26 de marzo 2017
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Las pérdidas de energía eléctrica en Nicaragua casi alcanzan el 25%, la mayoría de ellas durante la distribución del servicio, cuando la media internacional aceptada es del 7 u 8 por ciento, aseguró el presidente saliente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo. El costo de estas pérdidas, que fácilmente supera los 110 millones de dólares, se traslada a los consumidores en la factura del servicio eléctrico, que luego de Semana Santa podría “subir o bajar”, según el INE.
Castillo rindió este jueves un informe de su gestión ante la Asamblea Nacional, a una semana de su cesión en el cargo que ha ocupado por más de doce años, y al cual renunció a principios de marzo argumentando motivos personales.
En Centroamérica, el promedio de pérdidas de energía eléctrica es de 15%, y quien menos pierde es Costa Rica, con un cálculo del 11%.
La energía eléctrica generada se pierde por la distribución a través de líneas obsoletas o defectuosas o por robo de energía. En Nicaragua, se estima que el 94% de las pérdidas ocurren en la distribución, a cargo DisNorte-DisSur, del consorcio español TSK-Melfosur
En enero, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó un préstamo de 163.5 millones de dólares para mejorar la red de distribución eléctrica y reducir las pérdidas del 25 al 18.7 por ciento, que permitiría un ahorro de 96 millones de dólares, que según la Empresa Nicaragüense de Electricidad (Enel) se trasladaría a la tarifa.
Ante la Asamblea Nacional, Castillo afirmó que después de Semana Santa se deberá valorar si la tarifa de energía eléctrica bajará o subirá, según la tendencia esperada en el precio del petróleo.
La semana pasada, una fuente gubernamental reveló a Confidencial que el Poder Ejecutivo prepara un incremento del 5% a la tarifa, para “adaptarse a los ajustes en el precio del petróleo”, y como parte de la actualización del pliego tarifario, previsto para discutirse, aprobarse e implementarse a lo largo del presente año.
Castillo también planteó una revisión de la política de subsidios a la tarifa de energía que beneficia a los consumidores de menos de 150 kilovatios hora al mes. Según Castillo, el subsidio presiona las finanzas públicas y a los consumidores que aportan para mantenerlo.
En 2016, dijo, se destinaron para al subsidio 75 millones de dólares del Presupuesto General de la República, más 66 millones de dólares del subsidio indirecto de los consumidores por encima de los 150 kilovatios, para un total de 125 millones de dólares.
