18 de marzo 2017
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La libertad de expresión en Nicaragua está bajo la amenaza de “un sistema oficial de intimidación” y su “deplorable” estado debería incluirse en la agenda del diálogo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega, sostuvieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tres organizaciones nacionales en una audiencia temática sobre el estado de la libertad de expresión, medios de comunicación y acceso a la información en el país,este sábado, en Washington.
Durante el 161 Período Ordinario de Sesiones, las organizaciones denunciaron que este sistema de intimidación se basa en cinco factores: 1) agresiones físicas, bloqueo oficial, intimidación, acoso y espionaje, contra los medios de comunicación independientes; 2) la concentración en la propiedad y el control de los medios de televisión y radio; 3) el uso de la publicidad estatal para otorgar premios y castigos a los medios de comunicación; 4) la sistemática violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, y 5) las prácticas de represión e intimidación contra la población que restringen la libertad de opinión.
“A diferencia de otros países de la región, en que el mayor peligro contra la libertad de expresión es la eliminación física de los periodistas, en Nicaragua la amenaza inmediata radica en un sistema oficial de intimidación para restringir la libertad de información y provocar la autocensura”, alertaron el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Las organizaciones también detallaron un conjunto de peticiones orientadas a que la Comisión inste al Estado de Nicaragua en el respeto y garantía de estas libertades vulneradas durante la última década.
Piden visita de la CIDH
Las organizaciones reiteraron la solicitud de que la CIDH visite el país “para investigar las violaciones a la libertad de expresión que contravienen los principios de la Carta Democrática Interamericana”.
Además, solicitaron a la Comisión que incluya en su próxima relatoría las “violaciones recurrentes” a la libertad de expresión, falta de acceso a la información pública y la “persecución” a las defensoras de derechos humanos en Nicaragua.
Igualmente, añadieron, “solicitamos a la honorable Comisión que Nicaragua sea incluida en el Capítulo IV del Informe Anual de la CIDH por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua donde el ejercicio del periodismo está sujeto a demasiadas condicionalidades, no se garantiza a los y las periodistas independientes su derecho a expresarse e informar; y a los defensores y defensoras su ‘derecho humano a defender derechos’, sin riesgos, amenazas e intimidaciones”.
Exponen deterioro democrático
En compañía del Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional (Cejil), las organizaciones recordaron que durante la década en que el comandante Ortega y el Frente Sandinista han gobernado, ya han expuesto las “reiteradas violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
“En un régimen que ha demolido el Estado de Derecho y por lo tanto la protección legal a la libertad de información y de opinión, la libertad de expresión solo puede ejercerse enfrentando las represalias que se originan desde el poder. Ese es el caso de Nicaragua. La libertad de expresión se encuentra amenazada y bajo asedio por la intolerancia oficial, y sobrevive por la resistencia de la prensa independiente, la sociedad civil democrática, y los defensores de derechos humanos”, reiteraron.
El Cenidh, Cinco y la FVBCh expusieron la sujeción partidaria del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional y la promoción de leyes como la de Seguridad Soberana que, subrayaron, “criminaliza la protesta social, mientras se tolera la existencia de fuerzas de choque progubernamentales, institucionalizando actos de intimidación estatal y represión que atentan contra los principios de libertad de expresión”.
Monólogo oficial
Las organizaciones coincidieron en que desde el regreso de Ortega al poder “se estableció una política de bloqueo al flujo y libre acceso a la información”, en clara violación a los derechos y garantías establecidas en la Constitución Política nicaragüense.
Además, advierten que de forma sistemática se ha intentado imponer un “monólogo oficial”, que incluye impedir el acceso de la prensa independiente a la información pública y agresiones directas e indirectas para “callar a la prensa y fomentar la autocensura”.
Sobre todo, las organizaciones reclaman que “los agresores, en la mayoría de los casos asociados a grupos paramilitares oficiales, y también a la Policía Nacional, nunca han sido investigados o detenidos”.
Además, recordaron el acoso, intimidación y espionaje político, como el denunciado por Confidencial en octubre de 2016, cuando miembros del Ejército de Nicaragua intentaron tomar el control de la seguridad del sistema informático de este medio.
