de prensa mentirosa golpe a la democracia.
Da igual si se trata de Donald Trump o de Pegida
Martin Schulz. Líder del PSD Alemán

¿Cómo percibirán el estado de la libertad de expresión en el mundo, que representantes de cuatro organizaciones vigilantes de su buena salud, firmaron una declaración conjunta para contener la avalancha en su contra? Los relatores especiales para la libertad de opinión y de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos (OEA), la representante para la libertad de los medios de comunicación de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) y la relatora especial sobre libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADPH), adoptaron en Viena, el pasado 3 de marzo, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda. Con su pronunciamiento buscan frenar la desinformación y propaganda, evitar daños a la reputación y privacidad de las personas, detener la discriminación hacia determinados grupos y que las autoridades se abstengan de denigrar, intimidar y amenazar a los medios, argumentando que estos son la oposición, mienten y tienen una agenda política encubierta. ¿Trump, no es así?

La declaración sale en el momento que las alarmas se han encendido y las preocupaciones se han disparado. Tratan de contener el asedio contra medios y periodistas. La gravedad impone cuestionar las manifestaciones de hostilidad contra la prensa. El contenido de la declaración amerita una discusión amplia en Nicaragua. Las organizaciones gremiales deberían debatir su contenido. Su difusión a través de medios escritos, radiales, televisivos y páginas web, se vuelve apremiante. La academia está obligada a discutir y apropiarse de los alcances de un documento que resulta clave en el proceso de formación de su alumnado. Las escuelas y carreras de comunicación deben ser las primeras en animar el debate. Los intentos por suprimir el disenso se han multiplicado. Empresas y gobiernos mantienen su pretensión de cooptar y someter a la prensa. El documento incluye a las empresas prestatarias de los servicios de internet; la sociedad civil es invitada a generar iniciativas para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda y generar consciencia sobre estas cuestiones.

Los principios generales instituyen que los Estados únicamente podrán establecer restricciones al derecho de libertad de expresión, cuando alcancen intereses legítimos reconocidos en el derecho internacional y resulten proporcionales y necesarios para proteger ese interés. Se manifiestan contra la apología al odio y la incitación a la violencia, discriminación y hostilidad. Migrantes e indocumentados siguen generando olas xenófobas en Europa y Estados Unidos. El bloqueo de sitios web, direcciones IP, puertos o protocolos de redes dispuestos por el Estado, resulta una medida extrema que solo podrá estar justificada cuando se estipule por ley y resulte necesaria para proteger derechos humanos o interés público legítimo. La libertad de expresión se aplica sin consideración de fronteras y la cancelación de derechos de retrasmisión relativos a programas de radiales, solo será legítimo cuando un tribunal de justicia u otro órgano de supervisión independiente —autorizado e imparcial— determine que dicho contenido comporta una grave violación a intereses legítimos establecidos en el derecho internacional y son pertinentes para proteger ese interés. Trata de obligar a los Estados a que respeten las normas jurídicas y ajusten su conducta a las leyes existentes.

El acápite correspondiente a los estándares sobre desinformación y propaganda, deja sentada la prohibición de los actores estatales de no efectuar, avalar, fomentar, ni difundir declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas (desinformación) o que muestren menosprecio manifiesto por la información verificable. La redacción pareciera tener nombre y apellido. Nunca como ahora el gobierno presidido por Donald Trump, se ha empecinado en publicar noticias falsas, en insistir en difundirlas, a sabiendas que están reñidas con la realidad. Invita a los actores estatales —en consonancia con sus obligaciones nacionales e internacionales— a difundir información confiable y fidedigna, incluyendo temas de interés público: economía, salud pública, seguridad y medioambiente. En el acápite referido a la necesidad de crear un entorno propicio para la libertad de expresión, las disposiciones  —por su significado trascendente— constituyen un llamado a gobiernos, medios, periodistas, sociedad civil, partidos políticos, para respetar y propiciar su existencia. La visión de quienes concibieron la declaración resulta pertinente. Engloba a toda la sociedad.