En 2013, La Prensa y Confidencial ya habían denunciado labores de espionaje contra sus periodistas, “que las autoridades se negaron a investigar, aduciendo que la institución militar ‘no realiza labores de espionaje político’”.
Duopolio de radio y televisión
En la audiencia ante la CIDH, las organizaciones contrastaron que en lugar de que el Estado de Nicaragua vigile que los medios de comunicación “no sean sometidos a intereses extranjeros o al monopolio económico de algún grupo”, tal como manda el artículo 68 de la Constitución Política, el régimen de Ortega ha propiciado en su lugar que al menos diez canales de la televisión abierta y casi treinta radios nacionales estén en manos de dos grupos económicos: la familia presidencial, representada en siete de los ocho hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el empresario mexicano Ángel González.
“La existencia del duopolio televisivo restringe las posibilidades de expresarse de los nicaragüenses y de recibir información. La característica dominante de los canales de la familia Ortega-Murillo y del empresario González, es que se dedican exclusivamente a difundir la propaganda y el monólogo oficial, así como periodismo amarillista de nota roja y entretenimiento banal, anulando el principio de pluralidad de las fuentes informativas y la posibilidad de propiciar el debate público”, criticaron.
Publicidad premio-castigo
Desde su primer año de gobierno, Ortega ha usado la publicidad estatal para otorgar premios o castigos a los medios de comunicación. Las organizaciones sostuvieron que “la publicidad estatal se asigna sin regulación o transparencia, siguiendo únicamente un criterio de discriminación hacia los medios independientes, y de premio ventajoso para los que son propiedad de la familia presidencial”. En consecuencia, extinguen o asfixian pequeños medios o espacios de comunicación.
Las organizaciones citaron que de acuerdo con un monitoreo del gasto publicitario, en 2016 las instituciones estatales invirtieron 16.2 millones de dólares en publicidad, destinados exclusivamente a financiar a medios de la familia presidencial o afines.
Se premia el hermetismo
También a diez años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 621), las organizaciones valoraron que su “aplicación ha sido nula por la falta de voluntad política del Ejecutivo, sin que se apliquen sanciones y medidas correctivas, debido a la ausencia de un poder judicial independiente”.
Las organizaciones precisaron que durante esta década, periodistas y medios de comunicación independientes (Confidencial, La Prensa y Esta Semana) “han presentado más de cincuenta peticiones de información a entidades del Poder Ejecutivo utilizando la Ley”, pero solo una de estas ha sido atendida.
“En ninguno de estos casos, los funcionarios públicos que denegaron la información, fueron obligados a cumplir de acuerdo con la ley, o fueron sancionados”, reclamaron.
Un monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro también reveló que de 218 instituciones (incluidos gobiernos municipales y regionales, instituciones del Poder Ejecutivo y otros Poderes del Estado), solamente 32 tienen una Oficina de Acceso a la Información Pública (OAIP), que equivale a “un reducido 15 % de cumplimiento”. Además, algunas de estas han sido “desvirtuadas” de su naturaleza y reducidas a oficinas de prensa y relaciones públicas.
Detallaron que hasta la fecha “ninguna institución estatal ha realizado campañas publicitarias para que la ciudadanía haga uso de la Ley” y todos los esfuerzos lo ha hecho la sociedad civil.
Uno de estos ejercicios fue la promoción de la plataforma digital www.derechoapreguntar.org que acumuló 143 solicitudes de acceso a información pública, de las cuales solamente treinta fueron respondidas (21% de cumplimiento).
Represión para intimidar a ciudadanos y defensores
Precisaron que en los últimos meses, el gobierno de Ortega ha incrementado su represión en contra de quienes exigen y defienden los derechos humanos.
Esa represión la han sufrido los campesinos que se oponen a la concesión del Canal Interoceánico, a quienes en dos ocasiones seguidas —octubre de 2015 y noviembre de 2016— les han impedido manifestarse en Managua.
El Cenidh, Cinco y la FVBCh coincidieron en que “el modelo de concentración del poder instalado rechaza la crítica y no reconoce el derecho de fiscalización e incidencia ante el quehacer gubernamental. Por ello —alertaron— ha promovido y mantiene un entorno hostil hacia la libre expresión por parte de defensores y defensoras de derechos humanos”.