En Nicaragua el Estado debería asumir las recomendaciones sobre libertad de expresión. En un contexto signado por la concentración, resulta urgente promover un entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso, incluida la diversidad de medios, indispensable para abordar la desinformación y propaganda. Una petición que tenemos años de venir formulando. Se torna conveniente —dada la necesidad de una nueva ley de telecomunicaciones y ante el sometimiento histórico de Telcor a los intereses del poder Ejecutivo— adoptar un marco regulatorio claro para las emisoras de radiodifusión, supervisado por un órgano exento de injerencias o presiones políticas y comerciales, que promueva la libertad, la independencia y la diversidad del sector. Telcor actúa como apéndice del Ejecutivo. La recomendación de asegurar la existencia de medios públicos sólidos, independientes y recursos suficientes, continúa siendo asignatura pendiente. El Estado debe adoptar la promoción de la diversidad de medios. Un desafío ineludible en un entorno donde prevalece la concentración y falta de transparencia. La Ley de Acceso a la Información Pública da la impresión que no existe.

Sugieren promover la diversidad mediante subsidios u otras formas de asistencia financiera o técnica para la producción de contenidos de medios con diversidad y calidad. ¿Cómo aclimatar esta idea dentro de una cultura orientada a percibir al otro como enemigo? ¿De qué manera convencer a los gobernantes, que un contexto democrático —para ser verdadero— reclama diversidad de medios y opiniones? En un país con bajos índices de tolerancia de todos los sectores, resulta conveniente abrir espacio al otro. Cómo hacer para que la clase política entienda la obligación de emitir normas que prohíban la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación. Mientras prevalezca el actual esquema de propiedad  —la televisión en VHF es acaparada por solo dos dueños— y continúe haciéndose caso omiso a la prohibición constitucional de evitar la concentración mediática (Artículo 68) en manos de nacionales y extranjeros, los directivos del ente regulador seguirán favoreciendo los intereses de quienes los pusieron en el cargo. Telcor debe funcionar como un ente autónomo, lejos de las acechanzas del Ejecutivo. Una recomendación crucial en Nicaragua es el establecimiento de normas que exijan transparencia… con respecto a las estructuras de propiedad de los medios.

El abuso sistemático del empresario Ángel González de recurrir a prestanombres y la aceptación pusilánime de Telcor, vuelven difícil —cuando no imposible— saber quiénes son los dueños de radios y estaciones televisivas. Ni Telcor ni González parecieran dispuestos a cambiar de actitud. El ente regulador se ha confabulado para no atender las solicitudes de expertos y estudiosos, demandando nombres de propietarios de las estaciones radiales y televisivas. La concentración continúa sin que sepamos a cuánto ascienden el número de estaciones radiales y televisivas de las que son propietarios González y la familia presidencial. La connivencia de Telcor resulta nociva para los intereses nacionales. El penúltimo acápite de la declaración marca el papel que deben jugar los intermediarios (empresas como Google, Yahoo, Facebook, Instagram, etc.) en restringir contenidos de terceros que excedan lo establecido legalmente. Sugiere adoptar medidas para que los usuarios verifiquen y revisen modelos de publicidad que no lesionen la diversidad de opiniones e ideas. Un campo donde las opciones están restringidas.

En relación a periodistas y medios de comunicación, proponen apoyar sistemas efectivos de autorregulación. En Nicaragua la autorregulación —debería ser el camino indicado— no funciona. Los canales 8 y 10 —a través de sus noticieros Crónica TN 8 y Acción 10—  han sido impermeables a reclamos sobre violaciones de derechos humanos. Las exigencias de asumir políticas informativas respetuosas son pasadas por alto. La infamante nota roja solo alcanza a pobres y desvalidos. Los especialistas proponen la creación de ombudsman, y ejercitar el derecho a la rectificación y/o réplica (está establecida en la legislación nicaragüense, Art 68 Cn). Los relatores de la ONU, OEA, OSCE y CADHP hacen eco a las propuestas de distintos expertos (Giovanni Sartori y Umberto Eco), de evaluar la posibilidad de ofrecer una cobertura crítica de la desinformación y propaganda como parte de su servicio de noticias, congruente con el papel de vigilancia que desempeñan los medios. La declaración merece ser acogida. La libertad de expresión está amenazada. El momento exige firmeza. ¡Políticos y empresarios no tienen derechos exclusivos en materia tan sensible como la libertad de expresión!