El ataque más reciente lo ha recibido la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
En contra la defensora de derechos humanos se han promovido campañas de desprestigio, pero hace quince días el ataque escaló cuando la vicepresidenta Rosario Murillo divulgó en el medio oficial El 19 Digital, una carta firmada por las ministras y vice ministras de gobierno en reclamo por la nominación de Núñez para el premio internacional “Mujer de Coraje”, en la Embajada de los Estados Unidos en Managua.
Agregraron que “el mismo siete de marzo también fue amenazada de muerte a través de anónimos en las redes sociales la defensora de derechos humanos, Lottie Cunningham, por fuerzas oscuras que pretenden acallar su voz en defensa de los derechos propiedad comunal indígena el Caribe Norte”.
“Las amenazas dicen expresamente: ‘Y no queremos ver que crucen en nuestro camino, ahí sí, te vamos aniquilar, si quiere guerra, guerra tendrá. La guerra significa sangre”…“ya no vamos a permitir que hablen en contra del Frente (Frente Sandinista de Liberación Nacional). Una publicación más en LA PRENSA; radio o televisión, ya saben lo que va a pasar’”, citaron.
Las organizaciones estimaron que “la política de coerción e intimidación estatal amenaza la libertad de conciencia y la libertad de expresión de todos los ciudadanos, incluyendo los propios militantes del FSLN y los empleados públicos”, como los destituidos por asistir a un acto en el que también participó el escritor Sergio Ramírez, “estigmatizado por el gobierno como enemigo, por sus críticas al autoritarismo”.
El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal, “reconocido ampliamente por sus méritos éticos y literarios y crítico del régimen de Ortega”, también se declaró en febrero pasado un “perseguido político” de la “dictadura” de Ortega y Murillo.
Las organizaciones consideraron que “esta situación amenaza con agravarse aún más exponiendo las vidas e integridad física, la libertad y los derechos de quienes propugnamos porque se restablezca el Estado de Derecho y se respeten los derechos humanos”.
[destacado titulo="Peticiones a la Comisión Interamericana"]
*Cenidh, Cinco y FVBCh exponen peticiones urgentes para garantizar libertad de expresión y de prensa
Las organizaciones nicaragüenses expresaron en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se informe al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre el “deplorable” estado de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua.
El objetivo, explicaron, es que “estas violaciones sean consideradas en el proceso de conversaciones que la secretaría de la OEA lleva a cabo con el gobierno de Nicaragua, las que —alertaron— deben de orientarse al restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua”.
El diálogo Ortega-OEA ha dividido a la oposición inhabilitada para las votaciones nacionales de 2016, en las que Ortega se impuso a través de un sistema electoral colapsado y sin competencia ni observación para un tercer período presidencial consecutivo, ahora junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
Además, solicitaron a la CIDH que inste al Estado de Nicaragua, entre otras demandas, a: garantizar de inmediato el acceso sin exclusión a todas las fuentes de información pública, y adoptar “medidas efectivas” para proteger a los periodistas e investigar y sancionar las agresiones en su contra.
También exigieron cesar de inmediato las “campañas de injurias y persecución” en contra de las defensoras de derechos humanos Vilma Núñez (Cenidh) y Lottie Cunningham (Cejudhcan) y pidieron que la CIDH recuerde al Estado que “tiene el deber de proteger sus vidas, integridad física, psicológica, así como facilitar y reconocer su labor”.
En atención a las denuncias expresadas, las organizaciones también demandaron que el Estado garantice “criterios objetivos y justos, independientemente de la línea editorial de los medios de comunicación” para la asignación publicitaria; que implemente “medidas efectivas” para garantizar la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública y “sancione” a quienes la incumplan.
También reclamaron “despenalizar las injurias y calumnias, para que esos asuntos sean ventilados en la vía civil”.
E igualmente, sugirieron una ley de telecomunicaciones que “haga afectiva la prohibición expresa de la concentración de medios audiovisuales” y establezca un órgano independiente para regular la entrega de frecuencias radioeléctricas y reconozca el sistema de radio y televisión comunitaria.
